Reconocimiento

Los alarmantes índices de violencia contra las mujeres en América Latina pueden ser abrumadores y desesperanzadores. No obstante, al resaltar estrategias y acciones concretas y eficaces –lideradas por quienes son las más afectadas por esta violencia–, el libro Mujeres resistiendo la violencia desempeña un papel fundamental en la búsqueda de soluciones. Este es un valioso recurso para activistas, periodistas e investigadoras, y un poderoso registro de resistencia popular.

Silvia Viñas, productora ejecutiva y copresentadora del podcast El hilo de Radio Ambulante Estudios y VICE News

Latinoamérica es el continente con mayores índices de violencia contra las mujeres y las niñas, pero, a su vez, con una tremenda potencia para resistencias múltiples. Este libro demuestra una vez más la importancia de los lazos de sororidad entre feministas de la academia e indígenas feministas que proponen creativas formas de resistencia y teorización desde el sur. Como dice la canción: nos sembraron miedo, nos crecieron alas…

Rocío Silva Santisteban, poeta peruana, activista feminista, académica y excongresista

«El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas». Este libro muestra de forma muy completa cómo se lleva a la práctica esta consigna coreada por las mujeres latinoamericanas en las protestas de todo el continente. Desde las zonas rurales a las ciudades, en sus hogares o espacios íntimos e incluso por medio de sus propios cuerpos, vemos cómo las mujeres desatendidas por el Estado se unen para protegerse mutuamente de distintos tipos de violencias interseccionales de género.

Sus acciones incluyen movilizaciones masivas a favor del aborto y contra el feminicidio, la protección de las tierras indígenas y la naturaleza, el uso del arte para luchar por el cambio social, la creación de albergues para mujeres, aplicaciones móviles para hacer las ciudades más seguras y campañas a favor de las migrantes y las trabajadoras domésticas. Son actos de resistencia con los que las mujeres se enfrentan a la violencia sistémica y crean un mundo mejor y más seguro para todas, algo especialmente importante debido al aumento de las desigualdades provocadas por el covid-19.

Todas deberíamos leer este libro para recordar lo fuerte que es el enemigo y unirnos a la lucha desde nuestra propia posición y posibilidades (estemos donde estemos y en la medida de nuestras habilidades). Como leemos aquí, todo cuenta, incluso esperar a recibir un mensaje de que tu amiga llegó con bien a casa.

Catalina May, Las Raras podcast

Este libro altamente accesible se ocupa de uno de los problemas más importantes de América Latina en la actualidad y el futuro: la violencia contra las mujeres y las niñas. Su singularidad radica en poner en el centro la resistencia de las mujeres a la violencia, en lugar de las mujeres como víctimas de esta, en un contexto en el que la diversidad es clave, haciendo hincapié en las dimensiones interseccionales de las experiencias de las mujeres. El texto va acompañado de recuadros, ilustraciones y enlaces que enriquecen la lectura. Mujeres resistiendo la violencia es un texto fundamental tanto para tomadores de decisiones políticas, como para investigadores y estudiantes.

Caroline Moser, profesora emérita de la Universidad de Manchester y profesora honoraria de la University College de Londres

Mujeres resistiendo la violencia es una exploración única de las diferentes formas en que las mujeres se enfrentan a la violencia de género. El libro revisa una poderosa combinación de diferentes estrategias de resistencia en diversos contextos. Proporciona una excelente mirada del género y la interseccionalidad, incluyendo un análisis del impacto de la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus diversidades e impresionantes ejemplos en los que las diferentes formas de esta violencia tienen un impacto desproporcional sobre las mujeres indígenas, afrodescendientes, provenientes de zonas rurales o urbanas, migrantes y personas de la comunidad LGTBIQ+.

Erika McAslan Fraser, directora técnica del Ending Violence against Women and Children Helpdesk

La lucha de las organizaciones latinoamericanas para combatir la violencia de género es una historia heroica. Este libro es un magnífico resumen de los esfuerzos de base y es clave para entender cómo convertir los ideales de igualdad en políticas y acción. Una excelente lectura que permite conocer las dificultades, pasiones y experiencias de miles de activistas en América Latina. Sin importar donde vivas, estudies o ejerzas tu profesión, muchos de estos retos también resonarán con los tuyos.

Pamela Zaballa, directora general de NO MORE

Agradecimientos

El proyecto fue financiado por la Impact Acceleration Account (IAA) [Cuenta de Aceleración de Impacto] del Economic and Social Research Council (ESRC) [Consejo de Investigación Económica y Social] del King’s College de Londres. Este se tituló «Mujeres resistiendo las violencias de género interseccionales: desarrollo de una serie de podcast para compartir mejores prácticas e influir en la formulación de políticas públicas» como parte de una beca de políticas y prácticas otorgada en colaboración entre el King’s College (Cathy McIlwaine y Jelke Boesten) y el consejo del Latin America Bureau (LAB), con quienes estamos muy agradecidas. Además, recibimos apoyo del National Lottery Community Fund [Fondo Comunitario de la Lotería Nacional]. Agradecemos al consejo del LAB, especialmente a Mike Gatehouse, así como a Niall Sreenan del Instituto de Políticas del King’s College por facilitar este financiamiento.

Además de agradecer a las integrantes del Colectivo WRV, agradecemos a las siguientes colaboradoras, entrevistadas y voluntarias, cuyos aportes han sido esenciales para la creación del libro: a las entrevistadas Ana Laura Aquino, Marcelina Bautista, Mary Goldsmith (capítulo 2); Verónica Gago (capítulo 3); Jessica Acuña, Clara Merino (capítulo 4); Melissa Munz (capítulo 5) y Natalia Iguiñiz (capítulo 6).

Estamos agradecidas con quienes contribuyeron a la creación de la serie de artículos para el blog del sitio web del Colectivo Women Resisting Violence: Eva Alterman Blay, Fernanda Alvarez Piñeiro, Max Drabwell McIlwaine, Claudia Hasanbegovic, Elizabeth Jiménez-Yáñez, Tallulah Lines, Rosie Thornton, Natasha Tinsley, Stephanie Wallace y Alice Wright.

Por otra parte, damos gracias a las personas que participaron en el podcast: Jennifer Alexander, Claudia Alves, Stef Arreaga, Ella Barnes, Theodora Bradford, Carolina Cal Angrisani, Serena Assumpção, Alma Carballo, Vianney Claret Hernández Mejía, Ameno Cordóva, Eliane Correa, Cecilia Cruz, Morgan Fairless Brown, Michele Gandra, Gil García, Mayra Jiménez, Elizabeth Jiménez-Yáñez, Najlla Kay, Rebeca Lane, Julia Leal, Quimy de León, Esmeralda Lobos, Luciana Lopes, Gilberto Martins, Larisa Muñoz, Giselle Nirenberg, Jonathan Panta, Renata Peppl, Juliana Postico, Hebe Powell, Noelle Resende, Mariana Reyes, Cristina Reynoso López, Moniza Rizzini Ansari, Rafael Rocha, Ana Lucía Rojas, Eliana Sousa Silva, Natasha Tinsley, Uppbeat y Wara [ver el apéndice para más detalles].

La investigación analizada en el capítulo 5 sobre migración fue financiada por el ESRC (ES/N013247/1), la IAA del ESRC del King’s College, y por el Latin American Women’s Rights Service (LAWRS) [Servicio por los Derechos de las Mujeres Latinoamericanas] y la Lloyd’s Foundation. La investigación en la que se basó el capítulo 1 sobre la violencia urbana de género fue financiada por el ESRC (ES/N013247/1) y la British Academy y el Global Challenges Research Fund [Fondo de Investigación sobre Desafíos Globales](HDV190030). Estos proyectos se llevaron a cabo con diversos socios, como el Departamento de Geografía del King’s College, LAWRS, People’s Palace Projects, Queen Mary University of London, Redes da Maré, la Universidad Federal de Río de Janeiro, Migrants in Action, Museu da Pessoa y CASA Latin American Theatre Festival.

Gracias a los amigos del LAB por su apoyo.

Finalmente, gracias al Publication Subvention Fund de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas Públicas del King’s College por el apoyo económico para la traducción de este libro. Gracias a las traductoras Camila Vergara Ruiz, Elísabeth Frías, Javiera Menchaca Pardow, Mailén García, Mercy Sandoval, Patricia Muñoz Cabrera, Rocío Suárez López y a la editora, de esta edición en español, Alejandra Montes Escobar.

Introducción

Marilyn Thomson y Patricia Muñoz Cabrera
Traducido por Camila Vergara Ruiz

[Estamos] tejiendo saberes, construyendo saberes colectivos para transformar políticas y prácticas injustas.
Clara Merino (Fundación Luna Creciente, Ecuador)

América Latina tiene una de las tasas más altas de violencia de género y feminicidios del mundo, cifras que aumentaron y se intensificaron drásticamente durante la pandemia provocada por el covid-19. Aunque hay una vasta investigación sobre la naturaleza y las causas de este tipo de violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN), poco se ha explorado sobre los atrevidos proyectos que se han diseñado para abordarla. Poner en primer plano las voces de las que han sido afectadas por este tipo de violencia y que están transformando sus comunidades es el objetivo central de nuestro Colectivo Women Resisting Violence (WRV), que busca aprender de estas acciones innovadoras.

El libro Mujeres resistiendo la violencia está estructurado en seis capítulos. El capítulo 1 trata sobre la manera como las mujeres en los márgenes de las ciudades interactúan a diario con la violencia urbana, cómo esta las afecta y las estrategias de resistencia a corto y largo plazo que desarrollan para enfrentarla. El capítulo 2 aborda la violencia y la discriminación que padecen las trabajadoras del hogar, como también los logros de las organizaciones que las mismas han creado y su transformación en activistas que defienden sus derechos y se convierten en actoras en el ámbito político internacional. El capítulo 3 muestra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dando cuenta de las luchas y las conquistas del movimiento feminista para que las mujeres decidan sobre sus propias vidas, a pesar de las reacciones de los movimientos conservadores y los retos que aún se deben afrontar en la región.

El capítulo 4 presenta a las lideresas y activistas por la defensa de la tierra y los territorios, sus procesos de resistencia frente a las empresas del agronegocio y de la industria extractiva, los impactos del acaparamiento de tierras y los monocultivos, y también la manera como la sostenibilidad medioambiental y el cuidado de la naturaleza forman parte de las ideas del sumak kawsay o buen vivir. El capítulo 5 analiza cómo las mujeres migrantes latinoamericanas afrontan la violencia y la exclusión; por medio de iniciativas coordinadas por organizaciones de migrantes y de derechos de las mujeres, vemos cómo exigen un mayor reconocimiento de sus necesidades para influir en la formulación de políticas que las protejan. Por último, el capítulo 6 se centra en los actos de memorialización, resiliencia y conmemoración de las mujeres por medio del artivismo, cómo resisten y protestan frente a la impunidad y las violencias institucional, militar o de género a las que han sido históricamente sometidas.

Debido a la complejidad de los problemas que engloba la VCMN, se requiere de una amplia gama de respuestas y acciones políticas para poder proteger a las mujeres y las niñas de las diferentes formas de abuso y violencia contra ellas. Por eso en este libro resaltamos la importancia de presentar algunas de las estrategias, las campañas y las actividades inspiradoras e innovadoras que las mujeres han emprendido para resistir los tipos de violencia en diferentes países latinoamericanos y dentro de la diáspora en el Reino Unido. También examinamos las acciones exitosas de organizaciones de mujeres que abordan la VCMN en el ámbito político.

Los estudios de caso presentados en este libro ponen en evidencia finalmente no solo la magnitud de la VCMN en la región, sino también cómo en casos de violencia militarizada, institucional o corporativa, frente al poder violento del Estado, la violencia machista dentro del hogar o en los espacios públicos las mujeres se movilizan de manera colectiva para exigir justicia. Estas acciones y estrategias merecen ser difundidas hasta que haya una transformación política suficiente que erradique la VCMN. Es por esto que al final del libro presentamos algunas recomendaciones de políticas públicas que los responsables políticos podrían adoptar para ayudar con este propósito.

Esta introducción propone, además, una contextualización teórica más amplia sobre el panorama de la violencia de género y las violencias interseccionales que enfrentan las mujeres y las niñas de América Latina.

Contexto de este libro

Este libro, escrito de forma colaborativa por las integrantes del Colectivo WRV, se basa en los hallazgos principales de dos proyectos que se han llevado a cabo desde el 2006. El primero consistió en un proyecto conjunto entre el Central American Women’s Network (CAWN) [Red de Mujeres de Centroamérica] ^[1] con el Centro de Estudios de la Mujer en Honduras (CEMH), en el cual se abordaron la violencia de género y la pobreza en las comunidades más marginadas de Honduras a lo largo de cinco años, de 2006 a 2011. El segundo, «Women resisting gendered and intersectional violence» (2021-2022) [«Mujeres resistiendo la violencia interseccional y de género»], es el resultado de una colaboración entre el King’s College de Londres y el Latin American Bureau (LAB), el cual documenta algunas de las estrategias innovadoras que han utilizado las latinoamericanas para mitigar la VCMN.

El título de este capítulo tiene que ver con un proverbio mexicano que fue ampliamente adoptado en Brasil después del asesinato de Marielle Franco ‒activista por los derechos de las mujeres negras brasileñas [ver recuadro 1.1]‒, para demostrar que las mujeres no iban a ser silenciadas, sino que, en cambio, se iban a defender. También resalta la importancia de reconocer que la violencia urbana en América Latina está profundamente relacionada con el género y es interseccional. Esta violencia a menudo se caracteriza por involucrar actos de bandas armadas, fuerzas de seguridad nacionales, milicias y otras formas de grupos organizados dominados por hombres. Lo preocupante de esto es que se presta mucha menos atención a la manera como la violencia urbana está implicada en la violencia de género interseccional.^[18]

Este capítulo explora cómo las mujeres en los márgenes de las ciudades interactúan a diario con la violencia urbana y de qué manera las afecta. No obstante, en lugar de concentrarnos en la vulnerabilidad de las mujeres frente a esta, resaltamos su autonomía para desarrollar sus propias prácticas de resistencia por medio de mecanismos individuales de afrontamiento a corto plazo, así como de iniciativas colectivas a más largo plazo que tienen por centro una ética de cuidado de la mujer. Si bien incluimos ejemplos de toda América Latina, nuestro enfoque específico es el trabajo de la organización de base comunitaria Casa das Mulheres da Maré [Casa de las Mujeres de Maré], ^[19] en Río de Janeiro, Brasil (que forma parte de la organización Redes da Maré), la cual hace parte también de nuestra serie de podcast Mujeres resistiendo la violencia (Morris, 2021). Casa das Mulheres ejecuta una serie de proyectos para desafiar la violencia de género, los cuales incluyen programas de tipo más cooperativo, como en el caso de los programas de cocina y costura, cuyo fin es mejorar los medios de subsistencia; como también programas de apoyo legal y emocional para las sobrevivientes de violencia por medio de una clínica, y otras formas de labor preventiva. Específicamente durante la pandemia de covid-19, los modos en que las mujeres en Maré se organizaron para lidiar con los crecientes niveles de violencia doméstica y de dificultades en el hogar brindan importantes aportes a las formas de resistencia ante lo que reconocemos como violencia urbana de género interseccional.

¿Qué significa para las mujeres la violencia urbana de género interseccional?

Las pandillas y las milicias armadas, el tráfico de drogas, los crímenes con armas de fuego, los enfrentamientos con la policía y otras fuerzas de seguridad son representaciones masculinizadas de violencia urbana; un fenómeno importante en las ciudades de América Latina en las décadas recientes en el que rara vez se mencionan o retratan a las mujeres. Esto se debe en parte a que es tal la magnitud de la violencia de género, la cual se supone que ocurre detrás de las puertas cerradas del hogar, que a menudo se hace invisible y tolerada la violencia urbana contra las mujeres, es decir, la manera como las mujeres son impactadas por esta violencia, lo que hemos denominado en este caso: violencia urbana de género interseccional.

Aunque se han asumido importantes compromisos políticos internacionales que abordan la violencia de género, como la Convención de Belém do Pará (1985) [ver la introducción], aquellos compromisos centrados en la violencia urbana contra las mujeres se han quedado cortos. Por ejemplo, la iniciativa de la ONU Mujeres (UN Women, 2017) llamada Safe cities and safe public spaces [Ciudades seguras y espacios públicos seguros] se centra en el acoso sexual en los espacios públicos y toma poco en cuenta su conexión con formas más amplias de violencia urbana o con la necesidad de vincular las esferas privada y pública.

Para comprender la violencia urbana, debemos reconocer su naturaleza de género e interseccional, aceptando a las mujeres y las niñas como sobrevivientes o transeúntes que también lidian con las ramificaciones de este tipo de violencia en sus vidas cotidianas. Aunque los hombres jóvenes, y especialmente los hombres negros de orígenes marginados, son con frecuencia las principales víctimas de la violencia urbana, vale la pena destacar que el 36 % de las mujeres en el ámbito mundial han experimentado violencia sexual de personas diferentes a su pareja o violencia tanto física como sexual de su pareja (OMS, 2018), y se ha sugerido que las mujeres tienen el doble de probabilidades de experimentar violencia en las ciudades, especialmente en el sur global (McIlwaine, 2013).

Esto es particularmente incisivo en el caso de las mujeres que viven en los márgenes urbanos, como en los barrios marginales de las ciudades de América Latina ‒las favelas en Brasil, los campamentos en Chile, los pueblos jóvenes en Perú, las colonias populares en México, los cantegriles en Uruguay, los barrios populares en Colombia, entre muchos otros–. En estos barrios, las mujeres son afectadas de manera distintiva por la violencia urbana, y esto está marcado por la complejidad social y la diversidad demográfica de estas zonas en términos de género, raza, clase social y conflicto armado. Son las mujeres quienes están expuestas a acciones hostiles por parte de agentes estatales a sabiendas de que los integrantes masculinos de su familia son más propensos a ser perjudicados; son las mujeres quienes asumen roles estratégicos de defensa de su comunidad y de hablar en contra de las incursiones policiales; son las mujeres quienes normalmente protegen a los niños de otras familias durante situaciones de fuego cruzado; y son las mujeres quienes necesitan negociar su movilidad y seguridad en espacios públicos y privados para poder moverse libremente en las zonas urbanas. Para mantenerse seguras en las ciudades, las mujeres a menudo desarrollan estrategias y prácticas de silencio, consciencia corporal y comunicación en línea, como se demuestra más adelante.

Si bien las mujeres de todos los orígenes y contextos sufren violencia de género, aquellas que soportan la opresión interseccional y la discriminación tienen más probabilidades de experimentar esta violencia de formas más extremas. Las estadísticas muestran repetidamente que debido al legado colonial las mujeres indígenas y afrodescendientes son afectadas de manera desproporcional por la violencia de género. Un gran corpus de trabajo ha revelado la manera como el racismo (reflejado en la violencia estatal antinegros y específicamente la violencia policial) en las comunidades urbanas marginadas tiene graves consecuencias a largo plazo ‒afectivas y mortales‒ para las mujeres negras (Carneiro, 2003). Esto es especialmente grave en Brasil, en donde se está perpetrando lo que se ha denominado el genocidio antinegro (Smith, 2017). Además, es también un hecho que las mujeres afrodescendientes o las personas LGTBIQ+ sufren desproporcionadamente la violencia de género (Krenzinger et al., 2018; 2021). Las estimaciones incluso sugieren que una persona LGTBIQ+ muere cada 19 horas en Brasil, a menudo en zonas urbanas, lo que sitúa a este país como el peor en el mundo para este tipo de violencia (De Souza & Rodrigues, 2022).

Estas formas de violencia a menudo se desarrollan de manera impactante en ciudades como Río de Janeiro. Los informes sugieren que, en Río, 17 mujeres al día son víctimas de feminicidio y violencia sexual (Wright, 2021). En investigaciones recientes en Maré, un barrio de Río de Janeiro formado por la fusión de 16 favelas, más del 75 % de las mujeres dijo que la violencia contra ellas ocurre de forma regular, mientras que el 57 % declaró que había experimentado violencia personalmente. Las mujeres negras jóvenes eran las más propensas a experimentar violencia (el 69 % de las mujeres negras en comparación con el 55 % de las mujeres mestizas, o pardas como se denominan en Brasil, y el 50 % de las mujeres que se identifican como blancas). La violencia letal hacia los hombres también se desarrolla en formas perniciosas, lo que obliga cada vez a más mujeres a convertirse en las únicas jefas de familia en los márgenes urbanos de las ciudades (McIlwaine, 2021a).^[20]

Además del daño directo, la violencia de género puede afectar a las mujeres en zonas urbanas de maneras invisibles. La ansiedad y el miedo que las mujeres sienten mientras circulan por los espacios urbanos limita su derecho a la ciudad, incluso antes de que se produzca cualquier caso de violencia directa. El miedo también está encarnado en lo que autoras feministas como Keisha-Khan Perry (2013) han denominado violencia lenta o muerte lenta de dolor, ansiedad y depresión, que sienten particularmente las madres en Brasil cuyos hijos han sido asesinados o lesionados. Otras autoras como Christen Smith (2018) han utilizado el término trauma persistente, para referirse a los efectos físicos y emocionales de larga duración a causa de la violencia generalizada, a menudo sancionada por el Estado, que sufren particularmente las mujeres negras.^[21] Las mujeres también se ven afectadas inmediatamente como parejas, esposas y madres que tendrán que asumir la responsabilidad exclusiva del sustento de sus familias. Otras capas de discriminación interseccional ‒que incluyen la orientación sexual y la identidad de género, los estándares de imagen corporal (cabello afro, piel oscura, lenguaje y acento, forma de vestir), las prácticas religiosas (donde las creencias y los rituales afrolatinoamericanos son principalmente estigmatizados) y los marcadores de actividad política‒ hacen que las personas sean más propensas a estar expuestas a formas de violencia perdurable. Reforzando estas formas de violencia interseccional y de género se encuentra la violencia perpetrada por el Estado y especialmente por la policía. La figura 1 destaca parte de la opresión interseccional cotidiana que experimentan las mujeres en Maré y destaca cómo las mujeres trans, las lesbianas, aquellas que son más masculinas y las mujeres de escasos recursos económicos están más expuestas a esa violencia.

Otro efecto del trauma y el miedo que las mujeres experimentan en las ciudades se refleja en su reserva para revelar y reportar casos de violencia de género. La investigación en Maré revela que poco más de la mitad (52 %) de las mujeres que había sufrido este tipo de abuso lo divulgó o lo informó. Y cuando lo hicieron, casi siempre fue a fuentes informales de apoyo (83 %); solo el 2.5 % lo informó a una fuente formal como la policía (Krenzinger et al., 2018; McIlwaine et al., 2020). La renuencia de las mujeres a reportar estos casos puede explicarse por la falta de confianza que tienen hacia las instituciones públicas, y la angustia que sienten cuando anticipan que serán revictimizadas debido al estigma contra las sobrevivientes de la violencia ‒particularmente cuando se cruzan cuestiones geográficas, raciales y de prejuicios contra las clases sociales para desempoderarlas aún más‒. Agravado por la falta de conocimiento de las mujeres sobre sus derechos, otras formas de exclusión pasiva y activa del apoyo también pueden entenderse como violencia de género. La investigación en una variedad de contextos ha demostrado cómo los servicios estatales para las mujeres sobrevivientes de violencia de género a menudo les fallan, introduciendo nuevas dimensiones de culpa y bochorno para las víctimas. Esto se ve agravado por el acceso inadecuado a infraestructuras urbanas seguras, como alumbrado y transporte públicos ‒que en sí mismo puede describirse como una forma de violencia de infraestructura, pero que también conduce a que se perpetúe violencia contra las mujeres‒. Esta constelación de barreras significa que las mujeres a menudo son obligadas a recurrir a los actores armados como agentes alternativos de la justicia, particularmente contra los perpetradores de violencia doméstica (McIlwaine et al., 2021).

Desde una perspectiva interseccional, por lo tanto, los problemas sociales más amplios como la pobreza, la desigualdad y la exclusión respaldan la violencia urbana de género. En otras palabras, las formas de violencia estructural y simbólica arraigadas en el racismo, el sexismo y la discriminación refuerzan la violencia directa e indirecta contra las mujeres. De hecho, las horribles realidades del «feminicidio» (en el que se mata a mujeres por cuestiones de género y donde, en muchas ocasiones, el Estado está implicado directa e indirectamente en estos) en América Latina han sido fundamentales para destacar las relaciones entre las normas patriarcales y misóginas y las formas de violencia y racismo estructurales e institucionales más amplias. Sin embargo, también es importante señalar que las personas académicas y activistas latinoamericanas han sido clave para cabildear a favor de que el feminicidio sea definido como un crimen, y han logrado la clasificación de feminicidio en 18 países, incluso si esto excluye las muchas formas de violencia directa e indirecta que las mujeres soportan. Una persona clave víctima de feminicidio, que también personifica los desafíos ante la naturaleza interseccional de la violencia urbana de género, es la difunta Marielle Franco [ver el recuadro 1.1].

Resistir la violencia urbana de género por medio de prácticas y estrategias a corto plazo

En Maré, Río de Janeiro, las mujeres han sido, desde el principio, la fuerza motriz detrás de la formación urbana del barrio. En la década de los 80, Maré se formó a partir de las luchas comunitarias por las infraestructuras urbanas básicas y contra la desigualdad urbana, gran parte de las cuales fueron lideradas por mujeres notables. Según Eliana Sousa Silva, en su conversación en el podcast Mujeres resistiendo a la violencia (Morris, 2021):

Cuando hablo de las luchas que hemos enfrentado en Maré, estoy hablando de un lugar donde, detrás de cualquier victoria que aquí tenemos, desde la década de los 80, desde el momento, por ejemplo, en que me convertí en presidenta de la Asociación de Residentes, no ha habido una sola lucha que no tenga mujeres detrás, haciendo que suceda.

Eliana fue la primera mujer en dirigir una asociación barrial cuando tenía veintitantos años, y más tarde fundó Redes da Maré en 1997.

Desde entonces, las mujeres de Maré han seguido compartiendo importantes logros colectivamente, desafiando las injusticias sociales históricas y desarrollando conocimientos clave sobre la comunidad. Específicamente en relación con la violencia urbana de género, las mujeres en Maré utilizan prácticas de afrontamiento similares que desafían rutinariamente la violencia en el ámbito micropolítico. Ellas toman medidas con el fin de protegerse a sí mismas y a los demás, ya sea por medio de pequeños actos (Pain, 2014) o de resistencia activa para lidiar tanto con la violencia de pareja como con la violencia policial y de pandillas armadas (McIlwaine et al., 2022a).

Estas prácticas responden eficazmente al miedo, a los peligros o a la violencia actual, conociendo los códigos locales y que quedan ocultos de las perspectivas de las personas de fuera. Por ejemplo, las mujeres toman decisiones muy conscientes sobre cómo ocupar espacios y ubicarse estratégicamente. En el transporte o en espacios públicos, especialmente por la noche, a menudo eligen sentarse cerca de otras mujeres con lo que forman una red momentánea y silenciosa de desconocidas. Es posible también que porten objetos afilados con ellas, así como que compartan su ubicación con otras personas en dispositivos digitales. Estas tácticas de supervivencia tienen resultados inmediatos que aunque quizás no produzcan seguridad a largo plazo para las mujeres, sí les permiten evitar riesgos calculando sus rutas de navegación, compartiendo o comprobando información en tiempo real sobre lugares o eventos en los canales de redes sociales, como los grupos de Facebook y WhatsApp y aplicaciones de seguridad [ver el recuadro 1.2].

Las mujeres en Maré están diciendo lo que piensan como parte de una cadena más amplia de voces que las mujeres están tejiendo en todas partes para responder, resistir y contrarrestar las formas cotidianas de violencia de género interseccional. En la India, por ejemplo, la organización Safetipin ha tenido éxito en despertar la consciencia sobre la violencia de género en las calles, respondiendo con una gama de aplicaciones de telefonía móvil que alimentan la planificación urbana estratégica. Estas ideas e iniciativas se han extendido a Colombia, donde formas similares de conocimiento táctico influyen en la gestión de la violencia urbana de género en la esfera pública.

En relación con esto, las mujeres también a menudo han acogido un uso estratégico de su lenguaje corporal y sus voces en formas que pueden parecer contradictorias a primera vista. Por ejemplo, hablar en voz alta para llamar la atención de las personas a su alrededor o adoptar el silencio para mantenerse fuera del centro de atención de amenazas potenciales. Así mismo, otras tácticas, que se extienden desde hábitos de autocuidado (que incluyen ejercicios físicos y rutinas de belleza) a técnicas de defensa (como tomar clases de autodefensa). Pero estas tácticas pueden también volverse injustas y opresivas, como cuando las mujeres se ven obligadas a cambiar su manera de vestir o su apariencia para evitar riesgos.

En términos de un panorama más amplio de la violencia urbana y los conflictos en Maré, las mujeres a menudo mencionan calcular dónde ubicar sus lugares de refugio cuando se desata un conflicto. Quedarse en casa cuando sea posible, especialmente en un espacio trasero para escapar de las balas perdidas, es la práctica más común, lo que también les permite estar presentes en caso de una invasión policial para poder proteger a los integrantes masculinos de la familia. Por otro lado, el hogar puede a veces no ser un lugar seguro para las mujeres, lo que las lleva a encontrar un refugio de la violencia combinada del espacio público y privado en espacios neutrales, como las tiendas o las casas de sus vecinos (generalmente mujeres), amigos y familiares. Es importante destacar que, lejos de ser aleatorias, estas prácticas y estrategias de afrontamiento se aprenden y enseñan entre las mujeres en la comunidad y son transmitidas por generaciones.

Cuando se trata de resistir y luchar contra la violencia de discriminación racista y estigma territorial, las mujeres racializadas de Maré a menudo afirman sus condiciones de faveladas,^[22] reapropiando este término para sí mismas y utilizándolo en poderosas narrativas personales. Al circular en zonas consideradas hostiles, como barrios ricos y lugares frecuentados por élites culturales como universidades y teatros, se aseguran de hablar acerca de sus ancestros, la historia de la comunidad y el patrimonio, con el objetivo de provocar la incomodidad y cambiar gradualmente las narrativas racializadas y discriminatorias, por razón de clase social y de género, sobre su comunidad [ver la figura 1.2 que resume muchos aspectos de las prácticas cotidianas de resistencia de las mujeres en Maré, como el autocuidado, la participación con la oenegé Casa das Mulheres y la educación].

Resistir la violencia urbana de género por medio de iniciativas a largo plazo

En toda América Latina ha surgido en las últimas décadas una variedad prolífica de iniciativas creativas, a largo plazo y transformadoras, para resistir la violencia de género. En las ciudades latinoamericanas han florecido históricamente en las comunidades urbanas marginadas organizaciones de base comunitarias, prácticas de resistencia lideradas por mujeres y luchas sociales articuladas, especialmente en torno a las mejoras comunitarias en relación con la tenencia de vivienda, los servicios básicos y la seguridad pública. Las iniciativas de resistencia a largo plazo incluyen la reintegración a la educación de muchas mujeres, quienes reciben capacitación profesional con la que mejoran su empleabilidad ‒y con esto logran una mayor autonomía financiera, rompen los ciclos de violencia en el hogar y mejoran sus condiciones de vida alejándose de las zonas de violencia urbana‒. Las mujeres de toda la región también se relacionan con otras mujeres en asociaciones, grupos religiosos, colectivos feministas, redes de apoyo y proyectos sociales.

Este tipo de compromiso colectivo puede cambiar vidas al permitirles a las mujeres compartir mecanismos de afrontamiento y conocimientos de supervivencia táctica entre sí, ayudar a revaluar y reconocer como violencia sus experiencias dolorosas continuas empoderándolas para tomar medidas contra estas. Esto se debe a que aunque la mayoría de las mujeres son conscientes de lo que constituye la violencia de género, muchas pueden ser menos conscientes de que el abuso psicológico y financiero constituye una forma de violencia hasta que aprenden de las experiencias de otras mujeres o visitan una organización de mujeres en busca de otras formas de apoyo.

Todos estos procesos ocurren en Maré. Las organizaciones que apoyan a las mujeres, aunque no son parte de la red formal estatal de protección y atención, a menudo tienen un alto nivel de institucionalización y ofrecen servicios de larga data en la comunidad. Dada la ausencia de servicios públicos, estas organizaciones forman una importante red de apoyo a las mujeres que a menudo es la única con la que cuentan. Casa das Mulheres da Maré, que es una sucursal de Redes da Maré, una organización clave en el barrio, desafía la violencia de género por medio de sus proyectos de apoyo a las mujeres, mencionados anteriormente. Casa das Mulheres da Maré siempre está dispuesta a abordar toda la gama de experiencias interseccionales de las mujeres. Por ejemplo, han ido ampliando su trabajo con mujeres trans en los últimos años y también han renovado su edificio para que sea accesible con el fin de poder empezar a trabajar con mujeres con discapacidades.

Una parte de su diversa gama de servicios y proyectos, como lo describe Julia Leal, coordinadora de la Casa, en nuestra serie de podcast (Morris, 2021), es entender que «las acciones aisladas no son suficientes para hacer frente a las demandas complejas que tienen las mujeres», y añade:

La idea es que una mujer que llegue a la Casa das Mulheres tiene acceso a una amplia gama de opciones para aprovechar. Por lo tanto, una mujer podría llegar aquí espontáneamente pidiendo hablar con un abogado y ser enviada a tomar un curso, porque reconocemos que ella está siendo sometida a violencia y entendemos que la experiencia de estar con otras mujeres y escuchar sus historias podría ser fortalecedor para esta mujer.

Todos nuestros cursos se ofrecen junto con clases de Estudios de Género. Esto es parte del plan de estudios básico de cualquier curso que ofrecemos; son clases obligatorias. Por lo tanto, este es también un espacio para la formación política, donde hablamos de género, sexualidad, raza, cuerpo, territorio. Estas clases se convierten en tiempos de intercambio, a las cuales las mujeres aportan su propia experiencia.

En Casa das Mulheres se apoya a las mujeres para emprender procesos transformadores con autonomía. Con la orientación de un experto, ellas eligen los recursos que utilizarán, incluyendo capacitación profesional, grupos de apoyo, asesoramiento jurídico, educación de adultos, emprendimiento y trabajo cooperativo. Los resultados de esto tienden a ser extremadamente positivos. Michele Gandra, beneficiaria que se convirtió en cocinera en el proyecto de cocina cooperativa Maré de Sabores, destaca esto en el podcast (Morris, 2021):

Fue allí donde me reconocí como una mujer que estaba atravesando por situaciones por las que otras mujeres también estaban atravesando… Fue allí donde encontramos un refugio unas con otras. Fue allí donde llegamos a entender las múltiples formas de violencia en el mundo. Hablamos mucho de otros países, cómo las mujeres son tratadas en otros países, en diferentes culturas y todo eso.

Y fue entonces cuando empecé a ver, a notar la violencia. Me considero una mujer privilegiada. He estado casada por 28 años… Pero hubo un primer obstáculo, de esa persona que entiende, que comienza a enfrentar las cosas.

Y ahora, la transformación... Porque no soy la única que se ha transformado. Me transformo a mí misma. Transformo a mi pareja. Transformo a mis hijos. Yo transformo y me transformo en todo momento. Mis suegros, mi relación con el barrio.

La experiencia de Michele muestra cómo la Casa das Mulheres junto con las que trabajan allí y las que son beneficiarias son fundamentales para el cambio social, y que la organización proporciona un espacio para que emerja la resistencia de las mujeres. Esto es especialmente importante para las mujeres negras, tal como lo destaca Julia en el podcast (Morris, 2021):

Entiendo que las mujeres, particularmente las mujeres negras, son los engranajes que mantienen a la sociedad brasileña en marcha. Creo que ellas son las personas que más trabajan para empezar… Si las mujeres negras en Brasil son las que más sufren de violencia de género, son estas mujeres quienes deben estar allí elaborando políticas públicas, en lugar de la forma en que se está haciendo actualmente, que es media docena de hombres blancos en un salón creando las leyes del país.

Las mujeres en Maré son una fuerza para tener en cuenta a medida que desafían la violencia de género por medios informales y formales. Además, muchas mujeres también se dedican a la resistencia por medio de varias formas de arte a medida que «conquistan sus espacios». Una reciente exposición en línea llamada Vidas femininas [Vidas femeninas] con el Museu da Pessoa [Museo de la Persona] muestra las historias de 10 mujeres de Maré que han abordado la violencia urbana de género por medio de la música, la danza, la poesía y otras formas de arte. Sus historias destacan cómo el arte puede ser una forma de autocuidado, protesta, autoafirmación y, sobre todo, poder, al permitirles expresar su opinión y resistir.^[23]

Organizaciones como Casa das Mulheres existen en toda América Latina. De hecho, hay cientos de «casas de las mujeres» en diversas ciudades, la mayoría de las cuales brindan apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia de género. Por ejemplo, en Santa Cruz, Bolivia, la Casa de la Mujer ofrece un refugio de emergencia y asistencia tanto legal como psicológica para mujeres que huyen de la violencia de género (o lo que ellas denominan la violencia machista), además de ofrecer talleres y dirigir una estación de radio para crear conciencia. Si bien las organizaciones similares a estas tienden a operar en lo comunitario, otras se centran en la defensoría y el cambio de las políticas públicas. EQUIS Justicia para las Mujeres, en México, por ejemplo, trabaja para transformar instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia.

El covid-19 y la resistencia de las mujeres

La intensificación de la violencia de género durante la pandemia de covid-19 se reportó ampliamente en América Latina y, de hecho, en el mundo. Debido a medidas de confinamiento en hogares potencialmente inseguros y de la incapacidad para trabajar en lugares diferentes a las propias casas, las mujeres que viven en los márgenes urbanos enfrentaron luchas desproporcionadas con la enfermedad, el dolor y la crisis económica, además del aumento del abuso doméstico. Estas condiciones también trajeron graves desafíos a las redes prexistentes de apoyo y a las prácticas cotidianas de afrontamiento entre las mujeres que viven desigualdades interseccionales, violencia urbana endémica y abandono estatal. Sin embargo, muchas de las mujeres en todo el mundo, y en América Latina específicamente, encontraron mecanismos de atención frente a la pandemia mediante la creación de respuestas de emergencia para proporcionar las necesidades básicas, así como la asistencia para quienes enfrentan un aumento en la violencia doméstica. En los ámbitos local y mundial se crearon varias redes de apoyo mutuo, solidaridad y activismo para abordar los desafíos críticos de la pandemia en relación con la violencia de género en los márgenes urbanos.^[24]

En México, en el Día Internacional de la Mujer de 2020, alrededor de 80.000 mujeres salieron a las calles a protestar y a iniciar una huelga nacional en contra de la violencia de género y la epidemia nacional de feminicidios. Esto reflejó la fuerza creciente de los colectivos de mujeres en la ciudad (donde emergieron más de 100), pero también el inicio de la pandemia de covid-19 y el consiguiente aumento de la violencia doméstica y especialmente de los feminicidios (939 casos entre 2020 y 2021 y un aumento del 130 % entre 2015 y 2020) (Solomon et al., 2021). Sin embargo, existe evidencia de que estos colectivos feministas se fortalecieron durante la pandemia en relación con la sensibilización sobre la violencia doméstica, así como la seguridad alimentaria, a menudo, pero no exclusivamente, por medio de las redes sociales y de las plataformas en línea. Por ejemplo, el colectivo feminista Cruces X Rosas publicó un video para crear conciencia sobre la violencia durante la cuarentena. También, el colectivo Brujas Feministas estableció el comercio de trueque entre mujeres en plataformas de redes sociales donde las mujeres podían intercambiar servicios y productos y encontrar una comunidad (Ventura, 2020).

En Maré ocurrieron procesos similares. El primero fue una campaña de base dirigida por mujeres para abordar las necesidades básicas urgentes mediante la distribución de alimentos y artículos de higiene. La campaña Maré Diz Não ao Coronavírus [Maré Dice No al Coronavirus] comenzó en marzo de 2020 y se centró en seis áreas: seguridad alimentaria; asistencia a las personas sin hogar; generación de ingresos; acceso a los derechos de salud, atención y prevención; producción y difusión de información segura; apoyo a los artistas locales y a los grupos culturales. La distribución de cestas de alimentos básicos y artículos de higiene personal se organizó de acuerdo con diversos criterios de vulnerabilidad social. Entre marzo y diciembre de 2020, se distribuyeron artículos a más de 17.500 familias, beneficiando directamente a casi 55.000 personas ‒principalmente mujeres jefas de familia (79 %)‒. Las mujeres dirigieron las actividades y distribuyeron los artículos, incluyendo 54 costureras que cosieron mascarillas y 22 cocineras que prepararon comidas diarias para su distribución gratuita a personas que se autoaislaron (13 hombres también participaron como conductores para entregar las donaciones).^[25] Poco a poco, la campaña adquirió una estructura de derechos y de atención sanitaria. Desarrollaron un servicio en línea para registrar casos de violencia y violaciones de derechos, para monitorear los casos de covid-19 y para organizar apoyo para acceder a tratamientos médicos, pruebas masivas y servicios de telemedicina. La respuesta de emergencia se transformó en una iniciativa más multifacética y la organización pasó a crear un canal de comunicación donde las mujeres conversan sobre el autocuidado y la salud reproductiva y mental con la Casa das Mulheres. Algunos de los temas tratados fueron los derechos reproductivos, los medios de subsistencia, la capacitación profesional, la educación de adultos y de la primera infancia, el registro escolar, la persistencia de la violencia armada y la brutalidad policial.

La segunda iniciativa liderada por mujeres fue la Rede de Apoio às Mulheres da Maré (RAMM) [Red de Apoyo a las Mujeres de Maré] que inició en mayo de 2020 por la organización Luta Pela Paz [Lucha por la Paz] para tratar el aumento de la violencia doméstica durante las medidas de confinamiento en los hogares superpoblados de Maré. RAMM se dio cuenta de que, con una mejor coordinación, los profesionales en diferentes áreas de atención podrían unificarse con el fin de construir estrategias conjuntas que vincularan los ámbitos de las políticas públicas, las organizaciones de la sociedad civil locales y los investigadores académicos. La primera acción de RAMM fue construir un «flujo de trabajo integrado» para 40 instituciones colaboradoras que apoyaban a las mujeres en Maré. El flujo de trabajo se creó por medio de un proceso participativo que incluyó servicios de mapeo, políticas y reuniones con representantes en torno a la solidaridad, y tomando nota de la urgente necesidad de abordar la violencia doméstica. Una vez completado, el flujo de trabajo se difundió por medio de eventos públicos y de estrategias en línea. Hubo una clara transición desde las respuestas reactivas iniciales de la campaña a actividades más estratégicas, cuando RAMM comenzó no solo a proporcionar información de servicio, sino también a ofrecer capacitación para trabajadores sociales e integrantes de la comunidad que asisten a mujeres sobrevivientes de la violencia de género. El programa «Desarrollo de capacidades en la asistencia a las mujeres en Maré» surgió a principios de 2021 y tenía como objetivo gestionar estrategias a más largo plazo para abordar la violencia urbana de género interseccional en Maré.

Frente a la violencia urbana de género endémica, estos procesos son graduales y a menudo fragmentados, sin embargo, una potencia feminista surgió de la crisis, y se ha utilizado para mejorar la vida de las mujeres en Maré y en otros lugares [ver el recuadro 1.3 sobre las comunidades emocionales-políticas].

Este capítulo ha demostrado cómo las mujeres en América Latina están lejos de ser pasivas frente a la creciente violencia urbana y el conflicto, que se vieron agravados por el inicio de la pandemia de covid-19 junto con el aumento de la violencia doméstica y los feminicidios. El debate está anclado en la investigación en curso y se basa en uno de nuestros podcast (Morris, 2021) en las comunidades de favelas de Maré, en Río de Janeiro, así como de ejemplos de otras partes de la región. Ha intentado mostrar la potencia de las respuestas de las mujeres a medida que ellas han desarrollado prácticas de resistencia a corto y largo plazo, tanto informales como formales. Al igual que la violencia urbana de género se experimenta en forma interseccional, directa e indirecta ‒que en el caso de Maré muestra cómo sufren desproporcionadamente las mujeres negras de escasos recursos‒ los mecanismos de afrontamiento y las estrategias de resistencia de las mujeres también son variadas. El capítulo también ha destacado las iniciativas de Colombia que funcionan para crear ciudades más seguras, y de México, donde los colectivos feministas respondieron positivamente frente a la pandemia. En Maré, Brasil, hemos mostrado cómo se han desarrollado las «comunidades emocionales-políticas». Es apropiado terminar el capítulo con el proverbio mexicano movilizado a raíz del asesinato de Marielle Franco: «Intentaron enterrarnos, no sabían que éramos semillas».

CAPÍTULO 2

«Cuida a quien te cuida»: las trabajadoras del hogar luchan contra la violencia

La violencia contra las trabajadoras del hogar va desde la forma irrespetuosa en que los empleadores nos hablan con gritos e insultos hasta no tener nuestros derechos laborales. Considerar todas las diferentes formas de violencia que afectan a las trabajadoras del hogar da una comprensión más amplia de nuestras necesidades como trabajadoras.
(Aquino, 2021)

El hogar debería ser un lugar seguro, un refugio para el descanso y la recuperación, pero con demasiada frecuencia es un lugar de violencia y abuso. ONU Mujeres informa que la violencia de pareja es la forma más prevaleciente de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) en el mundo y una de las mayores violaciones de derechos humanos, que aumentó de manera alarmante durante la pandemia de covid-19 (Mlambo-Ngcuka, 2020). Quizás se reconoce menos frecuentemente que la violencia en el hogar también afecta a las mujeres contratadas para hacer tareas domésticas y ayudar con el cuidado y el bienestar de determinadas familias. Este capítulo presenta las formas interseccionales de violencia que afectan a las mujeres que trabajan en el sector. Destaca cómo, en los últimos años, las trabajadoras del hogar en toda América Latina se han empoderado para denunciar el maltrato que reciben por parte de las personas que las emplean, como resultado, se han vuelto más visibles como defensoras de sus derechos como trabajadoras. Destaca algunos de los logros de las organizaciones de trabajadoras del hogar en la resistencia a la violencia y la discriminación en su lugar de trabajo, como también da cuenta de la transformación de las trabajadoras del hogar en activistas que defienden sus derechos, en los ámbitos nacional y regional, y se convierten en actoras en el ámbito político internacional.

En América Latina es una práctica común que las familias acomodadas empleen a una o incluso varias trabajadoras para ayudar con el mantenimiento del hogar y las responsabilidades de cuidado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que hay entre 11 y 18 millones de trabajadoras del hogar en América Latina. El número exacto es difícil de medir porque a menudo se trata de una fuerza laboral invisible, que trabaja principalmente en el sector informal sin derechos a seguridad social, atención médica, pensiones y salarios dignos. Además, los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que las poblaciones afrodescendientes e indígenas están sobrerrepresentadas en el sector (ONU Mujeres et al., 2020).

El trabajo doméstico es una ocupación muy feminizada en América Latina, dado que más del 90 % de las personas trabajadoras del hogar son mujeres y, debido a la tradicional división del trabajo por género, los hombres empleados en hogares privados tienen trabajos más valorados, como choferes o jardineros, y a menudo reciben mejores salarios que las mujeres que trabajan al interior de los hogares. Generalmente se considera que el trabajo de cuidado dentro de la familia es responsabilidad de trabajadoras mal remuneradas, que llevan a cabo una amplia gama de tareas domésticas de apoyo, como limpiar, lavar y planchar ropa, comprar y cocinar alimentos, y tareas de mayor responsabilidad como cuidar niños, ancianos, discapacitados y mascotas. El trabajo es a menudo considerado mundano, repetitivo y no calificado, por lo que la sociedad no lo valora. Además, existe una división de roles por clases sociales, ya que las personas empleadoras supervisan el trabajo y delegan las tareas, en lugar de dedicarse ellas mismas a las tareas del hogar, con lo que también pueden disfrutar de mayor tiempo libre. Muchas personas de clase alta, media y profesionales pueden avanzar en sus carreras y participar en actividades fuera del ámbito doméstico porque emplean trabajadoras del hogar, que pertenecen a una clase social más baja, para llevar a cabo las responsabilidades domésticas y de cuidado dentro de la familia.

Intersección de clase social, etnia, raza y género

Históricamente, en América Latina, el servicio doméstico era una relación entre clases sociales similar a la esclavitud, en la que se sumaba la discriminación racial y étnica a la discriminación por motivos de género (ONU Mujeres et al., 2020). En la época colonial, los sirvientes eran personas afrodescendientes, indígenas y mestizas. Hoy, aunque la naturaleza del trabajo ha cambiado, el trabajo doméstico sigue siendo un sector donde prevalecen las relaciones de poder y las desigualdades sociales. La clase social, la etnia y la raza –así como el género– definen esta relación laboral, donde las mujeres de los grupos en situación de pobreza y marginados de la sociedad atienden, sirven y limpian para las clases media y alta. En México, por ejemplo, se estima que una de cada cinco trabajadoras del hogar residentes^[26] proviene de una comunidad indígena y son migrantes de zonas rurales, que pueden no hablar español con fluidez y, a menudo, tienen bajos niveles de educación formal (CACEH, 2014).

El racismo y las percepciones culturales de las trabajadoras del hogar como sirvientas persisten en las telenovelas, las revistas y las actitudes sociales en toda América Latina. Hay muchos estereotipos, algunos con connotaciones racistas, de que las trabajadoras del hogar son mujeres sin educación, ignorantes y «libertinas». Sin embargo, en los últimos años se han producido en América Latina varias películas que simpatizan con la situación de las trabajadoras del hogar. Las principales protagonistas de estas películas son ellas mismas y la historia se cuenta desde su perspectiva, mostrando las desigualdades sociales que existen en las relaciones con los integrantes de la familia. En películas como La nana (Chile) y Que horas ela volta? (Brasil) se puede ver a las trabajadoras del hogar defendiéndose y respondiendo al maternalismo y la desigualdad que enfrentan al negociar con sus empleadores (Moynihan, 2020).

Trabajo infantil

En un informe sobre el trabajo infantil doméstico, la OIT identificó algunos de los riesgos más comunes que enfrentan las trabajadoras del hogar infantiles: jornadas laborales largas y agotadoras; uso de productos químicos tóxicos; transportar cargas pesadas; manipular objetos peligrosos como cuchillos, hachas y sartenes calientes; alimentación y alojamiento insuficientes o inadecuados, y trato humillante, incluida la violencia física y verbal, así como el abuso sexual. Estos peligros se ven agravados por la negación de los derechos fundamentales de la niñez, como el acceso a la educación y la atención sanitaria; el derecho al descanso, el esparcimiento, el juego y la recreación; y el derecho a tener contacto regular con sus padres y compañeros. Estos factores pueden tener un impacto físico, psicológico y moral irreversible en su desarrollo, salud y bienestar (OIT, 2013).

Violencia contra trabajadoras domésticas

Es muy importante hablar de los problemas que aquejan a las trabajadoras del hogar y el tema de la violencia ha sido uno de ellos y muy interesante. Reconocer los tipos de violencia y cómo tomar medidas. Los que más se viven son estos, pero detectamos 15 formas de violencia que las trabajadoras reconocen que sufren y lo mejor es que ellas lo ven como violencia. (Bautista, 2022)

Un estudio realizado por la oenegé internacional CARE con integrantes de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho) examinó la violencia y el abuso en el lugar de trabajo que enfrentan las trabajadoras del hogar en Ecuador, Colombia, México, Honduras y Guatemala. En su encuesta con trabajadoras, encontraron que 8 de cada 10 mujeres empleadas en hogares privados habían experimentado violencia en el trabajo. Este fue un estudio participativo que identificó problemas comunes entre las trabajadoras del hogar en todos estos países, los cuales tenían que ver con las vulnerabilidades, el bajo estatus y la falta de derechos laborales. En un ejercicio de mapeo con un grupo de trabajadoras del hogar en San Pedro Sula, Honduras, las mujeres definieron sus experiencias de violencia en el lugar de trabajo de la siguiente manera:

• Abuso verbal
• Abuso y acoso sexual
• Intimidación y abuso psicológico
• Largas jornadas de trabajo
• Salarios bajos
• Amenaza de perder nuestros trabajos
• Falta de valoración a nuestro trabajo
• Racismo
• Discriminación

Casi todas las mujeres que participaron en el estudio de CARE fueron sobrevivientes de algún tipo de violencia en su lugar de trabajo, exacerbada por el racismo y el machismo que prevalecen en la sociedad en general. En el mismo estudio, las mujeres participantes en discusiones de grupos focales en otros países identificaron además la violencia como: explotación económica y laboral, pérdida de libertad, engaño y control mediante la retención de pasaportes de personas trabajadoras migrantes. El estudio también encontró que el acoso y el abuso sexual contra las trabajadoras del hogar se intensificó en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes fueron hipersexualizadas por los empleadores masculinos. Algunas trabajadoras informaron que habían intentado poner fin al acoso contándole a su empleadora sobre su cónyuge, pero no les creyeron o fueron acusadas de provocar la situación. En un ejercicio de mapeo con un grupo en Ecuador, se preguntó a las participantes dónde se sentían inseguras dentro de la casa de sus empleadores. Muchas participantes identificaron el dormitorio del patrón como un lugar al que había que temer: «Sabemos que en los dormitorios de los empleadores muchas mujeres quedaron embarazadas después de haber sido violadas allí». También confirmaron que, en sus experiencias, «las mujeres afroecuatorianas e indígenas son las más explotadas, pero es más difícil para las mujeres indígenas porque su cultura no les permite hablar sobre el abuso» (CARE, 2018).

Por supuesto, hay muchas personas empleadoras buenas, pero también las hay malas, y los malos tratos a menudo provienen de la empleadora mujer o incluso de sus hijos e hijas. Muchas personas empleadoras no son conscientes de que tienen responsabilidades legales, sin embargo, las organizaciones de trabajadoras del hogar están intentando cambiar esto. Proporcionan información sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y la manera como deben negociar con sus empleadores para llegar a contratos laborales adecuados. La marea está comenzando a cambiar a medida que las trabajadoras del hogar en América Latina se organizan, se apoyan mutuamente y hacen campaña contra la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, algo que se abordará más adelante en este capítulo.

Las patronas creen que nos están haciendo un favor; no valoran nuestro trabajo y no saben que tenemos derechos laborales. (Aquino, 2021)

Trabajadoras del hogar impactadas por el covid-19

La pandemia de covid-19 reveló muchas desigualdades sociales en el mundo y tuvo el mayor impacto en los más vulnerables, especialmente las mujeres que trabajan en el sector informal y en trabajos de cuidado mal remunerados. Dentro del sector del empleo doméstico, la pandemia exacerbó una situación ya precaria y expuso muchas injusticias, como violencia, malos tratos y explotación. En respuesta a los informes de las organizaciones miembro, durante la pandemia, la International Domestic Workers Federation (IDWFED) [Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar] y 29 sindicatos y organizaciones de trabajadoras del hogar de 15 países latinoamericanos colaboraron con la OIT para producir orientaciones para las trabajadoras del hogar y sus empleadores. Esta guía destacó las malas condiciones de seguridad y salud ocupacional que enfrentan las trabajadoras del hogar y que se acentuaron durante la pandemia. Algunos de los factores de riesgo identificados fueron: largas jornadas laborales sin períodos de descanso; aislamiento; turnos de noche; sobrecarga física, psicológica y emocional; falta de reconocimiento a su trabajo; tareas monótonas y repetitivas; trato injusto, discriminatorio y amenazante. Las directrices enfatizan que estas condiciones laborales tienen impactos negativos en la salud física y mental de las personas trabajadoras del hogar, pues provocan estrés, ansiedad, trastornos psicológicos, fatiga y agotamiento emocional (OIT, 2020a).

Durante la pandemia, además, las trabajadoras del hogar se vieron afectadas de manera desproporcionada por el desempleo, o alternativamente por una intensificación de las tareas, y a menudo carecieron de protección jurídica y social para ayudar a mitigar los efectos de la crisis provocada por el covid-19 (ONU Mujeres et al., 2020). Un reporte de IDWFED, basado en encuestas a trabajadoras del hogar en la modalidad de residentes de todo el continente americano, descubrió que la violencia psicológica, física y sexual aumentó durante la pandemia y que las trabajadoras del hogar estaban expuestas a un mayor acoso sexual por parte de los empleadores masculinos que trabajaban desde casa (FITH, 2021). En la entrevista, Ana Laura Aquino habló de un reciente foro virtual en el que había participado con otras trabajadoras del hogar organizadas de América Latina y el Caribe (celebrado en octubre de 2021) para debatir el impacto de la pandemia en el sector. Identificaron experiencias similares en todos los países, donde se produjeron despidos masivos sin indemnización de trabajadoras del hogar o, en otros casos, se recortaron los salarios y se aumentaron las horas de trabajo, y en general no se respetaron los derechos de las trabajadoras. A algunas trabajadoras, las personas empleadoras les prohibían volver a sus casas por la noche si querían conservar su empleo. Otras, que utilizaban el transporte público para ir a trabajar, tenían que pagar sus propios cubrebocas y guantes protectores con su escaso salario. Algunas de las mujeres que fueron despedidas sin ningún sueldo tuvieron que vender sus pertenencias para pagar el alquiler, comer y alimentar a sus hijos. Varias regalaron sus mascotas porque no podían alimentarlas. Otras se vieron obligadas a trabajar en el sector informal, por ejemplo, preparando y vendiendo comida en la calle, lo que aumentó su vulnerabilidad a la infección. Desesperadas, quienes no tenían ingresos regresaron a sus pueblos de origen para quedarse con sus familiares, lo que a menudo provocó violencia familiar en hogares superpoblados.

Las patronas se mostraban indiferentes a la situación financiera y emocional de sus trabajadoras. Muchas trabajadoras fueron encerradas y se les prohibió ver a sus parientes enfermos o asistir a los funerales de sus familiares. Cuando las patronas volvieron a ponerse en contacto con las trabajadoras que habían despedido, no les ofrecieron ningún pago atrasado ni compensación por el tiempo que habían estado despedidas, e incluso recortaron sus salarios, diciendo que no podían pagarles más... (Aquino, 2021)

Las organizaciones de trabajadoras del hogar respondieron a la pandemia por medio de una campaña regional denominada Cuida a Quien te Cuida (#CuidaAQuienTeCuida). Esta fue lanzada inicialmente por sindicatos de trabajadoras del hogar de México, Argentina, Brasil y Chile, y luego se extendió por todo el continente en redes sociales. La campaña concientizó sobre la exposición al virus de las trabajadoras del hogar, incluso en cuarentena, y les proporcionó información sobre las medidas de protección que debían tomar si seguían trabajando durante la pandemia. En México, la campaña corrió a cargo del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH) y consiguieron el apoyo de artistas y productores de cine que se unieron a sus esfuerzos para concientizar a las personas empleadoras sobre los derechos de las trabajadoras del hogar [ver «Lideresas inspiradoras que cambian percepciones», en este capítulo]. Por medio de las redes sociales, la campaña instó a las trabajadoras y a sus empleadores a firmar un contrato escrito en el que se estipularan las horas de trabajo, las tareas, las vacaciones y los salarios.^[27]

Migración y trabajo doméstico

En toda América Latina existen tensiones y contradicciones alrededor del cumplimiento y la protección de los derechos reproductivos. Importantes victorias feministas han sido agresivamente resistidas e incluso revertidas por las fuerzas conservadoras. En este sentido cabe preguntarse, ¿de qué tratan estas batallas? ¿Se refieren al aborto, al «derecho a la vida», a los derechos de las mujeres o a algo más complejo? ¿Cómo podemos entender la energía invertida por activistas de ambos lados del espectro, sus ganancias y sus pérdidas? ¿Y qué significa esto en última instancia para los derechos de las mujeres y la igualdad de género en América Latina y más allá?

La batalla por el aborto legal es importante en sí misma, sin embargo, hay muchas más dimensiones en juego. Entre los aspectos a considerar están la autonomía corporal, la autonomía sexual e incluso la violencia. En definitiva, se trata del derecho de las mujeres a controlar sus propias vidas y del acceso igualitario a los servicios sin la imposición de un orden patriarcal dañino. El aborto es el campo principal de disputa que permite a las fuerzas conservadoras movilizar una moral religiosa, «provida» y heteronormativa, apoyados en una variedad de estructuras y normas de género opresivas que van mucho más allá de dicha práctica. Por lo tanto, el activismo por el aborto legal es central para un movimiento más amplio que luche por una ciudadanía inclusiva, por la igualdad de derechos de las mujeres, por una vida libre de violencia y por la diversidad sexual y de género.

Las políticas sobre salud reproductiva y sobre aborto son, en general, un campo en donde se intersectan múltiples violencias: la ausencia de servicios de salud es violencia infraestructural [ver el capítulo 5]; en particular el abandono estatal hacia las mujeres de escasos recursos económicos, negras e indígenas es una forma de violencia estructural; los discursos morales en torno a la fertilidad de las mujeres imponen normas sobre los roles de género y son formas de violencia normativa; y, por supuesto, en última instancia, muchas de estas formas de la llamada «violencia indirecta» se basan en la violencia sexual y física contra las mujeres, las niñas y las comunidades LGTBIQ+ y forman discursos legítimos en torno a ella. La salud sexual y reproductiva es fundamental para la autonomía y la libertad corporal de las mujeres y, por tanto, es fundamental para la lucha feminista. En este capítulo, examinaremos los éxitos del movimiento feminista en esta lucha durante los últimos 10 años y los contrastaremos con la reacción conservadora cada vez más feroz y ampliada contra el progreso emancipador.

Activismo

La victoria política de Argentina en diciembre de 2020 sobre la legalización del aborto fue el resultado de años de activismo y cabildeo por parte de activistas feministas y sus aliados. Previamente, Argentina tenía una ley restrictiva que permitía el aborto solo cuando el embarazo amenazaba la salud de la mujer o en casos de violación. Este marco legal estaba vigente en el Código Penal argentino desde 1921. En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por medio del fallo «F.A.L», había ampliado la interpretación del Código Penal indicando que no resultaba punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no estaba supeditado a trámite judicial. Además, exhortó a implementar protocolos hospitalarios reconociendo que todas las mujeres que hubieran sido violadas podrían acceder y no solo las que presentaban una discapacidad. Hasta entonces dependía de la interpretación de las cortes judiciales provinciales por una cuestión de escritura en el artículo del Código Penal que era objeto de controversia. Sin embargo, pese a este antecedente jurisprudencial del máximo órgano jurisdiccional argentino, su implementación fue limitada. Finalmente, en diciembre de 2020, el movimiento a favor de la interrupción legal del embarazo logró la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que permite el aborto legal y gratuito para todas las personas con embarazos de hasta 14 semanas. En la misma sesión, el Senado también sancionó una ley para mejorar la atención sanitaria pre y posnatal.

Esta victoria, ampliamente celebrada, fue el resultado de una intensa campaña que en los últimos años se destacó por «los pañuelazos», cuyo símbolo son los pañuelos verdes en forma de bufandas, pulseras, blusas y hasta para cubrir sus caras que usan las activistas por el aborto. Argentina tiene una larga historia de activismo popular por la legalización del aborto. A principios de la década de 1980, el aborto formaba parte de las campañas feministas por la liberación sexual: una imagen icónica de la agenda feminista argentina de 1983 muestra a la activista feminista María Elena Oddone con una pancarta que decía: «No a la maternidad, sí al placer».

Posteriormente, la campaña pasó de un enfoque de liberación a un enfoque basado en los derechos. En marzo de 1988, un grupo de mujeres creó la Comisión por el Derecho al Aborto, una organización pionera en la lucha para discutir sobre el aborto en clave de derecho. Durante la década de 1990, la agenda por el derecho al aborto creció y se extendió por toda Argentina. En noviembre de 1990, grupos feministas llevaron a cabo el Quinto Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, en San Bernardo, Argentina, y la Comisión por el Derecho al Aborto coordinó los primeros talleres denominados «El aborto como derecho». Dos años después, en 1992, esta comisión presentó en el Congreso el primer proyecto de reforma legal, el cual no fue aprobado.

En la década del 2000, la campaña a favor del derecho a decidir se adaptó nuevamente, esta vez para incluir un enfoque más basado en la salud. En 2005, la campaña destacó la seguridad de los abortos, y múltiples organizaciones se alinearon en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La campaña aglutinó al movimiento por la interrupción voluntaria del embarazo en su conjunto, presentando proyectos para despenalizar el aborto en 2007, 2010, 2012, 2014 y, acompañado de protestas callejeras, en 2018. El proyecto de 2018 fue discutido y aprobado por la Cámara de Diputados, pero fue rechazado por el Senado. Sin embargo, las movilizaciones masivas a favor del aborto en 2019 y 2020 mantuvieron las demandas de lleno en la agenda pública. De hecho, el presidente Alberto Fernández hizo del aborto legal, seguro y gratuito parte de su campaña electoral en 2019, destacando el costo que las interrupciones clandestinas suponen para las mujeres y, por lo tanto, para la sociedad en general y el sistema sanitario. Como señal de los tiempos cambiantes, fue elegido presidente y siguió adelante con la presentación del exitoso proyecto de ley a favor del aborto en el Congreso. La victoria generó ímpetu en toda América Latina para continuar la lucha por los derechos de las mujeres, a pesar de que poderosas y agresivas fuerzas conservadoras transnacionales socavan activamente la igualdad de género y la ciudadanía de las mujeres. Activistas mexicanas por el aborto adoptaron el pañuelo verde para sus campañas y, siguiendo a Argentina, en septiembre de 2021 México despenalizó efectivamente el aborto, a pesar de la acción contraria en su estado vecino, Texas, que en el mismo mes criminalizó todo aborto después de las seis semanas de gestación.

En México, como en otras partes de América Latina, el aborto no solo era ilegal, sino que se perseguía y castigaba activamente por medio de los tribunales penales. Después de años de activismo, en septiembre de 2021 la Corte Suprema dictaminó que penalizar a las mujeres por interrumpir un embarazo es inconstitucional y va en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propias vidas, despenalizando efectivamente el aborto siguiendo una lógica de derechos humanos. Esto sentó un precedente para ampliar aún más la prestación del aborto, haciéndolo «legal, gratuito y seguro». El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, permitiendo el aborto a demanda. No obstante, Ana Cristina González, activista colombiana del movimiento Causa Justa, explica que el fallo de la Corte Constitucional no significa que la lucha haya terminado:

El estigma que está asociado a la idea de que el aborto es un delito, por fuera de esas semanas y tres causales, es un estigma que va a persistir y que probablemente va a afectar a las mujeres más vulnerables. Es mucho lo que tenemos para trabajar y mucho lo que podemos transformar ese estigma porque no tenemos duda y esperamos que la mayoría de las mujeres que requieran un servicio puedan acceder a él, de manera digna y segura. (Redacción Judicial, 2022)

Estas victorias de Argentina, México y Colombia son importantes para los derechos de las mujeres y la igualdad de género en toda la región, incluso si el acceso real al aborto sigue siendo una cuestión compleja a menudo muy influenciada por el personal médico local y los grupos de presión. En Ecuador, por ejemplo, el 17 de febrero de 2022, la Asamblea Nacional discutió una ley para permitir el aborto en casos de violación hasta las 22 semanas de gestación. Sin embargo, para que la ley sea aprobada, los legisladores redujeron el tiempo a 12 semanas y a 18 semanas en casos excepcionales. Ana Vera, directora de Surkuna, una organización feminista ecuatoriana, dice:

Ecuador no ha logrado una ley de aborto que garantice a niñas, mujeres y personas embarazadas el acceso a este servicio... Por eso, debemos volver a la Corte Constitucional para que se eliminen los obstáculos. Pero va a ser una lucha muy dura. (Radio Pichincha, 2022)

En palabras de la académica y activista argentina Mariana Romero, quien habló en BBC Woman’s Hour en 2022, la victoria en Colombia es «enorme, un hito para las mujeres en América Latina». Sin embargo, las activistas consideran que todavía queda mucho por hacer, ya que el acceso a los servicios a menudo solo es realista para aquellos con mayor educación y riqueza: es decir, para las clases media y alta, no para las personas de escasos recursos económicos, y en gran medida para las identidades racializadas, las personas indígenas, negras o mestizas.

El panorama del derecho al aborto

Los países de América Latina y el Caribe donde el aborto es legal son Cuba (desde 1965), Guyana (desde 1995), Puerto Rico (desde 1937), Uruguay (desde 2012), Argentina (desde diciembre de 2020), México (desde septiembre de 2021) y Colombia (desde febrero de 2022). En otros países como República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam el aborto está totalmente prohibido sin ninguna excepción legal explícita. En la mayoría de los países latinoamericanos, el marco legal presenta al menos una excepción: cuando la vida de una mujer embarazada está en riesgo. Existen otras condiciones con las cuales acceder al aborto legal en la región, pero varían según el país. Por ejemplo, en Brasil, desde 2012, el aborto es una opción cuando el feto tiene anencefalia, una malformación cerebral congénita. Antes de que la Corte Constitucional de Colombia despenalizara el aborto, en 2011 había emitido una aclaración estableciendo que el riesgo para la salud mental de la mujer era motivo suficiente para realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la existencia de estas excepciones legales básicas no significó que el servicio se volviera accesible. Esto debido a restricciones relacionadas con el acceso a medicamentos, infraestructura o profesionales para ejecutar el proceso (quienes puede hacer objeción de conciencia). Del mismo modo, la aclaración no garantizaba que las mujeres no serían perseguidas o acosadas al intentar acceder al servicio, especialmente si acudían al sistema de salud pública.

El alcance de la vulnerabilidad de las mujeres es proporcional a otros factores como la pobreza y el origen étnico. En el caso de México, según un informe elaborado por la organización feminista Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), las mujeres en situación de pobreza y las mujeres indígenas tienen nueve veces más probabilidades de tener un aborto inseguro que las mujeres con mayores posibilidades económicas, más educación y que no pertenecen a grupos indígenas (GIRE, 2015). Lo mismo ocurre con otros países: el estatus socioeconómico determina en gran medida el acceso a la atención de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto.

Algunos países incluyen la violación y el incesto como razones válidas para permitir el aborto, pero esto a menudo es cuestionado. Brasil, Colombia y Chile despenalizaron el aborto en casos de violación, pero en otros países como Perú, Venezuela, Paraguay y Guatemala todavía está prohibido y castigado con penas de prisión que van desde meses hasta varios años. En Ecuador, hasta abril de 2021, los abortos en casos de violación solo estaban permitidos a mujeres con discapacidad mental. En abril, el Tribunal Constitucional dictaminó que el aborto debería despenalizarse en todos los casos de violación. Sin embargo, incluso en los casos en que el aborto por violación está despenalizado, el acceso no está garantizado y el acoso en el sistema de salud público es una posibilidad real.

La falta de acceso en casos de violación ha ganado especial atención a medida que ha quedado claro cuántas niñas menores de edad se ven obligadas a continuar con sus embarazos después de una violación. Esta violencia estructural (tal como la falta de prestación de servicios, que daña física y mentalmente a las personas, en particular a las no privilegiadas) es a la vez un ejemplo de violencia infraestructural [ver el capítulo 5], así como de violencia normativa (Butler, 2004; Boesten, 2010). Si bien la falta de servicio es en parte consecuencia de la falta de una infraestructura de atención médica que funcione, también es un criterio moral del personal de atención médica negarles a las niñas el acceso a un aborto legal. En esta negativa, se ignora intencionadamente el delito inicial de violación. La culpa recae directamente en las víctimas, lo que las obliga innecesariamente a cargar con la agresión, la vergüenza y la culpa que las acompañan, en muchos casos, por el resto de sus vidas.

La mayoría de los embarazos de niñas y adolescentes son resultado de violaciones: un estudio anterior (1996) en una sala de maternidad del hospital público más grande de Lima indicó que el 90 % de las niñas menores de 18 años que dieron a luz habían concebido después de una violación. Información del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), de Perú, una red feminista que utiliza el Estado de derecho para defender los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe, muestra que la maternidad forzada después de la violación en niñas es creciente. En Perú hubo un aumento del 31 % en el número de bebés nacidos de niñas de 11 a 14 años de 2016 a 2018 (CLADEM, 2021). Como la edad de consentimiento en Perú es 14 años, todos estos casos son por ley el resultado de una violación. Los embarazos en niñas incluso menores de 11 años han causado indignación: en el año de la pandemia, 2020, Perú vio triplicarse el número de madres infantiles, de 9 en 2019 a 26 en 2020. Considerando que esto ocurrió durante el confinamiento nacional, una momento en el que las familias se vieron obligadas a vivir a puerta cerrada, no hay duda de que estas niñas sufrieron abusos por parte de quienes supuestamente debían cuidarlas. Casos como este han dado un nuevo impulso al campo proaborto con lemas como #NiñasNoMadres. Esta campaña no solo apoya el aborto en casos de niñas menores de edad, sino que también destaca la necesidad de debatir cómo la sociedad –y el poder judicial– abordan la violación y el incesto.

Si bien es evidente que aún queda mucho por hacer para que todas las mujeres y las niñas tengan libre autonomía sobre sus cuerpos, su sexualidad y su fertilidad, los acontecimientos recientes están cambiando el debate. Por ejemplo, en lugar de utilizar el término aborto, existe una tendencia creciente a hablar de interrupción legal del embarazo e interrupción voluntaria del embarazo. Esta distinción marca una diferencia importante al pasar del término altamente estigmatizado aborto a una formulación basada en el acceso a los derechos y centrada en el control de las mujeres sobre sus cuerpos. Mediante esta lucha, las organizaciones feministas han demostrado la fuerza y el poder transformador de las organizaciones de base. Si bien el ejemplo más conocido es el trabajo en Argentina de los colectivos organizados por medio de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en Ecuador el fallo de la Corte Constitucional fue un éxito debido a las demandas presentadas por colectivos feministas como la Fundación Desafío, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. En Colombia, varias organizaciones de mujeres se unieron en el movimiento Causa Justa para presionar por la legalización del aborto, que tuvo éxito en febrero de 2022. Las feministas peruanas se están movilizando para aprovechar estos ejemplos e impulsar el cambio en su propio país. Como afirmó en ese momento la académica y activista Angélica Motta (2022) en Facebook:

Necesitamos empezar a revisar experiencias de otros países latinoamericanos que han logrado despenalizar el aborto. Tenemos harta lucha por delante, pero aprendamos de nuestras compañeras.

Contramovimiento

Los acontecimientos progresistas suelen toparse con una resistencia cada vez más vocal y visible por parte de fuerzas conservadoras en toda América Latina. Este conservadurismo moral se alinea en gran medida con los movimientos políticos de derecha, aunque ese no es el caso en todas partes: entre 2021 y 2022, Perú fue gobernado por el líder sindical Pedro Castillo quien está tanto en la extrema izquierda como en el lado moralmente conservador de la política; contra el aborto, la educación sexual y los derechos LGTBIQ+. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, alguna vez fue izquierdista y progresista, pero ahora es un dictador inmerso en un conservadurismo moral extremo, con uno de los sistemas penales antiaborto más brutales de la región.

Sin embargo, estos son casos atípicos. En general, la ola de activismo conservador contra el aborto ha surgido bajo las alas de un movimiento hacia la derecha posterior a la ola de gobiernos de izquierda. Si bien los movimientos conservadores de derecha se han asociado con intereses económicos y, por tanto, con élites económicas; en los últimos años, la política moral conservadora ha atraído a más movimientos de base, a menudo religiosos, que protestan contra el aborto, la diversidad y la educación sexuales en las escuelas. Lo que estos movimientos tienen en común, como sostienen Lindsay Mayka y Amy Erica Smith (2021), es la creencia en un rígido orden binario de género y en jerarquías sociales naturales. Desde este punto de vista, los grupos de presión antiaborto se centran claramente en controlar a las mujeres, su trabajo y su sexualidad. Para algunos, el sentimiento antiaborto podría tener que ver con ideas sobre el comienzo de la vida –en la concepción o en algún momento de la gestación–, pero su política está claramente dirigida a mantener el patriarcado.

Provida, contra las mujeres

La idea de que la política provida tiene que ver con el respeto a la vida se ve inmediatamente socavada por el daño que causa a las vidas de mujeres y de niños y niñas. Según el prestigioso Guttmacher Institute (2018), en 2017, más de 24 millones de mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos y quedan embarazadas cuando no lo desean. Entre 2010 y 2014, América Latina y el Caribe tuvo la tasa más alta de embarazos no deseados de cualquier región del mundo: 96 por cada 1000 mujeres entre 15-44 años. En la subregión del Caribe, la tasa fue de 116 embarazos no deseados por cada 1000 mujeres. Se estima que cada año ocurren 14 millones de embarazos no deseados en América Latina y el Caribe: de ellos, casi la mitad (46 %) terminan en aborto. Una proporción considerable de ellos serán ejecutados en circunstancias clandestinas, en sus hogares o en «clínicas» no profesionales e irresponsables. Y cada año, unas 760.000 mujeres reciben tratamiento por complicaciones derivadas de abortos inseguros, y unas 900 mujeres mueren.

Un punto particular para destacar aquí es el uso de la categoría embarazo no deseado, especialmente cuando quien está embarazada es menor de edad (como vimos anteriormente en el caso de la maternidad forzada entre niñas). El embarazo no deseado desdibuja la línea entre los problemas de salud y el reconocimiento de un posible comportamiento delictivo (violencia sexual) contra niñas, adolescentes y mujeres. Por ejemplo, en Bolivia, según datos del Ministerio de Salud por medio del Servicio Nacional de Información en Salud, de enero a julio de 2020 se registraron 19.233 casos de embarazos en niñas y adolescentes, es decir 90 embarazos por día. En el caso del embarazo en niñas menores de 15 años, la cifra (953) asciende a cuatro embarazos por día. Las autoridades señalaron que la mayoría de los casos de embarazos en niñas menores de 15 años resultan de violencia sexual ejercida por agresores que forman parte del entorno familiar o cercanos a la víctima (Urgente.bo, 2020). Es particularmente relevante señalar que esta cantidad de embarazos infantiles y adolescentes se registra en el sistema de salud y no en el ordenamiento jurídico, entrando en la categoría de embarazo no deseado o embarazo no deseado de una menor de edad, y no como abuso sexual, un acto delictivo. El aborto a menudo todavía no es una opción para estas niñas. En El Salvador, las niñas menores de 14 años que abortan son encarceladas, incluso si la edad de consentimiento es 18 años y, por lo tanto, todos esos casos son según la normativa penal casos de violación.

El hecho de que las niñas tengan que dar a luz después de una violación es maternidad forzada; trunca sus sueños y las obliga a vivir con el trauma, el estigma y la culpa de haber sido violadas. Como estos casos son tratados en los medios de comunicación, en las políticas públicas y en los entornos médicos como embarazos no deseados en lugar de violencia, los violadores nunca son considerados responsables. De hecho, los activistas y políticos provida omiten a los hombres, en sus consideraciones, como padres y violadores. Esto confirma una vez más que una postura «provida» es una política cruel y misógina destinada a disciplinar a las mujeres.

Entonces, ¿qué ganan las fuerzas conservadoras con una política patriarcal tan dañina? Los rígidos roles de género femenino y el enfoque de las mujeres y las niñas en la reproducción de la vida brindan atención a los niños, los hombres, los enfermos crónicos y los ancianos. En la práctica, son mano de obra gratuita para una sociedad en la que el Estado no proporciona atención social y, en cambio, se centra en un mercado laboral masculino que busca la acumulación de capital. Retornar a una moral sexual restrictiva encaja en un orden neoliberal cada vez más socavado por la creciente igualdad de género, el aumento de la diversidad sexual y la emancipación y el ascenso de las minorías racializadas.

Proaborto, proinclusión

El aborto es una cuestión interseccional: las mujeres de escasos recursos económicos, rurales, indígenas y afrodescendientes tienen menor acceso al aborto seguro y a la educación sexual y otras formas de control de la natalidad. La discriminación institucional basada en género, raza y clase impide aún más que las mujeres en situación de pobreza de ascendencia indígena, mestiza y afro accedan adecuadamente a los servicios de salud reproductiva. Además, el hecho de que el movimiento provida promueva conductas sexuales heteronormativas obstaculiza aún más la posibilidad de la diversidad sexual, socavando las vidas de las personas LGTBIQ+.

Por lo tanto, la lucha por el derecho al aborto es parte de una lucha inclusiva por los derechos reproductivos y sexuales, incluida la educación sexual para todas las personas, una atención sanitaria reproductiva buena y gratuita y el acceso a métodos anticonceptivos y a la atención de maternidad. Si bien el aborto es el campo de batalla, el acceso a una gama de mejores servicios ha estado en la agenda de los movimientos de mujeres desde principios de los años 1980. La mayoría de las mujeres urbanas de clase media tienen acceso a servicios de salud reproductiva y a métodos anticonceptivos modernos, pero las mujeres rurales, las mujeres en situación de pobreza y otros grupos marginados no.

Educación sexual

Entre 2007 y 2017, Ecuador fue presidido por Rafael Correa. A partir de 2011, comenzó a implementarse en el país la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA). El programa definió el género como una construcción social que va más allá de la clasificación biológica de mujeres y hombres. Se dirigió a los adolescentes y se involucró con ellos por medio de reuniones en la escuela secundaria, folletos informativos, redes sociales y programas de radio. Los informes de políticas explicaban que ENIPLA se refería a la sexualidad como una parte natural y significativa de cómo las personas experimentan sus vidas. También ofreció información sobre masturbación, cambios biológicos, curiosidad sexual y anticoncepción mediante una campaña pública nacional. El programa reconoció y abordó el sexo, la identidad sexual, los roles de género, el erotismo, el placer y la intimidad. Sin embargo, en 2015, el mismo presidente Correa (izquierdista) lo remplazó por un programa conservador centrado en la familia.

En Perú, la educación integral en materia sexual y de género ha sido un campo de controversia desde mediados de los años 90. Los formuladores de políticas progresistas y los especialistas en educación han diseñado y entregado directrices para las escuelas en múltiples ocasiones, pero siempre han sido obstaculizados por influyentes grupos de presión religiosos cercanos al Gobierno. En 2016, el Gobierno peruano finalmente adoptó un plan de estudios escolar de educación sexual y de género para todos. Sin embargo, organizaciones conservadoras evangélicas de la sociedad civil con vínculos con políticos del Senado organizaron protestas en el movimiento #ConMisHijosNoTeMetas, oponiéndose a la igualdad de género y la diversidad sexual. Acusaron al Gobierno de promover la «perversión sexual y la confusión de identidad» e incluso obligaron al ministro de Educación a dimitir. En 2019, la Corte Suprema falló en contra de las objeciones y confirmó así que era deseable una perspectiva de género en el currículo nacional (Rousseau, 2020). La implementación es, por supuesto, una cuestión importante incluso en el hecho de que quienes se desempeñen como docentes estén bien capacitados para dictar dicho programa.

El rol de las feministas

Durante las movilizaciones masivas a favor del aborto entre 2018 y 2020 en Argentina, las organizaciones feministas se encontraron en asambleas uniendo a mujeres de distintas clases sociales en solidaridad con una huelga de mujeres. Realizar paros para mostrar la ausencia del trabajo femenino en los lugares de trabajo, en los hogares y en las organizaciones comunitarias es una estrategia económica que resalta el valor del trabajo de las mujeres más allá del mercado laboral asalariado. También genera una noción de la experiencia encarnada y territorial que es el trabajo de las mujeres, el activismo de las mujeres y los derechos de las mujeres. La huelga, basada en la idea de valor económico, es una protesta contra el uso y abuso de los cuerpos femeninos y feminizados; una campaña por el derecho de las mujeres, personas trans y travestis a una vida libre de violencia; y una campaña por el aborto, la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades y el bienestar.

Gago explica cómo a lo largo de este proceso se superaron las diferencias entre las mujeres por medio de una práctica de escucha. Por ejemplo, gracias al debate colectivo entre diferentes grupos de activistas, quedó claro que las mujeres que trabajaban en bancos de alimentos y comedores comunitarios no estaban dispuestas a dejar de suministrar alimentos durante la huelga; no querían dejar a las personas necesitadas sin su comida diaria. Juntas, las mujeres llegaron a un compromiso: coordinarían las entregas diarias de alimentos y proporcionarían acceso a las cocinas, pero no cocinarían ellas, en su lugar dejarían la tarea a otras personas de la comunidad. Como tal, el movimiento feminista en Argentina encontró una manera poderosa de movilizar a un gran número de mujeres y sus aliados, ocupar un espacio (territorio) político y real, contribuir al cambio social y proporcionar ideas intelectuales valiosas. El poder de la movilización feminista está potencialmente «cambiándolo todo», sostiene Gago.

Conclusiones

Este preocupante panorama se ve iluminado por la feroz resistencia de las numerosas movilizaciones locales y regionales por el derecho al aborto y las alianzas entre fuerzas progresistas. Argentina y México recientemente legalizaron completamente el aborto; el resultado de una movilización sostenida entre diferentes sectores y que proporciona nuevos campos de debate en toda la región. A medida que entramos en una nueva era política, con un feminismo mucho más vocal, visible y con más poder político (el nuevo Gobierno feminista en Chile, instalado a principios de 2022, es sin duda el ejemplo que todos veremos) y un movimiento conservador de derecha que puede estar perdiendo fuerza, debemos mirar el futuro con esperanza, fuerza y voluntad de cambiarlo todo. «Es una lucha muy dura», pero no está nada perdida.

CAPÍTULO 4

«Violencia hacia nuestros cuerpos, violencia hacia nuestros territorios»: resistir al acaparamiento de tierras y la violencia extractivista

El acaparamiento de tierras se refiere a la compra o al arrendamiento de grandes superficies de tierra por inversionistas privados o empresas del agronegocio. Estas adquisiciones suelen ser a largo plazo y las tierras adquiridas son para uso en la agricultura, lo que resulta, con frecuencia, en nuevas grandes extensiones de monocultivos. Los inversionistas del agronegocio aprovechan los vacíos legales de los países para realizar dichas prácticas, pues estos crean una «zona gris» entre los derechos de los habitantes tradicionales de las tierras y los marcos legislativos modernos sobre la propiedad, lo que facilita la labor de acaparamiento por grandes empresas del agronegocio (Global Agriculture, s.f.). Estos vacíos legales constituyen un enorme impedimento para que las comunidades (afrodescendientes, indígenas, campesinas o rurales) en las zonas afectadas por el acaparamiento de tierras puedan reclamar sus derechos. Cabe señalar que desde el año 2000 el acaparamiento de tierras se ha convertido en un elemento clave de las agendas de desarrollo en América Latina y ha sido promovido por gobiernos e instituciones financieras internacionales mediante los llamados «mercados de tierras», como una estrategia para atraer inversión extranjera directa y, de esta manera, impulsar el crecimiento macroeconómico. El acaparamiento de tierras ha generado violencia y despojo; en particular para las mujeres rurales e indígenas que viven en los territorios directamente afectados. En palabras de una lideresa de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri):

Nuestros cuerpos siguen siendo territorio de dominación patriarcal y económica; de guerras económicas para acaparar tierras, privatizar nuestros ríos y tierras. Estamos luchando para la transformación estructural del sistema capitalista patriarcal. (Anamuri, 2017)

Este capítulo analiza los impactos del acaparamiento de tierras en mujeres rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes habitan territorios ricos en recursos naturales y de importancia estratégica para empresas del agronegocio y de la industria extractiva en América Latina. La discusión resalta los efectos negativos de esta práctica de extractivismo verde para el goce de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, incluido el derecho a sus cuerpos y a sus territorios. Al mismo tiempo, se detallan algunas de estrategias de resistencia libradas por las mujeres para contrarrestar estos impactos y sus propuestas dirigidas a los responsables políticos para que apliquen modelos económicos que se condigan con sus derechos humanos fundamentales. Especialmente, el derecho a una vida libre de toda forma de violencia, incluida aquella que resulta del acaparamiento de tierras. Por último, este capítulo describe el incansable trabajo de las mujeres para crear conciencia, influir en los responsables políticos y movilizar a diversos grupos sociales de modo que se sumen a la lucha por los derechos de las mujeres y de la naturaleza en los ámbitos local, nacional e internacional.

El acaparamiento de tierras como una práctica deshumanizante

El acaparamiento de tierras está haciendo daño a nuestros cuerpos, a nuestras tierras, a nuestros territorios y sus ecosistemas.
Ercilia Araya (2022)

En América Latina, una gran mayoría de comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes están sufriendo los impactos del extractivismo de la minería y del agronegocio a gran escala. Esto ha conllevado a la negación de su derecho a la tierra, al despojo territorial generalizado, a la contaminación ambiental y, en última instancia, al desempoderamiento económico y cultural. Estos últimos se ven reflejados en la pérdida de sus formas de producción y medios de vida tradicionales, pérdida de saberes ancestrales que aseguran el bienestar de las comunidades y de los ecosistemas.

En toda América Latina, el acaparamiento de tierras para monocultivos (de caña, aceite de palma, eucalipto, soya, entre otros) ha resultado en desplazamientos forzados de comunidades enteras. Es el caso del pueblo maya Q’eqchi’ en Guatemala, quienes debieron abandonar su región durante 36 años de guerra civil, y hoy en día siguen sufriendo el despojo de sus tierras, el aumento de la pobreza, el hambre y el desempleo generalizado.

En Brasil, los pueblos indígenas se enfrentan a una situación similar. Cláudia, quien forma parte de la Comisión de Mujeres Indígenas Tupiniquims y Guaraníes, de Pau Brasil, en Bahía, explica los efectos devastadores del acaparamiento de tierras para monocultivos en su comunidad y en su ecosistema:

Por culpa de las plantaciones […] la tierra quedó arenosa. Eso viene del eucalipto, que sacó todas las vitaminas de la tierra. [...] Antes los ríos tenían corriente, ahora queda ese hilito de agua. ¿Cómo vamos a poder plantar? […] vamos a tener que luchar mucho […] y no para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos. (Barcellos y Batista, 2007)

Las empresas dedicadas al agronegocio y a la extracción de recursos naturales han utilizado múltiples tácticas para acaparar tierras, tales como procesos de certificación engañosos y la cooptación de miembros de la comunidad mediante la creación de grupos de «productores independientes». Estos grupos han actuado en contra de las reivindicaciones colectivas de sus propias comunidades. Como resultado, en Guatemala, por ejemplo, muchas de las mujeres y los hombres campesinos indígenas que se vieron obligados a vender sus tierras mediante estrategias engañosas han sido incorporados a un sistema de explotación laboral que ha tenido un alto costo para su empoderamiento socioeconómico y para la conservación de su identidad como pueblo Q’eqchi’ (Alonso-Fradejas, 2013).

En Colombia, el acaparamiento de tierras ha traído consigo violentos desalojos de comunidades campesinas, al mismo tiempo que el Gobierno ha privilegiado las grandes inversiones de empresas nacionales y extranjeras. Así, estas empresas han ocupado una gran parte de las tierras que debieron haber sido redistribuidas, en conformidad con los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de distribución equitativa de tierras. El compromiso de redistribución de tierras es uno de los puntos clave en la agenda de los acuerdos de paz en Colombia, y las mujeres colombianas lucharon arduamente para incluir este derecho en el texto oficial del acuerdo de paz firmado en 2016.

La violencia generada por el acaparamiento de tierras también se ha sentido fuertemente en el Amazonas brasileño. En la región de Maranhão, grupos de derechos humanos han documentado una oleada de conflictos por la tierra y un recrudecimiento de la violencia en contra de pueblos indígenas y trabajadores rurales, quienes se ven afectados incluso en los territorios donde se han instalado en busca de refugio contra las amenazas de muerte por conflictos de tierra (Ennes, 2021).

Impacto en los cuerpos de las mujeres y en sus derechos sexuales y reproductivos

Las actividades agroalimentarias a gran escala dependen mayoritariamente del uso intensivo de tóxicos plaguicidas y de agroquímicos, los cuales se ha comprobado que son extremadamente perjudiciales para la salud de las mujeres y los hombres en los territorios. En Chile, desde el año 2009, la organización de mujeres rurales e indígenas Anamuri, que forma parte de Vía Campesina, un movimiento mundial de campesinos y campesinas por la soberanía alimentaria,^[34] han estado denunciando y documentando los efectos de los plaguicidas en la salud de las mujeres y de sus hijos. Mediante testimonios de trabajadoras rurales y trabajadoras temporales migrantes, Anamuri ha recolectado evidencia sólida que demuestra que los agroquímicos utilizados por las empresas del agronegocio frutícola en Chile constituyen una amenaza para la salud:

Desde niña he trabajado en el campo cosechando fruta, y ahora trabajo en empresas exportadoras... los productos químicos contra las plagas son un temor constante, ya que he visto a muchos compañeros con el cuerpo quemado por haber sido rociados con plaguicidas... muchos hoy tienen cáncer de piel [...]. Después de haber sido envenenada con productos químicos me informé y sé que por ley las empresas deben darme las herramientas de prevención de riesgos para evitar estar en contacto con los plaguicidas. (Anamuri, s.f.)

Las pruebas reunidas por Anamuri incluyen además testimonios de jóvenes trabajadoras embarazadas que denunciaron un aumento del número de abortos espontáneos y malformaciones congénitas debido al uso de pesticidas.

Haciendo eco de Anamuri, en 2012 algunas redes internacionales de mujeres indígenas presentaron pruebas alarmantes en foros internacionales. Fue el caso del primer Simposio Internacional de Mujeres Indígenas sobre la Salud Reproductiva y Ambiental, espacio en el cual los participantes, entre los que se encontraban mujeres de América Latina y el Caribe, afirmaron que los pueblos indígenas, en concreto las mujeres y los niños, estaban sufriendo los «efectos perjudiciales, devastadores, multigeneracionales y mortales» de los plaguicidas. Por ejemplo, la contaminación de la leche materna; los altos niveles de cáncer en los órganos reproductores de las mujeres, incluidas las jóvenes; un alto número de abortos espontáneos y mortinatos en mujeres embarazadas, además de elevados índices de esterilidad o de baja fertilidad (ONU, 2010).

En Brasil, el uso intensivo de agroquímicos ha tenido un impacto negativo en la salud de las mujeres que trabajan en las grandes plantaciones de aceite de palma. Durante una encuesta realizada en Baixo Guajaribe, localidad del estado de Ceará, en el noreste brasileño, las trabajadoras mencionaron una serie de síntomas físicos, tales como irritaciones en garganta y ojos, problemas con el sistema respiratorio, lesiones por esfuerzo repetitivo, aumento en los casos de cáncer, casos de malformación congénita y de pubertad precoz. Estos problemas han crecido de manera exponencial desde la llegada de las empresas de agronegocios al lugar. Las trabajadoras también mencionaron el impacto en su salud mental, al verse enfrentadas a experiencias traumáticas de despojo de tierras, exposición a plaguicidas y agroquímicos, condiciones de explotación laboral y violencia sexual y de género (Melo y Rigotto, 2018).

En Colombia, por su parte, los agroquímicos utilizados en plantaciones de palma aceitera han contaminado los ríos, que son cruciales para asegurar el bienestar y la seguridad alimentaria de las comunidades. Como resultado, las mujeres y sus comunidades se han visto obligadas a beber el agua contaminada y a cocinar con ella, lo que ha traído consecuencias negativas para su salud, como vómitos, fiebre, irritaciones de la piel y problemas estomacales. Catalina,^[35] lideresa afrodescendiente de la zona rural de María la Baja, en el norte de Colombia, relata los efectos nocivos de los pesticidas en los territorios y en las mujeres que allí habitan:

Esta tierra era de abundancia. Todos los días salían camiones llenos de ñame, de yuca, de fríjol y frutas a Cartagena, incluso a Medellín. Ahora ya no queda nada, porque la tierra la plantaron con palma, y salen plagas […]. El agua está contaminada por los agroquímicos que le ponen a la palma. Por eso todas las mujeres tienen infecciones vaginales; hay muchas enfermedades de la piel sobre todo en los niños, y también enfermedades renales. (Castro, 2018, 15)

En las zonas rurales, y en particular en los territorios indígenas y afrodescendientes, las comunidades utilizan el agua que proviene de las cumbres de las montañas para el trabajo productivo y el cuidado reproductivo (cocinar alimentos sanos para sus familias, garantizar la limpieza, la higiene y la prevención de epidemias como el cólera). Por lo tanto, el acaparamiento del agua y de los ríos para el agronegocio de exportación a gran escala es una violación de los derechos humanos fundamentales, en su dimensión individual como colectiva. Esto quiere decir violación del derecho a una vida digna y sin violencia, y el derecho a los más altos estándares de bienestar físico y mental.

El acaparamiento de tierras es una de las principales causas de violencia física y sexual en contra de las mujeres, y es especialmente visible en aquellos casos donde las comunidades son expulsadas de sus territorios. Así lo testimoniaba en 2007 una mujer indígena maya del pueblo Q’eqchi’, quien sobrevivió a la traumática experiencia de violación colectiva por parte de fuerzas policiales guatemaltecas durante la expulsión de su comunidad en el territorio reclamado por la compañía canadiense HudBay Minerals. Otra testigo que sobrevivió a la tragedia del Lote Ocho en Guatemala expresó lo siguiente: «Duele recordar lo que ocurrió aquel día, […] perdí a mi bebé como resultado de lo que aquellos hombres me hicieron».^[36] Los proyectos extractivistas que generan los acaparamientos de tierras también han sido asociados a múltiples formas de violencia de género, como por ejemplo la prostitución, la trata de personas y de niños y niñas, el acoso sexual y la violación (Solano, 2015).

El acaparamiento de tierras y las prácticas extractivistas que esto genera son causas profundas e innegables de la violencia contra los cuerpos de las mujeres y violan sus derechos humanos fundamentales (sociales, económicos, políticos y culturales; sexuales y reproductivos), así como su derecho a vivir y producir en un medioambiente limpio y sano. En este sentido, el acaparamiento de tierras es una forma de violencia medioambiental en contra de las mujeres y de sus comunidades, y no se debe dejar de lado en las discusiones y en las políticas sobre los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Cabe señalar que en la vida cotidiana de las mujeres en los territorios afectados por el acaparamiento de tierras, la violencia de género interseccional no solo se manifiesta en el daño causado directamente a sus cuerpos, sino también en el daño causado a la naturaleza. Estos daños son de diversa índole, e incluyen actos violentos como la quema intencionada de bosques, la contaminación del suelo y el agotamiento de las cuencas hidrográficas, de ríos y océanos. En sus territorios, el agua, el aire limpio, el suelo no contaminado son bienes comunes que las mujeres y sus comunidades protegen y resguardan, pues ellos garantizan sus modelos de producción y de autosuficiencia al mismo tiempo que garantizan sus derechos a la salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, la violencia medioambiental está estrechamente relacionada con la integridad física y psicológica de las mujeres y de sus comunidades. El vínculo específico entre violencia extractivista y daño a cuerpos y territorios ha sido definido por mujeres lideresas indígenas de Argentina como terricidio. Este concepto se refiere al asesinato de todas las formas de vida, incluida la muerte de la naturaleza (ecocidio), de las mujeres (feminicidio) y de los pueblos indígenas (genocidio). Organizaciones como Anamuri (CLOC y Vía Campesina, 2016) han resaltado el vínculo entre el daño a la Madre Tierra y el daño a las mujeres como parte de un entramado de poder estructural y que ha sido agudizado por el capitalismo extractivista: «Nosotras, las mujeres, queremos dejar muy claro que toda forma de violencia en contra de la biodiversidad y de la Madre Tierra es violencia capitalista y patriarcal en contra de las mujeres». En consonancia con el pensamiento de Anamuri, mujeres lideresas como Nina Gualinga, activista indígena del pueblo Kichwa de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, han afirmado que: «Como mujeres indígenas protegemos nuestros territorios. Protegemos las montañas, la selva, el agua, el aire, y nuestros cuerpos como parte de la tierra. Cualquier violación de nuestra tierra es una violación de nuestros cuerpos» (Morales de la Cruz, 2022).

El deber de protección de la Madre Tierra y de todos sus elementos (aire, agua, vida) así como del nexo cuerpo-territorio es parte de un paradigma político-filosófico que en Ecuador y Bolivia ha sido politizado e incorporado en el ámbito macropolítico, que forma parte de la Constitución de esos países, bajo el nombre de sumak kawsay o buen vivir. De igual manera, el sumak kawsay ha sido utilizado como paradigma de transformación social y cultural por pueblos indígenas, comunidades rurales, movimientos sociales y de mujeres [ver recuadro 4.1].

La dimensión geopolítica del acaparamiento de tierras

Es importante considerar la dimensión geopolítica de la violencia generada por el acaparamiento de tierras, especialmente por la forma en que ha afectado a los pueblos indígenas. La lucha de los pueblos indígenas por el derecho a la tierra y al territorio es un ejemplo de resistencia histórica contra las relaciones de poder colonial y los intereses capitalistas, que durante siglos han ejercido diferentes formas de violencia sobre sus cuerpos y ecosistemas. La violencia generada por el acaparamiento de tierras es además resultado de arreglos geopolíticos entre los Estados patriarcales y grandes empresas corporativas, quienes adquieren grandes extensiones de terreno destinadas al agronegocio o a la minería y cuyo principal objetivo es asegurar un máximo de ganancias. Estos arreglos geopolíticos definen el acceso a la tierra y a los territorios como mercancías y no como derechos humanos fundamentales. Resistir a la geopolítica de la violencia en los cuerpos y territorios de las mujeres indígenas y campesinas, y reclamar el derecho al buen vivir y la soberanía alimentaria ha unido a las mujeres campesinas e indígenas de Brasil:

La causa indígena no puede ser borrada de la historia por los «vencedores», es necesario que la recordemos. La recordamos porque es una lucha de unidad y de fortaleza que restaura los principios de la lucha colectiva, de protección de nuestros bienes mayores que se configuran en el territorio, la naturaleza, la vida, las identidades y sin los que no existimos... Reafirmamos tejer juntas la red de sostenibilidad y solidaridad para el buen vivir. Pero también reafirmamos que no existe el buen vivir cuando existen lágrimas y sangre de mujeres violentadas en nuestras comunidades campesinas y pueblos tradicionales; tanto por el sistema opresor, como por el patriarcado y el machismo. (ANMC, 2021, 65-66)

Mujeres en resistencia contra el acaparamiento de tierras y la violencia medioambiental

Por medio de campañas internacionales, muchas mujeres lideresas se han pronunciado contra el acaparamiento de tierras y la violencia que esto acentúa, y que se traduce en una práctica sistemática de despojo que vulnera los derechos fundamentales de las comunidades indígenas rurales, pone en peligro la vida de las próximas generaciones y su derecho a la soberanía alimentaria.

Muchas mujeres en América Latina están resistiendo al acaparamiento de tierras, inspiradas por el sumak kawsay, ya sea por medio de actividades de atención social que promueven el buen vivir al interior de sus comunidades, o bien movilizando a sus comunidades, participando en la vida política u organizando asambleas y consultas populares. Por ejemplo, Mujeres Amazónicas, un colectivo de más de 100 mujeres en su mayoría indígenas, de seis naciones indígenas de la Amazonía ecuatoriana, están luchando por proteger los derechos de las mujeres indígenas, mitigar la violencia de género, defender sus territorios de los acaparadores de tierras, proteger el medioambiente, la educación y la salud de los indígenas y preservar sus tradiciones culturales en las generaciones por venir. Su trabajo se inspira en el sumak kawsay y sus campañas incluyen trabajo de incidencia política para reclamar justicia. Recientemente hicieron una petición de justicia para María Taant, lideresa del pueblo Shuar en Ecuador, quien se opuso abiertamente a la ocupación de su territorio, luchó por sus cuatro hijos y murió en un sospechoso accidente. En su objetivo de crear espacios seguros para mujeres indígenas, abrieron la Casa de Mujeres Amazónicas, en Puyo, donde las mujeres se congregan para participar en actividades culturales y educativas.^[37]

Muchas organizaciones de mujeres rurales e indígenas, como es el caso de Anamuri, han adoptado la soberanía alimentaria como una forma de resistencia que incluye los derechos de la naturaleza y promueve modos de producción no violentos. El principio de soberanía alimentaria fue acuñado por Vía Campesina en 1996 e implica el derecho de un país a producir de forma autónoma, decidiendo sobre el tipo de alimentos que produce y garantizando el derecho a una alimentación adecuada y saludable para todos (Vía Campesina, 2003). Este paradigma de resistencia es crucial para las mujeres campesinas y rurales de América Latina, ya que implica cuidar de los ecosistemas locales y de la biodiversidad, y garantizar el acceso a alimentos sanos y adecuados para las comunidades en los mercados locales. La adopción de la soberanía alimentaria también ha empoderado a las mujeres rurales. En el caso de Anamuri, ellas han logrado influir en las políticas agrícolas de Chile y han mantenido una lucha tenaz en contra del uso de pesticidas y de los organismos genéticamente modificados.

En sus respectivos territorios, las mujeres están aplicando modelos de producción local basados en prácticas agrícolas sostenibles que garantizan la protección y la conservación de los ecosistemas y el buen vivir de las comunidades. Uno de estos modelos es la agroecología; un modelo de producción gracias al cual las mujeres han podido garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, la autosuficiencia, la generación de ingresos y la protección del medioambiente. El Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) [Movimiento de Mujeres Campesinas] de Brasil, por ejemplo, aboga por la protección de la agricultura campesina agroecológica. Este modelo se basa en la diversificación y los sistemas agrícolas sostenibles, produciendo cultivos que garantizan la alimentación sana de la familia y los consumidores, y que protegen los recursos naturales. En la Amazonía brasileña, las lideresas indígenas también han garantizado la protección y la conservación de los ecosistemas locales preservando y transmitiendo sus conocimientos ancestrales a las comunidades. Edilena Krikati, una de las lideresas amazónicas, ha desarrollado una importante labor de defensa de la soberanía de los cuerpos, las tierras y los territorios de las mujeres, recopilando pruebas y evidencias sobre el daño causado por el acaparamiento de tierras y proponiendo alternativas que las protejan a ellas y a sus ecosistemas. Para Edilena:

las mujeres somos las primeras en sentir y observar los impactos y cambios relacionados con el clima en nuestra vida cotidiana, porque tenemos una relación especial con la naturaleza y el territorio. También somos quienes guardamos las semillas y transmitimos conocimientos a las nuevas generaciones, incluidas las diferentes formas de hacer protección territorial. (Bonilha, 2019)

Las mujeres indígenas lideresas de la región de Maranhão también han desarrollado prácticas agroecológicas como, por ejemplo, protección de semillas y de ecosistemas mediante técnicas de reforestación, creación de viveros de semillas nativas y de plantas medicinales, apicultura y producción de miel, ferias de intercambio de semillas, saneamiento de ríos y vertientes, organización de brigadas antincendios, y otras prácticas inspiradas en el buen vivir como el cuidado de la espiritualidad, y la protección permanente de la Madre Tierra (Bonilha, 2019).

En Perú, por ejemplo, la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) aboga por políticas que garanticen los derechos de las mujeres a la tierra, a la mitigación de conflictos y a la seguridad alimentaria sostenible, incluyendo prácticas de conservación de sus ecosistemas en territorios indígenas y afrodescendientes. En Paraguay, las mujeres del pueblo Qom han estado empleando modelos productivos que protegen la biodiversidad y garantizan el acceso a alimentos saludables para sus comunidades y mercados locales. Esto incluye el uso de sus conocimientos ancestrales sobre protección y conservación de la biodiversidad y la defensa de su derecho a un medioambiente limpio, asegurando la disponibilidad de agua no contaminada para tareas productivas y reproductivas. Ellas han construido un pozo para acceder a agua potable en una zona que se está secando por el monocultivo de eucaliptos. También están preservando y reforestando con totora, una planta nativa similar a la enea, que crece en charcos de agua y recoge el agua de lluvia, además de ser utilizada en la artesanía (Fajardo, 2021).

Sin embargo, el activismo de las mujeres contra la violencia medioambiental corre el riesgo de agudizar la violencia de género contra ellas. Este hecho demuestra, una vez más, el vínculo inseparable entre la violencia medioambiental y violencia en contra de las mujeres. Desde hace muchos años, las mujeres lideresas han estado denunciando sistemáticamente las formas de violencia de género e interseccional que las afectan, por el hecho de ser mujeres. Berta Cáceres, quien trabajó defendiendo el territorio y los derechos de sus congéneres del pueblo Lenca en Honduras, y quien pagó con su propia vida esta lucha, denunciaba la violencia sistémica interseccional que afecta a las mujeres indígenas y afrodescendientes:

No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal, las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas. (Mediavilla, 2022)

Al igual que otras activistas medioambientales, en su lucha contra las violencias estatales y corporativas, Berta se enfrentó a diario a la violencia de género, al acoso, a amenazas de muerte y a la criminalización de su lucha, y fue finalmente asesinada. Su muerte marcó un punto final en el continuum de violencia a la que se siguen enfrentando miles de mujeres lideresas en sus respectivos territorios [ver el recuadro 4.2].

No a la impunidad

Ante el aumento del acaparamiento de tierras y su impacto devastador en los derechos humanos fundamentales de las mujeres y en el medioambiente, las mujeres y sus redes aliadas se han organizado para crear conciencia y movilizar a sus bases en el ámbito local, nacional e internacional. En el ámbito político, han insistido en la urgente necesidad de aplicar las leyes y las políticas que garanticen una redistribución equitativa de tierras. De la misma manera, han hecho un fuerte llamado a los gobiernos para que cumplan con su deber de proteger los derechos humanos fundamentales de las mujeres y erradiquen la cultura de impunidad que rodea los casos de violencia extractivista en contra de las mujeres, las niñas y las personas trans. Así lo señalaban organizaciones de mujeres indígenas durante el primer simposio internacional organizado por la ONU en 2010:

La protección de nuestra salud, tierras y recursos, entre ellos el aire, el agua, las lenguas, las culturas, las comidas tradicionales y las formas de subsistencia, la soberanía, la libre determinación y la transmisión de nuestros conocimientos tradicionales y enseñanzas a las generaciones futuras constituyen derechos humanos inherentes e inalienables. Estos derechos están ratificados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en otras normas internacionales, y se deben defender, respetar y cumplir en su plenitud. 

En todo el continente, las mujeres han insistido en el deber del Gobierno de hacer cumplir la legislación vigente y exigir responsabilidades a las empresas y a los actores del sector privado por cualquier acción que viole el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incluidos el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y la contaminación de sus ecosistemas. Las instituciones públicas (incluido el poder judicial) y los agentes privados (incluidas las empresas) son responsables de actuar con la debida diligencia. La falta de actuación de los gobiernos es una forma de violencia estatal que debe considerarse como un acto de no asistencia a personas en peligro.

Con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, muchas lideresas indígenas han documentado el aumento de casos de violencia doméstica en espacios privados y de violencia estructural en territorios y áreas protegidas que están siendo disputados por empresas agroindustriales y extractivas. Ellas han denunciado el aumento de la quema intencionada de sus tierras, de sus hogares y sus comunidades; han recopilado evidencia relacionada con las violentas ocupaciones de sus tierras y territorios y con desplazamientos forzados; todo esto ocurre ante la falta de acción de los gobiernos y su reticencia a tomar medidas para frenar la ola de violencia extractivista. De igual manera, muchas mujeres han denunciado la impunidad que rodea a los asesinatos de campesinos, indígenas y afrodescendientes que han perdido la vida defendiendo el derecho a la tierra y al territorio, como es el caso de Berta Cáceres.

Edilena Krikati es una de las lideresas indígenas que ha condenado el racismo estructural del acaparamiento de tierras y la impunidad institucionalizada que rodea los casos de violencia contra mujeres indígenas en el Amazonas brasileño. Según Krikati el racismo es tan fuerte en Brasil que la gente ya no oculta sus prejuicios contra los pueblos indígenas: «Ahora estamos percibiendo más claramente este prejuicio que antes estaba escondido. Antes la gente lo disimulaba bien; hoy no. Hoy es normal que la gente diga que no le gustan los indígenas» (Galvão & Flávio, 2019). El testimonio de Krikati está respaldado por evidencia abrumadora que demuestra que, en la actualidad, los casos de violencia contra personas indígenas relacionada con el acaparamiento de tierras suelen quedar impunes en Brasil. Por ejemplo, en 2019, 31 personas fueron asesinadas en una ola de violencia rural que, según los activistas, fue impulsada por el discurso antindígena del Gobierno brasileño. Esto concuerda con el testimonio del periodista de Mongabay, Daniel Camargos, quien afirmó en 2021 que:

Cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil a principios de 2019, instaló un clima de hostilidad hacia los activistas rurales: indígenas, ecologistas, defensores de los derechos de las personas trabajadoras sin tierra y comunidades que subsisten gracias al uso sostenible de los recursos forestales.

La mayoría de las 31 personas asesinadas en 2019 estaban defendiendo sus territorios, y muchos de ellos estaban afiliados a movimientos de trabajadores sin tierra o de pueblos indígenas. Hasta el momento de esta publicación, no han existido condenas, y las investigaciones policiales sobre 19 de los asesinatos continúan, aunque aún sin respuestas. El único caso que fue cerrado se consideró ahogamiento accidental, pese a existir «evidencia de violencia contra la víctima indígena».

La reticencia de las autoridades a aplicar la legislación vigente en casos de violencia relacionada con el acaparamiento de tierras ha agudizado la condición de vulnerabilidad de las comunidades indígenas, y ha obligado a las mujeres lideresas a organizarse, en cuanto guardianas de la tierra, para garantizar la protección de sus vidas, sus tierras y sus ecosistemas. Es también el caso de los habitantes de las áreas protegidas de Maranhão, quienes se han vuelto más vulnerables y se han organizado ante la negativa del Gobierno federal para cumplir con su deber de proteger las tierras indígenas. Estas personas vigilan y protegen sus tierras e identifican y denuncian las actividades delictivas y las violaciones cometidas por cazadores, madereros, narcotraficantes y otros invasores. Sin embargo, como señala Patrícia Bonilha, de Greenpeace Brasil, este trabajo tan necesario también ha aumentado el riesgo de que estas personas se conviertan en una víctima más de la violencia (Bonilha, 2019).

Para Eloy Terena, abogado indígena y asesor legal de la Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) [Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña]:

Lidiar con la ausencia del Estado es parte de nuestra realidad cotidiana. Utilizamos nuestros vehículos para controlar y vigilar nuestras tierras, poniendo en peligro nuestras vidas. Lo que queda del bioma amazónico está en nuestras tierras y lo hemos preservado muy bien. Esto forma parte de nuestra lucha y es la razón por la que estamos expuestos a las amenazas de agricultores, mineros e incluso políticos. (Hivos, 2021)

La «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer» del CEDAW es un tratado internacional que fue adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En la actualidad, 19 países latinoamericanos han ratificado la convención. Esto significa que están legalmente obligados a implementar las provisiones establecidas en la convención y a presentar informes nacionales al menos cada cuatro años. Estos informes deben dar cuenta de los esfuerzos realizados para cumplir con sus obligaciones en la materia.

Cabe destacar la Recomendación General n.° 34 del CEDAW (2016) sobre mujeres rurales. Esta destaca que las defensoras de derechos humanos están con frecuencia expuestas a la violencia en su trabajo: por ejemplo, cuando buscan protección para víctimas de violencia, cuando tratan de transformar la cultura local o en sus intentos por obtener derechos de acceso a recursos naturales. La Recomendación n.° 34 (CEDAW, 2016) también menciona el hecho de que, en muchas regiones, las mujeres rurales están sobrerrepresentadas entre los trabajadores agrícolas:

lo que las expone a mayores riesgos sanitarios asociados al uso inadecuado y generalizado de fertilizantes y plaguicidas por diversos agentes, que provoca enfermedades, muertes prematuras, complicaciones en el embarazo, trastornos fetales y trastornos físicos y de desarrollo en los bebés y los niños. (17)

La Recomendación n.° 34 (CEDAW, 2016) insta a los Estados miembro a

Aplicar medidas para prevenir y responder a los ataques y amenazas contra los defensores de los derechos humanos de las mujeres rurales, prestando especial atención a los que se dedican a cuestiones relacionadas con la tierra y los recursos naturales, la salud de la mujer, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, la eliminación de las costumbres y prácticas discriminatorias y la violencia por razón de género. (10)

Establecer cuotas y objetivos de representación de las mujeres rurales en los puestos decisorios, en concreto en los parlamentos y órganos de gobernanza a todos los niveles, incluidos los órganos de gobernanza de la tierra, los bosques, la pesca y los recursos hídricos, así como en la gestión de los recursos naturales. En este sentido, deberían establecerse objetivos y marcos claros para lograr la igualdad sustantiva de hombres y mujeres. (19)

Los Estados partes deberían velar por que la legislación garantice los derechos de las mujeres rurales a la tierra, el agua y otros recursos naturales en pie de igualdad con los hombres [...]. Deberían garantizar que las mujeres indígenas de las zonas rurales disfruten del mismo acceso que los hombres indígenas a la propiedad, la posesión y el control de la tierra, el agua, los bosques, la pesca, la acuicultura y otros recursos que han poseído, ocupado o utilizado o adquirido tradicionalmente, entre otras cosas protegiéndolas contra la discriminación y la desposesión. (21)

Pese a todas las recomendaciones del CEDAW, muchos países en la región no han cumplido con sus obligaciones relacionadas con la distribución equitativa de tierras. Por el contrario, han privilegiado las grandes adquisiciones de tierras por las empresas. En Brasil, por ejemplo, el Gobierno no ha respetado su obligación de restituir las tierras ancestrales a las comunidades indígenas y afrodescendientes, incluidas las comunidades quilombolas.^[38] En Colombia, el Gobierno no ha cumplido con la entrega de tierras a personas afectadas por el conflicto armado. Como se ha demostrado en este capítulo, las respuestas y los mecanismos gubernamentales para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres defensoras de los derechos humanos han sido débiles, en particular en lo que se refiere a la protección de aquellas defensoras que trabajan en el ámbito rural en temas relacionados con la tierra y los recursos naturales.

Un marco normativo esencial en el debate sobre acaparamiento de tierras, violencia de género extractivista y derechos humanos fundamentales es el Convenio n.° 169 de la ONU sobre pueblos indígenas y tribales [ver recuadro 4.3].

Otro marco político internacional para el empoderamiento de la mujer y el logro de la equidad de género es la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. Esta fue adoptada en 1995, de forma unánime por 189 países, incluidos todos los países de América Latina y del Caribe. A pesar de no ser un instrumento vinculante (es decir, los países son libres de aplicar o no las recomendaciones, y pueden optar por informar o no), los gobiernos que siguen la declaración se han comprometido a garantizar que las actividades económicas de las mujeres (tradicionales y nuevas) no se vean afectadas por las políticas nacionales relacionadas con los acuerdos comerciales internacionales y regionales [párrafo 165, k] y que «todas las empresas, incluidas las empresas transnacionales, cumplan las leyes y los códigos legales, las normas de seguridad social, los acuerdos internacionales vigentes, incluidos los relativos al medioambiente y otras leyes pertinentes» [párrafo 165, L.] (ONU, 1995, 75). Es evidente que la Declaración de Beijing ha sido ignorada por los gobiernos y las empresas de la región.

Las mujeres influyen en las políticas y las prácticas no dañinas

Desarrollado en la década de 1990, el concepto de políticas y acciones que «no hacen daño» (DNH) [Do No Harm] pretende evitar que las organizaciones de cooperación internacional y en particular aquellas que trabajan en situaciones de conflicto y posconflicto provoquen consecuencias negativas no deseadas en su trabajo en el terreno. Desde la década del 2000, este concepto se ha ido ampliando, cubriendo el ámbito de la política y las prácticas comerciales de las empresas internacionales. En el ámbito del agronegocio y del extractivismo minero, la larga lista de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de sus comunidades y sus territorios es testimonio del nivel de perjuicio y daño causado por un gran número de empresas trasnacionales, junto con sus socios nacionales.

El poder de las mujeres para influir en las políticas y las prácticas no dañinas ha sido ampliamente demostrado, pero pocas veces tomado en cuenta por los gobiernos de la región. Desde la creación de este concepto, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) ha realizado un sostenido trabajo de cabildeo e incidencia política para la adopción de políticas que no hagan daño, tanto nacional como internacionalmente. El FIMI fue creado por mujeres lideresas indígenas de América Latina y hoy cuenta como asociadas a organizaciones de mujeres indígenas de todo el mundo. Su trabajo está fuertemente enraizado en las vidas de las mujeres en los territorios, en sus experiencias y en sus saberes ancestrales, y otorga un lugar preponderante a la defensa de sus derechos humanos fundamentales como mujeres y como parte constitutiva de los pueblos indígenas. El FIMI ha expuesto el carácter sistémico e interseccional de la violencia en contra de las mujeres indígenas en varios eventos de la ONU y han formado alianzas con la Internacional Land Coalition (ILC) [Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra]. Para el FIMI, la violencia estructural en contra de las mujeres indígenas es de carácter interseccional, es decir, no solo es de género (por ser mujeres), sino también por ser mujeres indígenas. Esto quiere decir que tiene sus raíces en un pasado colonial, ha sido nutrida por el racismo y el capitalismo patriarcal. Para el FIMI los motores de la violencia estructural contra las mujeres indígenas son:

Las políticas de ajuste macroeconómico que afectan desproporcionadamente a las mujeres indígenas; leyes discriminadoras relacionadas con los derechos a la tierra, los recursos naturales, los préstamos y los créditos; proyectos de desarrollo agresivos como la minería y la agroindustria en tierras indígenas que resultan en la contaminación de la tierra, el despojo y la pérdida de las formas tradicionales de subsistencia. (FIMI, 2020, 13)

El FIMI también ha documentado la difícil situación de las mujeres indígenas migrantes cuya experiencia de migración de áreas rurales a urbanas es frecuentemente resultado del despojo de tierras, de la inseguridad alimentaria y del desplazamiento forzado en situaciones de conflicto. Por medio de su trabajo de investigación para la acción política, el FIMI ha redefinido la violencia interseccional contra las mujeres con base en un análisis sistémico, el cual incluye las escalas macro y micro de la violencia interseccional de género. A escala macro, las violencias interseccionales generadas por el acaparamiento de tierras incluyen la discriminación estructural, el racismo institucional, la violencia corporativa y estatal. A escala micro se encuentran tipos de violencia que forman parte de la vida cotidiana de las mujeres, ocurren en espacios privados y públicos y a menudo son socialmente naturalizadas o toleradas (violencia verbal, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, espiritual). Las mujeres indígenas han conceptualizado las violencias macro y micro como inseparables. Desde este ángulo analítico, la violencia vivida como mujeres individuales es inseparable de la violencia ejercida sobre sus pueblos y territorios, incluyendo sus ecosistemas (FIMI, 2006; FIMI, 2021; ECMIA, 2021).

En el ámbito de su trabajo de incidencia internacional, en 2021, el FIMI y MADRE, una organización aliada, presentaron ante el CEDAW de la ONU propuestas para ser consideradas en una nueva «Recomendación General sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas» (CEDAW, 2022) .^[39] En su documento de propuestas, el FIMI llama la atención sobre el hecho de que «la convención del CEDAW no reconoce específicamente a las Mujeres y las Niñas Indígenas [sic] como sujetas de derechos individuales y colectivos». El FIMI también enfatiza la naturaleza sistémica e interseccional de la violencia en contra de mujeres y niñas indígenas dentro y fuera de sus territorios y hace un llamado al Estado en su rol de garante de derechos a «abordar las consecuencias de las injusticias históricas y brindar apoyo y reparaciones a las comunidades afectadas como parte de la reconciliación y el proceso de construcción de sociedades libres de discriminación contra las mujeres y las niñas indígenas», incluyendo a las mujeres indígenas urbanas, rurales, adultas mayores, desplazadas, refugiadas, migrantes, LGTBIQ+; así como aquellas en situación de pobreza y con alguna forma de discapacidad (FIMI, 2021, 6).

También exigen que los Estados recopilen datos desglosados sobre las formas de discriminación y violencia de género que enfrentan las mujeres y las niñas indígenas. Las propuestas del FIMI destacan la importancia de hacer cumplir los marcos internacionales existentes para garantizar la prevención de la violencia de género e interseccional, la protección de las víctimas y sobrevivientes, y el castigo a los actores públicos y privados que no procedan con la debida diligencia en casos de violencia relacionada con el acaparamiento de tierras:

El despojo y la usurpación de tierras y territorios indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas priva a las mujeres y las niñas indígenas de fuentes de sustento que son vitales para su supervivencia; además, crea condiciones inseguras para ellas y facilita la incursión de actores estatales y no estatales que a menudo cometen actos de violencia en su contra. (FIMI, 2021, 7)

Al igual que el FIMI, en 2019, otras organizaciones de la sociedad civil, incluidas redes de mujeres rurales y campesinas, presentaron sus propuestas al CEDAW. En alianza con organizaciones de la sociedad civil colombiana y con el apoyo de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, estas redes presentaron un informe alternativo al CEDAW. El informe, primero en su género, delineaba los retos específicos que afectan a las mujeres rurales y campesinas en Colombia. Los temas clave destacados en el informe eran el cumplimiento con los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de equidad en la restitución de tierras (como se estipula en los acuerdos de paz), incluyendo las necesidades específicas de las mujeres rurales y campesinas, y garantías para su efectiva participación en procesos relacionados con la restitución, la reparación y la protección (CEDAW, 2019).

Sí podemos: la jurisprudencia como instrumento de transformación política

En el ámbito nacional, otras redes de mujeres, junto con sus comunidades, han logrado influenciar políticas y marcos legales favorables a la justicia social, climática y de género. Es el caso de la comunidad indígena Colla Pai’Ote, conformada por habitantes ancestrales en una región cercana al salar de Maricunga, ubicado a unos 170 kilómetros al noroeste de la ciudad de Copiapó, en el norte de Chile. Bajo el liderazgo de Ercilia Araya Altamirano, esta comunidad ha resistido a proyectos extractivistas en sus territorios, y lograron una importante victoria legal en febrero del 2022. Su lucha comenzó en 2018, cuando el Gobierno de aquel entonces abrió su territorio a la inversión extranjera directa mediante la aprobación de un megaproyecto de explotación de litio en el salar de Maricunga. El plan original del Gobierno era permitir la extracción de litio en una superficie aproximada de 80 mil hectáreas, agravado posteriormente con la pandemia de covid-19 como plan del Gobierno para reactivar la economía nacional afectada. El proyecto fue objeto de resistencia por parte de las comunidades, ante la amenaza de su modelo de vida anclado en la trashumancia, la soberanía alimentaria, el cuidado de su ecosistema y su territorio ancestral, que incluye los lagos de sal. Movilizados en resistencia contra el proyecto «Producción de Sales Maricunga», Ercilia y la comunidad Colla Pai’Ote, junto con otras comunidades aliadas, comenzaron un sistemático trabajo de concientización, de cabildeo e incidencia sobre los impactos de esta nueva ola de extractivismo y acaparamiento de ecosistemas para la extracción del litio en sus territorios. En 2018, y ante la ausencia de un proceso de consulta indígena, en conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del cual Chile es firmante, la comunidad Colla Pai’Ote presentó una demanda en contra de la empresa responsable del proyecto (Simco) y del Servicio de Evaluación Ambiental. El proyecto en cuestión incluía la explotación de litio en territorio ancestral Colla, y donde han vivido las comunidades desde antes de la conquista española. En una entrevista en enero de 2022, Ercilia Araya Altamirano, respetada lideresa de la comunidad Colla Pai’Ote, explicaba por qué lidera un movimiento en nombre de los pueblos indígenas en todo el norte de Chile:

Somos trashumantes. Algunos de nosotros/as criamos cabras y hacemos quesos para el consumo local; otros/as tienen cultivos, y otros/as son pirquineros. Nosotro/as vivimos y producimos en armonía con nuestra Madre Tierra. Nuestra forma de vivir y producir es ancestral y protege nuestra biodiversidad. El impacto de la extracción de litio será devastador para nuestras comunidades y nuestro ecosistema: las empresas se van a seguir apropiando del agua y de las tierras, incluidas las que están en el salar de Maricunga. Las aguas, la tierra y el aire serán contaminadas. Cerrarán nuestras rutas tradicionales, las cuales seguimos para que nuestro ganado tenga pasto […], bloquearán el acceso a nuestros sitios sagrados ancestrales, destruirán nuestras formas de vivir y de producir […]. Se debe evitar el daño a nuestra Madre Tierra y a nuestras comunidades. […] Estamos sufriendo violencia estatal: se nos ha negado el acceso a nuestras tierras ancestrales y nos hemos visto obligados a arrendar terrenos en nuestros propios territorios […]. Estos terrenos pertenecen a familias del negocio minero que no viven aquí. Se nos ha negado nuestro derecho a la consulta previa e informada, como lo indica el Convenio 169. Por eso tuvimos que demandar al Gobierno. (Araya, 2022)

El 14 de febrero de 2022, la sentencia de la Corte Suprema falló en favor de la comunidad y determinó que la empresa debía realizar dicha consulta, en línea con lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT (Alfredo, 2022). La batalla legal que culminó con un fallo favorable en la Corte Suprema es una victoria histórica del poder de las mujeres indígenas liderando comunidades para influir en decisiones que amenazan los derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a los territorios, la protección de los ecosistemas, el derecho a un aire limpio y libre de contaminación, el derecho a una vida digna y libre de toda forma de violencia, incluida la violencia extractivista.

En América Latina, las mujeres están demostrando que la expansión del acaparamiento de tierras ha ido de la mano con serias violaciones a los derechos humanos. En muchos casos, ellas han presionado a los gobiernos mediante la incidencia en políticas y victorias legales que han hecho jurisprudencia, como ilustra la experiencia de Ercilia Araya y de su comunidad.

Sin embargo, queda aún mucho trabajo por hacer para conseguir que los gobiernos apliquen las políticas y las leyes existentes que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de toda forma de violencia (incluida la violencia extractivista) y que implementen modelos que garanticen economías del cuidado. La pandemia de covid-19 trajo consigo nuevos desafíos para el trabajo de movilización y resistencia realizado por las mujeres. En efecto, debido a las restricciones de movilidad resultantes de la pandemia, fueron cerradas las cortes, lo que se hizo más difícil para las mujeres denunciar los casos de violencia por acaparamiento de tierras junto con otros tipos de violencia, como resultado, los índices de violencia cotidiana contra las mujeres aumentaron de manera significativa.

Violencia de género durante la pandemia de covid-19

Las pruebas recogidas por las organizaciones de derechos humanos confirman la pandemia de violencia extractivista que está afectando a los defensores de derechos humanos y del derecho a la tierra y al territorio en América Latina. Durante 2019, un promedio de cuatro defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados en la región cada semana, y un gran número de estos ataques estaba relacionado con corporaciones. En 2020, al menos 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados (287 hombres, 38 mujeres y cuatro personas trans). La mayoría de los líderes y las lideresas asesinados y asesinadas (69 %) eran defensores y defensoras de derechos humanos que trabajaban por la defensa del derecho a la tierra, por los derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente. El 28 % trabajaba en el ámbito de los derechos de las mujeres y el 26 % en el ámbito específico de los derechos de los pueblos indígenas (Front Line Defenders, 2021).

En cuanto a la crítica situación que viven las mujeres rurales, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) demuestra que la pandemia restringió aún más la movilidad de las mujeres rurales. Cabe señalar que la libertad de movilidad es un factor clave para que las mujeres rurales puedan vender sus productos en los mercados locales. Como resultado de la pandemia, estos últimos fueron cerrados, lo que interrumpió las cadenas de valor que les permitían comercializar sus productos. Las limitaciones a las que se han visto enfrentadas las mujeres rurales fueron agravadas por la violencia de género en el hogar y las restricciones en el acceso a recursos productivos como la tierra, el agua y los insumos agrícolas (FAO y AECID, 2021).

Conclusiones

En todo el continente, las mujeres han tejido poderes colectivos y construido una cadena de voces en resistencia al acaparamiento de tierras, y a toda forma de extractivismo. Al mismo tiempo, han puesto en evidencia y condenado las formas cotidianas de violencia que sufren ellas, sus comunidades, sus territorios, incluido los ecosistemas y los recursos ambientales. Por medio de actividades sociales para el cuidado, campañas e incidencia política a escala regional, nacional e internacional, las mujeres están haciendo oír su voz. Su resistencia hace un llamado urgente a los gobiernos y a las grandes empresas (incluidas las empresas transnacionales) sobre parar la ola de violencias que está haciendo daño a sus cuerpos y sus territorios.

Su lucha es testimonio del poder de resistencia de las mujeres, y de su enorme capacidad de movilización y propuesta de políticas y estrategias que permiten en la práctica economías del cuidado que hacen bien a ellas, a sus comunidades y a la naturaleza. Sus propuestas son alternativas viables y efectivas para frenar, de manera eficaz y contextualizada, la ola de violencia extractivista interseccional que se sigue propagando por el continente, destruyendo cuerpos, territorios y ecosistemas. En muchos países, estas formas de violencia siguen ocurriendo en total impunidad.

Sus luchas dan testimonio del poder de las mujeres para resistir, movilizarse y proponer alternativas sostenibles y solidarias ante la ola de violencia de género interseccional que ha generado el acaparamiento de tierras y otras prácticas extractivistas. Pese a que, en muchos países, ellas se han enfrentado a la violencia y a una impunidad rampante, las mujeres defensoras de la tierra y de los territorios están muy conscientes de que la lucha contra el acaparamiento de tierras y el extractivismo es política, territorial y medioambiental. Su mensaje es muy claro: los gobiernos tienen la obligación de prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres tanto dentro como fuera de los territorios disputados por las grandes empresas. Este deber de diligencia deber ser puesto en práctica mediante la aplicación de la legislación vigente y en consonancia con los compromisos internacionales adquiridos por los países de la región.

Por último, la lucha de las mujeres contra la violencia generada por el acaparamiento de tierras es también geopolítica, puesto que su razón de ser es la resistencia a sistemas y estructuras de poder que perpetúan la discriminación interseccional en la distribución de la riqueza y de los recursos naturales. Un segundo eje importante de su lucha es un constante trabajo de negociación que se puede definir como estratégica; es decir, negocian espacios de poder e influencian en espacios públicos y privados. El fin último de estas negociaciones estratégicas es el empoderamiento y la agencia política de las mujeres. Esta última se entiende como la capacidad para influir y transformar políticas públicas y prácticas empresariales socialmente injustas y dañinas para las mujeres, sus comunidades y sus territorios.

Para las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales, el acceso al derecho a la tierra y al territorio significa adquirir el poder para exigir y ejercer sus derechos humanos fundamentales en los ámbitos individual, comunitario y familiar. A mayor escala, significa reclamar un modelo de desarrollo basado en la justicia social y en las libertades fundamentales; un modelo generado en condiciones dignas y equitativas.

Diciendo NO a la palma de aceite, NO a la violencia, NO a quitarnos la vida y no por medio de una bala, sino quitándonos nuestra tierra y nuestro territorio.

Porque no es forestación, es deforestación. Porque no es trabajo, es esclavitud. Esa no es vida. Es muerte.

Hoy alzamos la voz, unidas y empoderadas, y decimos, ¡BASTA YA!

«Un grito por la vida», poema de Flor Contreras Ulloa (2021), Honduras.

CAPÍTULO 5

«Tengo derechos y soy libre»: resistiendo la violencia de género interseccional contra mujeres migrantes latinoamericanas ^[40]

Ana es una mujer migrante boliviana, de 51 años, que vive en Londres con un estatus migratorio inseguro. Ella informó acerca de cómo había sufrido años de abuso doméstico y cómo al principio tenía miedo de denunciar a la policía debido a su situación. Con ayuda de una organización de atención a migrantes pudo dejar a su pareja abusiva, acceder a apoyo y regularizar su situación. Al respecto, narró:

Él me maltrató, me lastimó y tuve que pensarlo dos veces antes de decírselo a la policía. Pero ya no tengo miedo. Me han pisoteado durante demasiado tiempo y ahora me defiendo. Tengo derechos y soy libre. (McIlwaine et al., 2019, 2)

A medida que las mujeres migrantes cruzan fronteras, las normas y las prácticas de género cambian en distintos ámbitos, ya sea para hacer frente a la regulación estatal sobre inmigración o para tratar de conseguir trabajo y acceder a una vivienda. Incluso la manera de organizar los hogares puede cambiar. Sus experiencias de violencia de género e interseccional, tanto en el ámbito privado como en el público, también varían, ya que se ven en la necesidad de negociar la misoginia y las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en entornos reforzados por la violencia de género estructural e institucional. Tomemos, por ejemplo, los regímenes de inmigración que no acogen bien a las personas migrantes. El Estado y sus instituciones favorecen la violencia de género, ya que sus políticas migratorias hacen que las mujeres sean más vulnerables al maltrato; mientras los perpetradores se aprovechan de esta inseguridad migratoria, y de la discriminación que ellas enfrentan por esta condición. Este capítulo aborda las múltiples formas de violencia de género que experimentan las mujeres migrantes provenientes de América Latina, y las dificultades que enfrentan para obtener ayuda y apoyo cuando luchan por sus derechos en entornos hostiles caracterizados por la precariedad laboral, el desconocimiento del idioma, el racismo y la exclusión. La nacionalidad, la raza y la clase social se intersectan especialmente en el caso de las mujeres migrantes que sufren violencia de género, directa e indirecta. En el caso de las mujeres latinoamericanas, quienes se enfrentan a más obstáculos que las demás son las mujeres afrodescendientes e indígenas. También es importante señalar que las personas latinoamericanas emigran de sus distintos países de origen por muchas razones, pero especialmente debido a la situación de pobreza, los conflictos armados y urbanos, la falta de oportunidades económicas, la violencia de género y para reunirse de nuevo con sus familias (McIlwaine & Bunge, 2016).

A pesar de ello, tal y como afirma Ana, las mujeres migrantes latinoamericanas no son pasivas ante la hostilidad institucional generalizada. Este capítulo analiza cómo las mujeres migrantes latinoamericanas desarrollan maneras informales de abordar juntas la violencia y la exclusión, por medio de iniciativas colectivas coordinadas por organizaciones de migrantes y de derechos de las mujeres, que a menudo ofrecen refugio a las sobrevivientes de violencia de género directa. Estas organizaciones ‒la mayoría de ellas dirigidas por mujeres‒ ofrecen un apoyo clave a las latinoamericanas para navegar por los mecanismos formales de apoyo que se ofrecen, y para fomentar el cambio social institucional y político. Es importante destacar que estas organizaciones también apoyan a las mujeres migrantes en aspectos más fundamentales y emocionales, con enfoques basados en el arte y la participación que a menudo conducen a redes de apoyo entre pares y refuerzan las vías de autocuidado y autodeterminación. Aunque el capítulo menciona casos de otros contextos, se centra en experiencias de migrantes latinoamericanas en Londres y se relaciona estrechamente con el tercer episodio de nuestra serie de podcast, titulado «Step Up Migrant Women» [Mujeres migrantes: levántense] (Morris, 2021).^[41]

¿Cómo experimentan y responden las mujeres migrantes latinoamericanas a la violencia de género interseccional?

La violencia puede ser tanto una causa como una característica de la migración, que implica el desplazamiento de víctimas de la trata y el tráfico de seres humanos; casos de matrimonio infantil, precoz y forzado, y diversas formas de servidumbre doméstica por medio del matrimonio o el servicio doméstico migrante. Además, las mujeres migrantes pueden enfrentar múltiples tipos de violencia de género física, sexual y psicológica en las esferas públicas y privadas, ya sea que se muevan dentro de América Latina o migren más allá del continente. Rara vez se trata de incidentes aislados, ya que forman parte de un mosaico más amplio de experiencias violentas superpuestas a lo largo de un continuo. Pero es casi imposible comparar de forma significativa los niveles de violencia de género que viven las mujeres migrantes con las no migrantes. A pesar de la tendencia a suponer que los niveles son más altos entre las primeras, la evidencia empírica al respecto es limitada y, desde luego, no hay nada inherente a las culturas de las que emigran las mujeres que conduzca a una mayor propensión a la violencia. La violencia masculina contra las mujeres migrantes no es un acto individual, sino que está vinculada a una violencia estructural y simbólica más amplia, arraigada en las jerarquías de poder de género, raza y clase, que puede colocar a las migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, las mujeres migrantes a menudo acaban experimentando una compleja subordinación interseccional tanto a escala global como local. Esto se manifiesta claramente por medio de la exclusión y los regímenes de inmigración hostiles. Por lo tanto, las mujeres migrantes a menudo acaban experimentando una compleja subordinación interseccional tanto a escala global como local. Esto se manifiesta claramente por medio de la exclusión y los regímenes de inmigración hostiles. No obstante, incluso dentro de estos circuitos, las mujeres migrantes desarrollan estrategias informales de resistencia, a veces denominadas «pequeños actos», ya que pueden parecer limitadas a los extraños.

En el Reino Unido, por ejemplo, la comunidad migrante latinoamericana no ha dejado de crecer en los últimos años hasta alcanzar aproximadamente un cuarto de millón de personas, de las cuales 145.000 viven en Londres. Aunque muchas están altamente cualificadas y capacitadas, las barreras lingüísticas y el desconocimiento del sistema laboral británico obligan a las mujeres a aceptar trabajos de baja cualificación y mal pagados, como los de limpieza. En estos roles, las condiciones suelen ser de explotación, con largas jornadas laborales y muchas mujeres sufren violaciones periódicas de sus derechos laborales, abuso y explotación (McIlwaine & Bunge, 2016). Las precarias situaciones de violencia estructural y la explotación de las mujeres migrantes son terreno fértil para que los maltratadores se comporten impunemente. Tal como Márcia, una migrante brasileña de 42 años, quien se identifica como negra, plantea:

Aquí estás sola [...], él se aprovechó de eso porque sabía que yo no tenía adónde ir [...]. Creo que el hombre maltratador se aprovecha de que estamos lejos de la familia y las amistades.

Como se ha señalado anteriormente, estas exclusiones estructurales también sustentan los abusos laborales y el acoso por razón de género en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en las instituciones (estatales y no estatales), así como en el ámbito doméstico (McIlwaine & Evans, 2018).

La incidencia de la violencia de género entre los migrantes brasileños que viven en Londres es muy alta: 82 % a lo largo de su vida, con casi la mitad sufriendo violencia emocional/psicológica, 38 % violencia física y 14% violencia sexual. Casi un tercio de estos casos fueron violencia doméstica (30 %), y una cuarta parte fueron perpetrados por la pareja.^[42] Una cuestión clave relacionada con la violencia de género entre las brasileñas y las migrantes latinoamericanas en general es su enorme diversidad. Por ejemplo, en grupos focales con 15 mujeres y 6 hombres brasileños en Londres, identificamos un total de 18 tipos diferentes de violencia de género. Aunque en gran parte se trataba de violencia de pareja, incluida la detención forzada, los celos, la difamación, el acoso, el feminicidio y el abuso económico, también incluyó hostigamiento sexual en el trabajo y en el transporte público (McIlwaine & Evans, 2018).

La condición de migrantes de las mujeres en consideración suele generar múltiples formas de violencia de género directa e indirecta y es una fuente importante de inseguridad y desigualdades de poder a escala individual, institucional y estructural. Tomemos el caso de Estela como ejemplo. Estela, una mujer mexicana de 31 años, migró a Londres con una visa de servicio doméstico. Cuando sus empleadores se negaron a renovar su visa, ella sintió que su única opción era casarse con su novio portugués. Su relación de pareja pronto se disolvió debido a los abusos físicos, verbales y económicos por parte de él. Estela habló de cómo él retenía la ayuda social familiar:

En ese momento le pagaban prestaciones de vivienda y gastaba todo el dinero [...]. Yo tenía que pagar todo el alquiler y estaba frustrada por el hecho de tener que pagar todos los gastos y tener al bebé.

Estela también habló de los ataques racistas a los que la sometió su novio, especialmente cuando acabó denunciándolo a las autoridades. Señaló:

Me dice: «¿Cómo es posible que una pequeña y fea tercermundista me haya hecho esto a mí?». Él se cree del primer mundo porque es portugués, me califica como tercermundista porque vengo de México.

Sin embargo, así como la historia de Estela es de violencia, también es de resiliencia e ingenio; ante la imposibilidad de renovar su visado, y después de haber sufrido una angustia considerable, consiguió permanecer en el Reino Unido, dejó posteriormente a su pareja maltratadora y consiguió ayuda (McIlwaine et al., 2019).

La violencia de género interseccional y las prácticas laborales de explotación generalizadas afectan desde hace tiempo a las trabajadoras migrantes. Las experiencias de las trabajadoras del hogar migrantes latinoamericanas en Estados Unidos han sido objeto de gran atención. Los informes revelan abusos por parte de las personas empleadoras y los Estados, los cuales a menudo ignoran la difícil situación de las trabajadoras del hogar que pueden estar en situación irregular o son tratadas como «una más de la familia». En un estudio reciente sobre 516 trabajadoras del hogar latinas de la región fronteriza entre Texas y México, un tercio de las cuidadoras de personas mayores habían recibido gritos, el 20 % amenazas y el 11 % empujones o lesiones físicas. El 19 % de las trabajadoras de limpieza había sufrido empujones o lesiones físicas a manos de la persona que la empleó o de otra persona de la casa donde trabajaba. Las trabajadoras residentes fueron las más maltratadas, con un 31 % de empujones o lesiones físicas por parte de la persona empleadora y un 45 % de lesiones en el trabajo (National Domestic Workers Alliance, 2018).

Las trabajadoras migrantes sufren a menudo una combinación de diferentes tipos de violencia de género, agravada por una discriminación más generalizada contra las mujeres migrantes, que a menudo son esencializadas, identificadas como «las otras» y exotizadas. Tal fue el caso de Sabrina, una brasileña de 44 años, que fue traída a Londres por una familia brasileña para trabajar como niñera. Sabrina entró con visa de turista y sus empleadores le confiscaron el pasaporte cuando llegó; pronto se quedó más tiempo del permitido cuando su visa expiró. Sabrina no solo tenía que trabajar como niñera, sino también limpiar y trabajar para el negocio de limpieza comercial de la familia, todo ello por 100 libras a la semana. Además de permanecer prisionera en casa, también sufrió abuso sexual de parte de su jefe, que además la amenazó con un cuchillo y le dijo que la reportaría a las autoridades porque ella era indocumentada. Afortunadamente, Sabrina consiguió marcharse con la ayuda de algunas amistades. Entonces consiguió otro trabajo como limpiadora y recibió apoyo de una organización de migrantes (McIlwaine & Evans, 2018; 2022).

Entre las mujeres brasileñas de Londres, la discriminación sexualizada se aplica independientemente de sus ocupaciones y procedencias. Por ejemplo, Fernanda, de 27 años, que trabajaba como profesora en Londres, habló de un encuentro en una conferencia anual de colegios profesionales:

Entonces, durante un almuerzo, este nuevo profesor de cuarto grado se me acercó y me dijo: «¡Con esas faldas podrías ganar 200 dólares!». Le dije que desapareciera y seguí con mi vida; pero aquello se me quedó atorado en la garganta, no se le puede decir eso a alguien. (McIlwaine y Evans, 2018, 21)

Las mujeres migrantes trans reciben con frecuencia violencia de género de manera desproporcionada debido a la discriminación y la exclusión endémicas. Nina, una mujer trans de Brasil, habló de su anterior trabajo como trabajadora sexual, donde sufrió abusos físicos y sexuales tanto por parte de sus clientes como de su novio. También habló de cómo fue acosada regularmente en las calles de Londres por ser una mujer trans. Sin embargo, Nina también había conseguido dejar el trabajo sexual, conseguir el apoyo de una organización de mujeres migrantes y estaba realizando un curso de informática (McIlwaine et al., 2019). Es importante señalar que Nina también era una persona sorda; a su llegada al Reino Unido tuvo que aprender la lengua de señas británica, ya que difería de la versión brasileña que había aprendido de niña. Esto también pone de relieve la importancia de la discapacidad como otro aspecto clave de la discriminación que puede hacer aún más vulnerables a las mujeres migrantes sobrevivientes. De hecho, Nina señaló que esto afectó particularmente su capacidad para acceder inicialmente a servicios de apoyo.

Cruzar la frontera en sí mismo puede implicar acoso de género interseccional. En la situación específica de lidiar con las autoridades migratorias, Camila, una migrante brasileña proveniente de Bahía que se identifica como mestiza, habló de su experiencia en un aeropuerto de Londres:

Después de tres horas de entrevista, me dejaron ir a buscar mi equipaje. Un funcionario de inmigración me acompañó al ascensor para llevarme a donde estaba mi equipaje. Dentro del ascensor me dijo: «Vaya, tienes unos pechos preciosos. ¿Puedo tocarlos?», algo así. Lo miré y pensé: «Acabo de llegar, ¿y ya ha empezado el acoso?». Le dije que no y sentí miedo dentro del ascensor. Siguió elogiándome y charlando conmigo, pero yo estaba conmocionada, sin entender cómo podía ocurrir algo así en un lugar tan formal, dentro de inmigración. (McIlwaine & Evans, 2018, 20)

Esto también se analizó en América Latina en un estudio con migrantes venezolanas y colombianas quienes viajaron 4500 km desde Cali en Colombia hasta Antofagasta en Chile. Se enfrentaron a abusos sexistas y racistas explícitos por parte de los funcionarios de fronteras, la policía y otros agentes fronterizos que a menudo les denegaban la entrada de forma arbitraria. En un caso, un funcionario fronterizo chileno insinuó que una mujer afrocolombiana entraba con la intención de dedicarse al trabajo sexual. Una vez más, las mujeres hablaron de tener una muy limitada capacidad de agencia a lo largo de sus viajes. Si bien no fue una forma abierta de resistencia como tal, las mujeres hablaron de tener que «aguantar», como una especie de desafío a las dificultades que enfrentaban (Ryburn, 2021).^[43]

Por lo tanto, el proceso migratorio es intrínsecamente violento, y la violencia ‒incluida la de género, la urbana y la armada‒ suele ser uno de los principales motores de la migración en primer lugar (McIlwaine, 2014). Sin embargo, desplazarse es una forma de ejercer la agencia, aunque limitada e invariablemente en un contexto de precariedad. Muchas mujeres de la comunidad latinoamericana de Londres han sufrido violencia de género en sus países de origen en distintos momentos de su vida. Entre las mujeres brasileñas, por ejemplo, el 77 % informó de experiencias de violencia de género antes de mudarse a Londres, de las cuales, en un tercio, sus parejas íntimas y otros integrantes de la familia fueron los perpetradores (McIlwaine & Evans, 2018). Algunas mujeres latinoamericanas declararon explícitamente que emigraron para huir de la violencia de género. Natalia, una ecuatoriana de 49 años, habló de cómo se marchó debido al maltrato conyugal:

Fui profesora de oficios en la Iglesia católica en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. No me emigré por razones económicas, sino porque mi esposo me estaba tratando muy mal; física y mentalmente, necesitaba irme, así que decidí huir a Europa. (McIlwaine & Bunge, 2016)

Otros emigraron con parejas maltratadoras en un esfuerzo por mejorar sus difíciles relaciones, pero estas se deterioraron a su llegada porque la violencia estructural y simbólica de vivir como migrante los presionó. Este fue el caso de Cristina, brasileña de 37 años que se identifica como mestiza. Cristina se trasladó a Londres en un intento de salvar su matrimonio, pero la violencia empeoró en el Reino Unido, donde su marido la estranguló, la amenazó con cuchillos e intentó agredirla sexualmente (McIlwaine & Evans, 2020) [ver el recuadro 5.1].

Violencia de género interseccional y entorno hostil a la migración

Aunque las experiencias de las mujeres migrantes se diferencian por clase, raza, nacionalidad, sexualidad y otras identidades, su condición de migrantes es fundamental para comprender su vulnerabilidad a la violencia de género. Las migrantes indocumentadas o con visados temporales son susceptibles de sufrir diversas formas de explotación que, a su vez, se convierten en factores precipitantes que engendran aún más violencia contra ellas. Sin embargo, esto debe situarse en el contexto de los «entornos de inmigración hostiles», que no son específicos del Reino Unido. La legislación sobre inmigración y los servicios judiciales y de asistencia social crean activamente entornos intimidatorios y poco acogedores para las personas migrantes. En el Reino Unido, los derechos de los migrantes se han erosionado sistemáticamente durante décadas y de forma más aguda desde 2010, con las Leyes de Inmigración de 2014 y 2016 que implican una aplicación cada vez más severa de los controles de inmigración por parte de hospitales, bancos, organizaciones del sector público, propietarios privados y otros. Un aspecto clave ha sido la restricción de no recurrir a fondos públicos [No Recourse to Public Funds (NRPF)], vinculada a muchos visados temporales (visitante, cónyuge, estudiante o turista), que impide el acceso a prestaciones estatales, vivienda u otras ayudas reglamentadas, incluidos los refugios subvencionados públicamente y el sistema de justicia penal. A pesar de algunas concesiones a las mujeres sin recursos o con problemas de protección de menores, la mayoría de las mujeres quedan excluidas.^[44]

En este contexto, la aplicación de las leyes de inmigración tiene prioridad sobre los derechos humanos de las mujeres migrantes. Esto significa que la falta de mecanismos seguros de denuncia impide a las mujeres migrantes huir de la violencia de género, y muchas se quedan con los agresores porque no tienen otra alternativa [ver recuadro 5.2]. Las mujeres migrantes temen denunciar sus problemas de violencia de género a la policía y otros servicios oficiales porque corren el riesgo de que sus datos sean compartidos con las autoridades de control de inmigración. En una investigación reciente con más de 70 mujeres migrantes en Londres (incluidas latinoamericanas), 62 % declaró que su agresor las había amenazado con deportarlas si denunciaban los abusos, y otro 62 % sintió que no recibirían apoyo debido a su condición de migrantes, lo que revela una desconfianza generalizada hacia la policía y las autoridades. La manipulación por medio de la condición de migrante fue un problema generalizado señalado por muchas mujeres de diversas nacionalidades. Por ejemplo, Marisol, colombiana de 43 años, señaló:

Mi pareja me amenazó con llamar al Ministerio del Interior, diciendo que ellos me deportarían a mi país. Me sentía nerviosa, todo el día con depresión, me sentía desesperada si llamaba al Ministerio del Interior, incluso si no llamaba, porque me deportarían. Creo profundamente que él no lo haría, pero aun así sentí miedo y ansiedad. Tuve que quedarme con él porque creo que dependo de él. Ha amenazado a mi familia y ha abusado verbalmente de mí en el Reino Unido... Tengo un visado temporal de dos años y medio, me han denegado el visado conyugal varias veces, así que estuve indocumentada durante seis años. Era muy vulnerable. (McIlwaine et al., 2019, 16-17)

Este tipo de situaciones se ven agravadas por las barreras lingüísticas, el miedo a perder la custodia de los hijos y a perder el hogar o los ingresos. Aunque las interacciones con la policía no son uniformemente negativas, tienden a caracterizarse por favorecer a los agresores en detrimento de las víctimas/sobrevivientes, independientemente de la situación migratoria de la mujer. Por ejemplo, María, una migrante brasileña de 32 años, reveló cómo, cuando estaba embarazada de gemelos, se defendió de un ataque con arma blanca de su expareja y posteriormente él llamó a la policía. Al llegar a su casa, la policía detuvo a María y la llevó a la comisaría porque su pareja le había echado la culpa del incidente dado que él sabía hablar inglés y ella no. Después pasó tres horas aclarando la situación con la ayuda de un traductor y recordó:

Pensé que el mundo se había acabado, ¿sabes? ¿Por qué me detenían, por qué estaba en una celda si no había hecho nada malo?

María fue una de las muchas mujeres brasileñas que afirmaron que la policía tenía amplios poderes discrecionales (McIlwaine & Evans, 2018). Gil, también brasileña, habla de experiencias similares en nuestro episodio de podcast «Mujeres migrantes: levántense» (Morris, 2021) [ver el recuadro 5.1].

Lejos de mejorar, se considera que este entorno se está volviendo cada vez más hostil con el paso del tiempo, como explica Elizabeth Jiménez-Yáñez, coordinadora de Política y Comunicación del Latin American Women’s Rights Services (LAWRS) [Servicio por los Derechos de las Mujeres Latinoamericanas] y coordinadora de la campaña Step Up Migrant Women [Mujeres Migrantes: levántense] en el Reino Unido, en nuestro podcast (Morris, 2021):

Por ejemplo, en diferentes servicios estatales se ha reducido el presupuesto para servicios de traducción lo cual hemos visto que sucedió desde el principio de la pandemia. Evidentemente, esto impide que las mujeres ‒las latinoamericanas, en este caso concreto‒ accedan a la justicia. Se enfrentan a barreras para denunciar delitos a la policía por la falta de personas traductoras. La policía te pide que traigas a tu hijo como traductor. Por tanto, es evidente que existe un sistema falto de ética y el peligro de revictimización está presente.

Este contexto de inmigración hostil permite a los agresores utilizar la inmigración como arma de poder y control, y dejar a las mujeres en situación de inseguridad, temerosas de denunciar a la policía o a los servicios sociales, por miedo a ser deportadas. Esto crea una forma de violencia de género infraestructural (McIlwaine & Evans, 2022). Esta situación deja a las mujeres aisladas, incapaces de comunicarse y sin apoyo [ver recuadros 5.1 y 5.2], como explica Elizabeth Jiménez-Yáñez (LAWRS):

Otra cosa que ocurre en las comunidades latinoamericanas es que el aislamiento se convierte en parte del maltrato […]. Muchas de estas mujeres emigran solas, o exclusivamente con sus parejas, y no cuentan con apoyo en un país como Inglaterra, donde la barrera del idioma puede jugar un papel fundamental.

Organizaciones que proporcionan refugio y hacen campañas para el cambio

Estas organizaciones ofrecen apoyo fundamental a las mujeres migrantes en una serie de ámbitos especializados, tales como asesoramiento jurídico, atención psicológica, traducción de idiomas y servicios de guardería para ayudar a las sobrevivientes a superar sus experiencias de violencia directa y estructural y sus efectos traumáticos a largo plazo. También consiguen establecer canales de comunicación primordiales con los mecanismos formales de apoyo, incluidas la referenciación, lo que las convierte en participantes activas de las infraestructuras más amplias de apoyo a las mujeres migrantes. Además, estas organizaciones, en su mayoría dirigidas por mujeres migrantes, también acompañan activamente a las mujeres sobrevivientes por medio de los mecanismos más formales, aliviando y a menudo previniendo las experiencias negativas de violencia de género infraestructural en comisarías, unidades de salud y el sistema judicial. Organizaciones como el LAWRS de Londres han prestado apoyo a las mujeres latinoamericanas bajo diversas formas desde 1983.^[45] Su apoyo ha proporcionado un sustento para muchas mujeres como Gil [ver el recuadro 5.1], así como para mujeres como Miriam, de 46 años, de Brasil:

Me orientaron y me apoyaron desde el principio hasta el final, a lo largo de dos años y medio de comparecencias ante los tribunales... Gané mi caso, afortunadamente, con el apoyo de LAWRS... como no hablo muy bien inglés, conté con la ayuda de muchos intérpretes voluntarios. (McIlwaine & Evans, 2018, 31)

No solo ayudan a mujeres a título individual, sino que LAWRS también fomenta compromisos colectivos entre mujeres, como grupos de apoyo mutuo y colectivos de mujeres con el objetivo de incentivar la confianza y la sanación. Por ejemplo, crearon un grupo llamado Sin Fronteras para trabajar con mujeres latinoamericanas jóvenes, entre 14 y 21 años, para prevención de violencia. Se trata de una red de apoyo mutuo que desarrolla actividades participativas utilizando las artes creativas y escénicas, centrándose en el desarrollo de la autoestima, la formación en derechos y el empoderamiento. El caso de Sin Fronteras también pone de relieve la importancia de la edad como aspecto clave de experiencias de violencia de género interseccional de las mujeres migrantes. Por ejemplo, Melissa Munz (2022), coordinadora del Young Women’s Project [Proyecto de Mujeres Jóvenes] de Sin Fronteras, habló de los tipos de violencia que sufren las mujeres jóvenes en Londres:

Muchas de las jóvenes viven la violencia en casa, ya que sus madres son sobrevivientes de violencia doméstica; pero de lo que más hablan es de la violencia callejera, sobre todo las que trabajan de noche. Hablan de lo incómodas que se sienten cuando viajan a casa, de las situaciones de acoso y de las estrategias que adoptan para sentirse más seguras... En el trabajo sufren explotación laboral, ya que sus jefes se aprovechan de ellas porque son jóvenes. También sufren delitos de odio y racismo por parte de sus compañeros y compañeras en la escuela. Algunas chicas hablan de prejuicios y estereotipos por parte de los servicios estatales a los que han acudido en busca de ayuda o consejo.

Sin embargo, estas jóvenes se muestran desafiantes ante tal violencia. En relación con la violencia callejera, por ejemplo, algunas llevan ropa masculina y hablan entre ellas sobre cómo protegerse. Como señala, además, Melissa:

Ellas son resilientes y defienden unidas los derechos de todas las mujeres y las niñas. Para ellas, la sororidad, el apoyo mutuo y el diálogo son formas de resistencia a esos distintos tipos de violencia. Creen que el activismo adopta muchas formas, y que los pequeños actos que promueven la igualdad en nuestra vida cotidiana son una manera de contribuir al cambio social.

En particular, las mujeres jóvenes están muy interesadas en actividades de artivismo [ver el capítulo 6] y han producido pósteres y videos que muestran sus experiencias como migrantes jóvenes. Algunas de las integrantes de Sin Fronteras han participado en la producción de un documental titulado This is who we are: Sin Fronteras (LAWRS, 2021) donde exploran y discuten asuntos que afectan sus vidas tales como migración, discriminación en razón de edad y espacios comunitarios en Londres.^[46] 

Otro ejemplo es la colectiva feminista Women Activist Revolutionary Migrant Intersectional (WARMI) [Mujeres Activistas Revolucionarias Migrantes Interseccionales]. Este surgió a partir del proyecto de activismo comunitario de LAWRS, en el que las mujeres migrantes latinoamericanas utilizaron sus experiencias de vida como herramienta para su transformación social. María, una integrante de WARMI señala: «Warmi es una palabra quechua que significa una mujer poderosa que ama su familia, una valiente guerrera, y para nosotras significa lucha, respeto y solidaridad estando unidas». Ejemplos similares de organizaciones de migrantes que prestan un apoyo esencial a las mujeres migrantes latinoamericanas abundan dentro y fuera de América Latina. En Londres, organizaciones como Latin American Women’s Aid (LAWA) [Ayuda a Mujeres Latinoamericanas] y la Indoamerican Refugee and Migrant Organization (IRMO) Organización Indoamericana para Refugiados y Migrantes] prestan servicios básicos a las mujeres. En América Latina, una de las mayores y más peligrosas rutas migratorias del continente implica el desplazamiento desde Centroamérica (a menudo desde Honduras, El Salvador y Guatemala, y con frecuencia huyendo de la violencia urbana endémica) a través de México, en su intento de llegar a Estados Unidos. Diversas organizaciones de esta ruta ofrecen apoyo y servicios a las mujeres migrantes, especialmente a las que han sufrido violencia de género en sus países de origen o durante el viaje. Entre ellas se encuentra el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), que promueve los derechos de las mujeres migrantes en México.

Además de proporcionar una comunidad de apoyo culturalmente sensible y sin prejuicios, organizaciones como LAWRS también trabajan para promover el cambio social en los ámbitos político y la defensa de derechos. Lo han hecho de manera más destacada y con mayor éxito mediante su campaña Step Up Migrant Women, establecida por LAWRS en 2017 y analizada por Elizabeth Jiménez-Yáñez en nuestro podcast Mujeres resistiendo la violencia (Morris, 2021) [ver recuadro 5.2].

Mujeres migrantes latinoamericanas en la resistencia a la violencia de género interseccional por medio del arte

Las instituciones de atención a mujeres en situación de violencia suelen destacar los casos de éxito de mujeres migrantes que han logrado romper con relaciones violentas, lo que pone de relieve que su intervención puede ser crucial para encaminar a las mujeres hacia el acceso a los servicios obligatorios esenciales y al sistema de justicia penal. Pero quizás se reconoce menos que las organizaciones también apoyan a las mujeres migrantes en dimensiones más afectivas, dando lugar a menudo a redes de apoyo entre pares y reforzando vías de autocuidado y autodeterminación. Como se mencionó en los casos de Sin Fronteras y de WARMI, en líneas anteriores, las mujeres migrantes latinoamericanas han estado a la vanguardia del desarrollo de iniciativas artísticas como terapia entre las sobrevivientes de violencia de género. Además, algunas artistas latinoamericanas también han desempeñado un papel a la hora de concientizar y poner de relieve la difícil situación de las sobrevivientes, especialmente a la luz del tabú que sigue existiendo en torno a muchos aspectos de la violencia de género interseccional.

Un ejemplo de esto último es el trabajo reciente de Gaël Le Cornec una dramaturga y cineasta brasileña, con quien colaboré en la creación de la obra de teatro verbatim Efêmera, basada en una investigación sobre la violencia de género realizada con mujeres migrantes brasileñas en Londres (McIlwaine & Evans, 2018). Efêmera no fue una iniciativa participativa o terapéutica, sino que refleja las interpretaciones de Gaël sobre la vida de las mujeres migrantes brasileñas en Londres, desarrolladas en una narración dramática para poner de relieve sus experiencias, generar conciencia y romper tabúes. De hecho, ante la necesidad de compartir la historia de Efêmera más allá del teatro, se realizó un video titulado Raising awareness on violence against Brazilian women in London [Sensibilización sobre la violencia contra las mujeres y las niñas brasileñas en Londres] (People’s Palace Projects, 2018).^[47] A ello se sumó la creación de un cortometraje titulado Ana dirigido por Gaël Le Cornec (2019), como versión reducida de Efêmera, que se proyectó en el Davis Feminist Film Festival de Estados Unidos; el Vox Feminae Festival de Croacia; el Wow Festival de Jordania, Marruecos y Túnez; el Kautik Festival de la India; y fue finalista en el festival NYC Directed by Women de Estados Unidos.^[48] Gaël señala que todas estas actividades son formas de activismo: «¿El activismo tiene el poder de cambiar el futuro, verdad?… Para mí, como artista, mi trabajo consiste siempre en crear conciencia. El arte puede presionar para que se produzca el cambio y apoyar la transformación» [ver el recuadro 5.3].

Otro ejemplo de trabajo artístico para abordar y resistir la violencia de género es un proyecto teatral del que hablamos en nuestro podcast Mujeres resistiendo la violencia (Morris, 2021). Lutamos no escuro [Seguimos luchando en la oscuridad]^[49] se basa en la misma investigación y es desarrollado por Migrants in Action (MinA) [Migrantes en Acción] y dirigido por Carolina Cal Angrisani. Carolina fundó la organización MinA en 2018 como un grupo de teatro comunitario que aboga por el bienestar y la visibilidad de la comunidad brasileña en el Reino Unido y Europa (Drabwell, 2021). El proyecto se basa en el informe «We can’t fight in the dark» [No podemos luchar en la oscuridad] (McIlwaine & Evans, 2018) y supone una reinterpretación de los resultados de la investigación por medio de ocho talleres creativos de artes aplicadas diseñados para mejorar el bienestar, desarrollar la sanación comunitaria y aumentar la visibilidad de la violencia de género por medio de una instalación artística/video. Los talleres se llevaron a cabo tanto en línea como en persona entre 2021 y 2022 y combinaron talleres de teatro, música, escritura y poesía, junto con reuniones presenciales, para crear la instalación cinematográfica final[ver la figura 5.2].

Cuando se preguntó a las mujeres, en el primer taller, sobre sus expectativas acerca de su participación en el proyecto, una mujer señaló qué deseaba:

Por medio del arte, de mi propia expresión corporal, deseo alejar de mí el dolor de dos años enteros; alejar de mi cuerpo todo lo que no me pertenece. Todo lo que viene de otros y que he estado cargando como una pesada maleta llena de ropa que ya no me queda.

La gran mayoría de las participantes se mostraron optimistas sobre sus experiencias al final del proceso:

El proyecto [...] ha sido increíble, no solo para estrechar lazos con personas que ya conocía, sino también con otras mujeres, escuchar sus historias, sus penas y sus victorias y reconocer junto a mujeres brasileñas tan diversas y al mismo tiempo muy similares en sus retos y sus luchas que como inmigrantes la vida no es fácil.

Por medio de enfoques artísticos y participativos, las organizaciones pueden ofrecer apoyo a largo plazo y personalizado para crear vínculos entre mujeres de diversos orígenes que comparten sus luchas como emigrantes lejos de casa. Con estas iniciativas, las mujeres crean, en equipo, medios para resistir activamente a la violencia de género de forma colectiva, cambiando de forma activa el curso de sus propias vidas.

Cabe destacar que todo el trabajo con MinA se llevó a cabo durante la pandemia de covid-19. Esto es especialmente importante dado que se reconoce ampliamente que las mujeres migrantes de todo el mundo sufrieron de forma desproporcionada la violencia doméstica durante los confinamientos de covid-19. Como se señaló anteriormente, los regímenes de inmigración hostiles significan que las mujeres con un estatus de inmigración inseguro y sin recurso a fondos públicos (NRPF) se han enfrentado a barreras intensificadas para denunciar y obtener apoyo de forma segura. Durante la pandemia, las mujeres migrantes han temido aún más que antes denunciar los malos tratos por riesgo de detención y deportación. Además, la pandemia ha empujado aún más a muchas mujeres migrantes a la pobreza, ya que han perdido sus empleos, y se ha recortado el apoyo de las organizaciones de migrantes, que luchan por garantizar un apoyo financiero sostenible (McIlwaine, 2020). ^[50]

Conclusiones

En este capítulo se han examinado las distintas formas en que las mujeres migrantes latinoamericanas experimentan la violencia de género directa y las formas en que esta se intersecta con la violencia estatal e institucional racializada, especialmente cuando tienen un estatus migratorio inseguro. Las mujeres migrantes pertenecientes a minorías no son automáticamente vulnerables a la violencia de género a causa de las culturas de las que proceden, sino debido a la explotación y manipulación por parte de múltiples perpetradores individuales y estatales en el contexto de regímenes de inmigración hostiles en el Reino Unido y otros países. Sin embargo, en el debate también se ha señalado cómo las mujeres no son víctimas pasivas de la violencia, sino que realizan acciones de resistencia de maneras informales y formales. Aunque la denuncia ante las autoridades judiciales y otras autoridades estatales puede estar plagada de peligros para las mujeres migrantes, las organizaciones de migrantes y de mujeres proporcionan un apoyo culturalmente sensible, muy necesario.

Estas organizaciones no solo prestan servicios de apoyo a las mujeres para que se enfrenten y resistan a la violencia de género interseccional, sino que también participan en campañas y acciones de defensa, como la campaña Step Up Migrant Women. Otras utilizan las artes para hacer consciencia y trabajan directamente con mujeres sobrevivientes migrantes para, de esta manera, encontrar formas de resistir y desarrollar mecanismos de autoayuda y solidaridad.

CAPÍTULO 6

«No pueden borrar nuestra memoria»: la conmemoración, la violencia y las artes^[51]

En un extenso cementerio de las afueras de Ciudad de Guatemala, Vianney Hernández, una mujer menuda de rostro ajado, se dirige con paso decidido hacia una tumba. Ha tardado horas en llegar, pagando tarifas de autobús que rara vez puede permitirse. Se arrodilla y hace una promesa a su hija Ashly Angelie Rodríguez Hernández, enterrada allí con tan solo 14 años: «Tú... tú... mi niña, me conoces bien y nunca dejaré de exigir justicia para ti».

En la madrugada del 8 de marzo de 2017, Ashly fue quemada viva, junto con otras 40 niñas en el llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a las afueras de Ciudad de Guatemala. Otras 15 niñas sobrevivieron, pero con cicatrices físicas y psicológicas que llevarán consigo de por vida. Las 56 niñas, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 17 años, fueron encarceladas por agentes de policía en un aula de siete por siete metros, sin comida ni servicios sanitarios, después de que intentaran huir del Hogar Seguro porque se habían ignorado las denuncias de abuso y trata sexual que venían presentando desde hacía tiempo. En esta aula se inició un incendio que se intensificó dramáticamente, con las niñas gritando para que las dejaran salir. Los policías que custodiaban el aula corrieron a alertar a su jefa Lucinda Marroquín, que tenía la llave. Los relatos señalan que dijo: «Que se quemen, que se quemen esas hijas de la gran puta». Tardaron nueve minutos en abrir la puerta. Vianney Hernández relata los horrores de los hechos y las secuelas, y la lucha de las familias para que se haga justicia con sus hijos, en el podcast «Nos Duelen 56 en Guatemala» (Morris, 2021).

Parece siniestramente irónico que esta masacre en una institución infantil estatal tuviera lugar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un agudo recordatorio del brutal desprecio de la vida de las mujeres en Guatemala. Aunque es difícil conocer las cifras exactas, Guatemala se encuentra entre los países con las tasas de feminicidio más altas del mundo, junto con El Salvador, Honduras y Bolivia. En 2021, 531 mujeres fueron asesinadas en Guatemala según el Observatorio de la Mujer, es decir, 44 al mes. Ante tan altos índices de violencia contra mujeres y niñas (VCMN), y la escasa intervención del Estado, son los grupos de mujeres los que se movilizan para resistir y protestar por la violencia a la que son sometidas cada día.

En casos de violencia militarizada, por ejemplo, durante un conflicto, o de violencia institucional, como en el caso del Hogar Seguro guatemalteco, la resistencia de las mujeres no solo es esencial, sino también difícil y a menudo peligrosa. Sin embargo, frente al poder del Estado, a menudo son las mujeres corrientes las que se unen para honrar colectivamente a las víctimas, apoyar a sus familias y exigir justicia por medio de los tribunales, las protestas y los memoriales. Estas demandas por justicia dirigidas al público, a menudo se presentan de manera creativa. Las mujeres utilizan símbolos, como los pañuelos blancos que llevan las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina para protestar por sus hijos desaparecidos, o los pañuelos verdes que se usan en las protestas a favor del aborto en toda América Latina. Utilizan el arte del performance, como en las protestas de la Alfombra Roja en Perú, en las que las mujeres se visten de rojo y se tumban en las calles para formar una alfombra en protesta contra la impunidad por la violación de los derechos reproductivos. Organizan actos conmemorativos, como las cruces rosas colocadas frente a los edificios de los tribunales para protestar contra el feminicidio y la impunidad en México, o los murales pintados en las paredes de las ciudades hondureñas y mexicanas para conmemorar a las víctimas de feminicidio.^[52]

Las prácticas conmemorativas son esenciales para conformar culturas políticas de inclusión y para resistir a la impunidad. Los actos de violencia se conmemoran a menudo y se repudian públicamente, lo que aporta comentarios políticos y sociales sobre lo que es aceptable y lo que no. Los actos de violencia que no se recuerdan, se ignoran o se olvidan, incluso los que se ocultan y borran deliberadamente por poderes cómplices, envían a la sociedad el mensaje de que los actos de violencia de género no son relevantes. Como resultado, las víctimas de esta violencia tampoco son percibidas como personas que requieren protección, justicia o prevención. Las élites políticas se benefician de la invisibilidad de las víctimas de estas múltiples formas de violencia y silenciarlas perpetúa la persistencia de la violencia y la marginación. Sin embargo, las mujeres se resisten consciente e inconscientemente a este silenciamiento, como veremos más adelante. Este capítulo se centrará en los actos creativos de memorialización y conmemoración de las mujeres y en cómo estos actos de duelo se convierten en lugares de movilización, resistencia activa y empoderamiento [ver también Boesten & Scanlon, 2021].

Violencia política y memoria de género

Recordar nos da herramientas para analizar el presente y pedir cuentas a la historia. Por ejemplo, los actos públicos de memoria pueden ayudarnos a identificar las estructuras coloniales históricas en nuestro presente y movilizarnos para contribuir a un futuro más equitativo y decolonial (Lugones, 2010). Recordar las atrocidades cometidas contra determinados grupos de personas, como las mujeres, los pueblos indígenas o las personas LGTBIQ+, también nos permite enmarcar dicha violencia como violencia, en lugar de daños colaterales o sucesos fortuitos. Esto se consolidó, por ejemplo, por mujeres que protestaron activa y públicamente contra la violencia política en la década de 1970, en particular en el Cono Sur.

Las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina comprendieron muy bien que sus hijos no solo estaban siendo asesinados por el Estado, sino que estaban siendo borrados deliberadamente de la memoria. Comprendieron que este borrado daba a la dictadura militar (1976-1983) la posibilidad de continuar con sus prácticas asesinas. Amparándose en su condición de madres en una sociedad altamente patriarcal, las mujeres de la Plaza de Mayo protagonizaron la protesta más contundente y visible posible durante y después de los años de represión, rodeando estoicamente la plaza todos los jueves, armadas con pañuelos blancos y fotos de sus seres queridos desaparecidos. Sus protestas no han sido en vano: se ha identificado a los hijos de los presos y se los ha emparejado con sus abuelas, se han aprobado leyes y se ha conseguido algo de justicia.

Las madres peruanas hicieron algo parecido en la década de 1980, cuando sus hijos y maridos empezaron a desaparecer a causa del conflicto entre el violento grupo insurgente Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. Primero organizaron redes clandestinas para compartir información y apoyarse entre familias. Luego, como las madres argentinas, empezaron a marchar con imágenes de sus seres queridos, pidiendo justicia. Durante la transición a la democracia, a partir del año 2000, intensificaron sus actividades conmemorativas y se convirtieron en firmes activistas en favor de la justicia tras el conflicto, exigiendo investigaciones y exhumaciones, así como una clara señalización y memorialización de los lugares de entierro. La señalización de los lugares de las atrocidades masivas perpetradas por los militares peruanos sigue siendo una cuestión políticamente polémica: las investigaciones llevadas a cabo desde la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2001 han recuperado los restos de cientos de personas en campos situados detrás de una base militar en la sierra de Ayacucho, así como los cimientos de un horno que sirvió para quemar restos humanos en la década de 1980. Desde 2007, los veteranos han invadido estas tierras para construir viviendas, negando cualquier relevancia a lo ocurrido en el espacio, o a quienes sufrieron pérdidas tras los trágicos sucesos. La organización de madres, conocida como la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), continúa la lucha para convertir el campo, conocido como La Hoyada, en un lugar conmemorativo para llorar y recordar a sus seres queridos. Este duelo es altamente político, ya que no solo implica conmemorar a los muertos, sino también poner de relieve la atrocidad y la impunidad del Estado.

Las Madres de la Plaza de Mayo y las madres peruanas de Anfasep han resistido en responder a la violencia estatal cometida durante las dictaduras militares y el conflicto político. Su activismo memorialista está relacionado y puede analizarse como parte de lo que denominamos justicia transicional: referida a un proceso político que marca la transición de la violencia estatal a la democracia (Boesten, 2021). Los procesos de justicia transicional suelen incluir actividades conmemorativas, desde procesos de búsqueda de la verdad hasta museos de la memoria. Sin embargo, como han señalado investigaciones publicadas recientemente en múltiples países en transición (Boesten & Scanlon, 2021), las representaciones de las mujeres en tales trabajos de memoria suelen ser limitadas y estar basadas en estereotipos de victimismo. Beth Goldblatt y Sheila Meintjes señalaron en 1997 que la Truth and Reconciliation Commission [Comisión de la Verdad y la Reconciliación] de Sudáfrica no preguntó a las mujeres sobre sus experiencias; se esperaba que hablaran sobre el destino de sus maridos e hijos. Los roles y las contribuciones de las mujeres a la lucha, o su victimización, se minimizaron o incluso se silenciaron. Sus papeles se definían por medio de sus relaciones con los hombres y los niños. Por supuesto, estas conclusiones ayudan a explicar por qué las madres de los desaparecidos en Argentina y Perú fueron consideradas relativamente «seguras» como actores políticos desarrollando actividades de maternidad y cuidado: mientras las mujeres se definan a sí mismas en relación con los hombres y los niños no serán consideradas actores políticos en sí mismas. El activismo de estas madres y esposas es cualquier cosa menos inocente, por supuesto. Saben que sus reivindicaciones son políticas y que sus actos conmemorativos contribuyen a la resistencia y a la justicia.

La exclusión de las voces de las mujeres en gran parte del trabajo conmemorativo oficial ‒las comisiones de la verdad y la reconciliación, los museos de la memoria, las prácticas de denominación de espacios públicos para conmemorar a los héroes de la guerra‒ empuja a las mujeres al activismo para levantar la voz.

Si queremos saber cuál fue el papel de las mujeres durante determinados episodios de violencia política, debemos recurrir a las artes. La poesía, la música y las artes visuales y escénicas pueden ser a menudo más radicales, precisas y transformadoras en su descripción de las experiencias de las mujeres que las conmemoraciones «oficiales». Del mismo modo, las experiencias de violencia de género no política de las mujeres a menudo se ignoran y, por tanto, se niegan políticamente. El activismo creativo es una respuesta poderosa, que exige responsabilidades por la violencia, conmemora a quienes han perdido la vida en estos casos y recuerda a la sociedad ‒a sus jueces, abogados y agentes de policía, políticos, legisladores y periodistas, así como a los hombres y las mujeres comunes y corrientes‒ las muertes violentas e innecesarias de mujeres y niñas.

El Hogar Seguro, Guatemala

Un grupo de amigas activistas feministas que seguían por la televisión local la situación en el Hogar Seguro de Guatemala ‒desde la huida de las niñas del hogar hasta su detención y el fatal incendio‒ decidieron reunirse, decididas a no dejar que esta fuera otra tragedia olvidada en la historia de Guatemala. El grupo fue directamente a la morgue para apoyar a las familias afectadas, y luego se organizaron en un grupo de apoyo llamado Ocho Tijax (llamado así por la fecha correspondiente a la tragedia en el calendario maya, con tijax –obsidiana‒ que representa un corte o una cuchilla, o la división abrumadora, el dolor y la separación). Las niñas estaban en el Hogar Seguro debido a situaciones difíciles en sus hogares o porque se habían escapado o eran vulnerables a la trata; no eran delincuentes, pero eran adolescentes de entornos socioeconómicos pobres y vulnerables en una sociedad violenta y misógina. Estaban en esta institución estatal supuestamente para su propia protección, pero se encontraron con más abusos, e incluso con la trata, según las denuncias de las niñas. Cuando intentaron escapar de su situación, fueron capturadas y finalmente abandonadas y quemadas vivas. Una campaña de difamación que acusaba a las niñas y a sus familias de comportamiento delictivo sirvió para socavar cualquier petición de justicia procedente de las familias de las niñas. Sin embargo, la solidaridad de Ocho Tijax, un grupo de mujeres profesionales formado por Mayra Jiménez, Quimy de León, María Peña y Stef Arreaga, ha hecho posible una campaña sostenida para mantener viva la memoria de las niñas y presionar al Estado y al poder judicial para que asuman su responsabilidad y busquen justicia.

En la actualidad, Ocho Tijax sigue acompañando a las familias y a las pocas sobrevivientes en los procesos médicos y legales: organizan asesoramiento jurídico; terapia de curación física y emocional y sesiones de psicología para las sobrevivientes; y ayuda económica para cubrir el transporte y otros gastos relacionados con sus campañas por la justicia. Además, y de forma más visible, trabajan para mantener viva la memoria de las niñas. Ocho Tijax está afiliado a la campaña mediática Nos Duelen 56 (#NosDuelen56), organizada por las familias de las víctimas y centrada en exigir justicia mediante las artes y el periodismo. El objetivo de la campaña es preservar y dignificar la memoria de las 56 víctimas adolescentes mediante proyectos culturales de colaboración. Poco después del incendio, Nos Duelen 56 construyó un memorial en la plaza central de Ciudad de Guatemala, la Plaza de la Constitución, donde los familiares de las fallecidas se reunían todos los viernes para honrar la memoria de las niñas y exigir justicia. En septiembre de 2019, la policía retiró el memorial, pero desde entonces ha sido repuesto. Situado en un lugar céntrico a la vista de todos, la campaña es un poderoso recordatorio de la responsabilidad del Estado y de su negligencia.

Otro proyecto que Nos Duelen 56 llevó a cabo fue una convocatoria a artistas de todo el mundo para que crearan retratos de las niñas fallecidas en el incendio. En la campaña participaron 58 artistas de México, Italia, Francia, España, Argentina y Guatemala, que difundieron la convocatoria en sus respectivos países. Se hizo un segundo llamado para invitar a más artistas a unirse a la creación de imágenes para apoyar la campaña Nos Duelen 56. Una de las artistas guatemaltecas que participó fue Sara Curruchich, una artista, compositora y cantante indígena del pueblo Kaqchikel que destacó la importancia de la búsqueda de la justicia:

Es importante que podamos visibilizar que la justicia en Guatemala y la historia ha sido tapada, como una historia de sufrimiento del pueblo. Una vez más vuelve a ocurrir con el femicidio en contra de las niñas, y desde nuestros espacios exigimos justicia, queremos ser las voces de las niñas, de las sobrevivientes y de las que fallecieron que nos dejaron su fuerza para seguir luchando por ellas. (Rivera, 2017)

Toda esta presión ha desembocado en un proceso judicial contra la directora del hogar y varios funcionarios más, pero el proceso está plagado de obstrucciones y retrasos y las audiencias se han pospuesto continuamente. Los familiares de las víctimas han sufrido malos tratos en los tribunales y quienes se han involucrado en la campaña, incluidas las familias de las niñas y sus abogados, han sido intimidados y amenazados. El propio colectivo Ocho Tijax ha sido intimidado, perseguido y violentamente amenazado, y aún hoy sigue recibiendo amenazas de muerte. Desde la masacre de 2017, tres familiares de las víctimas han sido asesinadas: Gloria Pérez, madre de Iris Yodenis León Pérez, fue asesinada en julio de 2018 junto con su hija de 13 años Nury León Pérez; María Elizabeth Ramírez, madre de Wendy Vividor Ramírez, fue asesinada en febrero de 2021. Recientemente, Elsa Sequín, otra madre que trabaja con Ocho Tijax y Nos Duelen 56, recibió amenazas de muerte. Activistas que se han involucrado en la campaña han huido del país por miedo a represalias. Como destacan estas activistas en el podcast (Morris, 2021), teniendo en cuenta la violencia del Estado guatemalteco y su desprecio y participación en la VCMN, mantener viva la memoria mediante campañas creativas tanto dentro como fuera de Guatemala es extremadamente importante.

Arte, memoria y movilización

El arte feminista contemporáneo a menudo sitúa la memoria en su centro, como indica claramente el podcast sobre el caso del Hogar Seguro de Guatemala (Morris, 2021). Recordar en el arte es algo más que registrar acontecimientos o experiencias para la posteridad. Especialmente en el arte feminista, la memoria funciona a menudo como una reflexión sobre el presente, como un cuestionamiento o quizás como un espejo de las injusticias actuales. Artistas como Doris Salcedo (Bogotá, 1958), Natalia Iguiñiz (Lima, 1973), Lucila Quieto (Buenos Aires, 1977) y Claudia Martínez Garay (Ayacucho, 1983) recurren a la memoria personal y colectiva para reflexionar sobre el trauma, la pérdida y sus secuelas. Al hacerlo, también denuncian la violencia que causó el daño, aliando su arte al activismo feminista. Aparte de sus representaciones fotográficas más estáticas de las ruinas físicas de la violencia, Natalia Iguiñiz también ha creado una investigación basada en el arte sobre una activista feminista concreta brutalmente asesinada por la violencia política en 1992. Al examinar la vida y obra de María Elena Moyano, asesinada y dinamitada por Sendero Luminoso en un acto comunitario, Iguiñiz reflexiona sobre el trato que recibió Moyano por parte de aliados y enemigos políticos, y ofrece un espejo a los activistas y los políticos contemporáneos. Las múltiples identidades de Moyano como feminista y organizadora política y la intersección de factores de desigualdad que la afectaron como mujer negra de origen pobre hicieron su vida vulnerable, así como ejemplar para muchos otros.^[53] De hecho, en respuesta a la pregunta en torno a lo que es el arte conmemorativo, Amanda Jara, hija del cantante de protesta chileno Víctor Jara dice: «Es mirarnos a nosotros mismos, y ver de dónde venimos, lo que hemos hecho, es mirarnos en el espejo» (Morris & McGibbon, 2017).

El cruce entre arte y activismo suele denominarse artivismo. Los artistas y las artistas que utilizan explícitamente su arte con fines políticos, como es el caso de gran parte de la obra de Iguiñiz, suelen participar también en movilizaciones sociales más amplias. Para aquellos temas y cuestiones que no se tienen en cuenta en las agendas políticas dominantes ‒como los derechos de la mujer y las formas particulares de violencia política, incluido el acoso a los defensores y las defensoras de los derechos humanos en todo el continente‒, las formas creativas de activismo son imprescindibles. Las artes, como el teatro, las artes visuales, la música, la poesía y la danza suelen llegar a públicos mucho más amplios y diferenciados que una marcha callejera. El arte es también una salida particularmente poderosa para expresar traumas históricos que de otro modo serían difíciles de abarcar, en particular aquellos traumas que tienden a ser borrados de las prácticas conmemorativas formales. Así, en el caso del activismo feminista en América Latina, el trauma colectivo de la violación de los derechos humanos básicos y la violencia continua contra las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ en los hogares, los espacios públicos y las instituciones se moviliza cada vez más en poderosas manifestaciones de arte y activismo.

El artivismo feminista se asocia con el uso de los cuerpos, la música, las palabras y las imágenes en el espacio público para llamar la atención sobre las injusticias de género a escala social. Las artes se utilizan entonces como herramienta de concienciación (desarrollo, fortalecimiento y cambio de conciencia), movilización y denuncia, y para alterar el «sentido común» de la vida cotidiana en la que incluso los daños de género más atroces se minimizan, ignoran y niegan. Las familias de las niñas que murieron en el incendio del Hogar Seguro de Guatemala y las organizaciones de la sociedad civil que las apoyan utilizan activamente las artes no solo para recordar, sino también para movilizar y denunciar; se trata de poderosos actos de resistencia que permanecerán, en forma de nuevas memorias y artefactos difundidos globalmente. Como tales, las artes –ayudadas por las plataformas de los medios sociales para su difusión– facilitan una importante solidaridad transnacional.

Quienes se sienten amenazados por estos artivismos ‒el Estado, los militares y sus aliados, determinados grupos de hombres o los conservadores‒ pueden intentar derribar los monumentos erigidos, como en Guatemala, o prohibir las obras de teatro o las representaciones desarrolladas, como ha ocurrido en Perú, e incluso acosar y amenazar a los activistas y las activistas, pero esto es cada vez más contraproducente para su causa. Vianney Hernández, que perdió a su hija en el incendio de Hogar Seguro, entiende muy bien que el Gobierno puede destruir su monumento y obstruir el proceso legal, pero no puede borrar la memoria de su hija. Mediante continuas campañas creativas, Vianney y sus compañeras mantienen la presión y mantienen viva la memoria de sus hijas, tal y como comenta en el podcast: «El Gobierno quiere borrar la memoria de nuestras hijas y eso no puede ser. Como madre que busca la justicia necesito que esto se escuche no solo en Guatemala, sino también en otros lugares del mundo» (Morris, 2021). Vianney vincula inextricablemente la obtención de justicia en los tribunales con la preservación de la memoria de las niñas. Y lo que es más importante, Vianney está rodeada de activistas que la ayudarán a mantener viva la memoria, convertir esta iniciativa en una campaña internacional por la justicia en Guatemala.

Conclusiones

Las artes conmemorativas, el arte activista y el artivismo feminista son fundamentales en la lucha contemporánea por la justicia social y los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+. El trauma de la violencia histórica reverbera en el continuo daño cotidiano que sufren los cuerpos y las vidas de las mujeres, las niñas y las comunidades LGTBIQ+. Gran parte del activismo feminista contemporáneo establece un vínculo entre el trauma histórico y la continua violencia política y doméstica. Esta conexión entre pasado, presente y futuro no solo desestabiliza y rescribe la comprensión del pasado y ofrece un espejo del presente, sino que también permite reimaginar el futuro. La artista guatemalteca Regina José Galindo considera que su trabajo de memoria es esencial para crear un futuro mejor para su hija:

Hacer memoria en Guatemala, y no solo en Guatemala sino en general, es necesario para tomar conciencia del pasado, para gestionar el presente y para tener una idea de qué tipo de futuro puede tomar forma. Sobre todo cuando tienes una hija, empiezas a ser consciente de que es necesario entender el pasado y gestionarlo. (Morris & McGibbon, 2017)

Por medio del artivismo, el trauma individual se convierte en resistencia colectiva, movilización y contramemoria. Aunque no está exento de peligros ‒múltiples activistas de toda América Latina han denunciado actos de violencia e intimidación en respuesta a su trabajo‒, es potencialmente transformador: un poderoso replanteamiento de cómo se hace política, quién perpetúa la VCMN, quién produce resistencia y quién, qué y cómo lo recuerda y valora la sociedad.

Conclusiones y recomendaciones

Marilyn Thomson y Patricia Muñoz Cabrera
Traducido por Camila Vergara Ruiz

Los informes más recientes de organismos internacionales sobre la intensificación de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) durante la pandemia de covid-19 corroboran lo que las mujeres y las organizaciones de mujeres de toda América Latina han estado denunciado a lo largo de varias décadas: que la violencia de género e interseccional es tanto individual como estructural y sigue teniendo un impacto gravísimo sobre sus cuerpos, sus comunidades y sus territorios. Estos informes también confirman que la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres no cesó durante la pandemia (la ONU Mujeres la ha identificado como una «pandemia en la sombra»), y las sigue afectando cotidianamente en espacios tanto privados como públicos.

En general, los estudios de caso presentados en este libro muestran el impacto de esta pandemia de VCMN en múltiples etapas de sus vidas, en múltiples lugares y contextos, y en las múltiples maneras en las cuales se puede manifestar. La pandemia de VCMN se ha extendido por todo el continente, y afecta enormemente a las mujeres y las niñas de zonas rurales y urbanas, como a migrantes o de comunidades de acogida. La pandemia de la VCMN se sufre en el hogar, en el trabajo, en los mercados locales, en los bosques, en las montañas, y cuando tratan de huir de los conflictos, la pobreza y el despojo.

Las instituciones del Estado y los agentes económicos también han perpetrado violencia de género e interseccional en contra de defensoras de derechos humanos o de la tierra durante conflictos armados, contra las mujeres indígenas y afrodescendientes que se encuentran en zonas ricas en recursos naturales, y contra las mujeres racializadas en las periferias urbanas.

Los estudios de caso cuentan una historia poderosa de protesta y resistencia. A pesar de los logros jurídicos, a los que han contribuido las mujeres y los movimientos de mujeres, hay un bajo nivel de implementación y cumplimiento con las leyes existentes, agravado por impunidad institucional y social generalizada.

El mensaje de las mujeres es muy claro: la violencia de género e interseccional prolifera en toda la región, y las instituciones estatales y privadas, incluidas las grandes empresas, han sido débiles en sus respuestas y aún más débiles –si no es que renuentes– en cuanto a hacerse responsables y garantizar justicia en casos de crímenes cometidos contra las mujeres. Estas historias también exponen la debilidad del Estado a la hora de implementar los compromisos internacionales y hacer cumplir la legislación vigente que busca prevenir la VCMN, la protección de las sobrevivientes de violencia y el castigo de los agresores. A su vez, el propio Estado y los agentes económicos aparecen como los responsables de mucha de la violencia de género directa e indirecta que ocurre en el continente. En el Reino Unido, las políticas hacia los migrantes han afectado de manera negativa a las mujeres latinoamericanas [ver el capítulo 5], pero estas mujeres se han organizado y han trabajado de la mano de otras organizaciones para exigir un mayor reconocimiento de sus necesidades.

Uno de los mensajes clave que se repite en toda esta cadena de voces de mujeres es que la violencia de género e interseccional que enfrentan las mujeres y las niñas es el resultado de sistemas de opresión intersectados, principalmente el patriarcado heteronormativo, el capitalismo, el colonialismo y el racismo. Estos sistemas de poder superpuestos perpetúan la subordinación estructural de las mujeres y privan aún más de sus derechos a las mujeres negras, indígenas, migrantes y trans, tanto rurales como urbanas. También son el origen de la alta prevalencia de feminicidios, especialmente de mujeres lideresas, como en los casos de Marielle Franco en Brasil y Berta Cáceres en Honduras [ver el capítulo 1 y el capítulo 4].

Las mujeres se han levantado en contra de la violencia de género en movilizaciones masivas en todo el continente, como en contra del feminicidio con el movimiento #NiUnaMenos y exigiendo la despenalización del aborto en la ola verde proaborto que recorrió toda América Latina. La cadena de voces de mujeres también denuncia el ambiente de indiferencia e impunidad en torno a la violencia sexual y los asesinatos de mujeres durante conflictos armados y los conflictos por la tierra [ver el capítulo 3 y el capítulo 4]. Nos cuentan que en casos de violencia militarizada, institucional o corporativa la resistencia de las mujeres es extremadamente peligrosa. Sin embargo, frente al poder violento del Estado o la violencia machista dentro del hogar o en los espacios públicos, son las mujeres comunes las que frecuentemente se movilizan de manera colectiva para exigir justicia, por medio de tribunales, protestas y memoriales. Además de organizar su resistencia alrededor de memoriales textuales y visuales con el artivismo, las mujeres también están utilizando estrategias que las empoderan para que puedan resistir, movilizarse y denunciar la impunidad [ver el capítulo 6]. Como se señala en el capítulo 6, «se trata de poderosos actos de resistencia que permanecerán en forma de nuevas memorias». De este modo, las artes, apoyadas por las redes sociales, se convierten en una herramienta potente para la difusión y facilitan la solidaridad internacional.

Tan importante como la habilidad de las mujeres para participar en la acción política por medio del arte es su habilidad de lograr la autocuración y la curación colectiva, y de reconstruir su agencia sociopolítica. Como se menciona en el capítulo 5, las mujeres migrantes latinoamericanas «han estado a la vanguardia del desarrollo de iniciativas artísticas como terapia entre las sobrevivientes de violencia de género». Además, las artistas latinoamericanas también han ayudado a generar conciencia y poner en relieve la situación que enfrentan las sobrevivientes de violencia, especialmente teniendo en cuenta que muchos aspectos de la violencia de género aún son tabú. Sin embargo, también se demuestra que esto debe ir de la mano de campañas e incidencia continua para informar e influir en la formulación de políticas, como se ve con la campaña Step Up Migrant Women en el Reino Unido.

A lo largo del libro, el conocimiento experiencial de las mujeres resalta como un elemento crítico de la resiliencia y la agencia. Las mujeres que pertenecen a organizaciones de base están generando sabiduría emancipadora, aprendiendo de las experiencias de opresión y discriminación que han vivido. Ponen en práctica estrategias de autoayuda y de apoyo mutuo como respuesta a los sistemas de poder entrelazados (el patriarcado, el racismo, el heterosexismo) que reproducen la violencia extrema. Una ética del cuidado feminista e interseccional es uno de los pilares de las acciones que llevan a cabo las mujeres, individual o colectivamente, y comprueba la capacidad de las mujeres para la transformación. El capítulo 1 describe la agencia de las mujeres al construir prácticas de resistencia propias mediante actividades individuales de supervivencia a corto plazo, así como iniciativas colectivas de más largo plazo que se centran en una ética feminista del cuidado. El trabajo de la organización comunitaria Casa das Mulheres para prevenir la violencia de género, fomentar los medios de vida y proporcionar apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia en uno de los barrios más marginados de Río de Janeiro ofrece puntos de vista importantes acerca de la resistencia a la violencia interseccional hacia las mujeres urbanas.

De varias maneras convincentes, los estudios de caso nos invitan a reflexionar sobre cómo las mujeres que pertenecen a organizaciones de base están aplicando estrategias de cuidado que benefician a las mujeres, a sus comunidades y a la naturaleza. En el capítulo 4, aprendimos que la sostenibilidad medioambiental y el cuidado de la naturaleza para las generaciones futuras forman parte de las ideas del buen vivir de las mujeres. En el capítulo 2, conocimos la campaña regional de trabajadoras de hogar Cuida a Quien te Cuida, que surgió como reacción de las mujeres a los abusos laborales que sufrieron durante la pandemia de covid-19, que apoyó a las mujeres trabajadoras de hogar con consejos prácticos y procuró generar conciencia en sus empleadores sobre derechos laborales.

Estas prácticas de autoayuda se basan en valores que se oponen directamente a la visión capitalista del cuidado como una comodidad. La ética del cuidado de las mujeres también reivindica los derechos de la naturaleza y la obligación de los Estados y las empresas de respetar y proteger los ecosistemas locales. Esta ética del cuidado también es decolonial, ya que aborda el impacto del racismo y el colonialismo sobre los cuerpos y los territorios de las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y quilombolas. Por eso, la reivindicación de los saberes ancestrales históricamente descartados es clave para las mujeres que luchan sobre el terreno. Como se analiza en el capítulo 1, es tan crucial como la creación de comunidades emocionales contra la violencia íntima, económica, política, estatal e institucional. Las voces de mujeres en resistencia critican las políticas neoliberales y los modelos económicos que privilegian el mercado, las grandes empresas, las compañías multinacionales y las élites económicas. Les exigen a sus gobiernos que apliquen normas y reglamentos de derechos humanos que garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres como individuos y como integrantes de colectivos y pueblos.

En el capítulo 3 vimos cómo, tras décadas de exigencias continuas a favor del derecho a decidir por parte del movimiento de mujeres proaborto, se generaron debates en todo el continente y se obtuvo la plena legalización del aborto en algunos países de la región. Sin embargo, en otros cuantos países (El Salvador, Nicaragua y Guatemala), la influencia de la Iglesia ha provocado una reacción violenta en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, y se han introducido medidas más estrictas y penas más duras para el aborto. En el capítulo 4, vimos cómo las organizaciones de mujeres están haciendo hincapié en la idea de que la violencia contra la tierra y los territorios es también violencia contra sus cuerpos, y que los efectos más palpables de esta violencia son la privación de acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, a los derechos sobre la tierra y a un medioambiente limpio. Todos estos derechos son fundamentales para garantizar medios de vida sostenibles para las mujeres, sus familias y sus comunidades, así como para la conservación de la naturaleza, algo crucial ante el cambio climático.

Las acciones de las mujeres también desmitifican la idea socialmente construida de las mujeres como víctimas de la VCMN y demuestran su agencia y poder para generar transformación social. La transformación, nos dicen, empieza por uno o una misma, conforme vamos tomando conciencia acerca de las relaciones desiguales de poder y desarrollando estrategias y conocimientos para el empoderamiento propio y colectivo. Este proceso galvaniza el poder colectivo de las mujeres, permitiendo que actúen como grupo o como integrantes de otras comunidades socialmente excluidas. Otros ejemplos de cambios transformadores reflejados en los estudios de caso son las acciones para hacer que los espacios urbanos sean más seguros para las mujeres por medio del proyecto Safetipin en Bogotá [ver el recuadro 1.2], que genera datos sobre espacios y el alumbrado públicos (el nivel de luz en la calle) con una aplicación de celular, y luego utiliza estos datos para influir en las políticas públicas. También aprendimos sobre iniciativas lideradas por mujeres y por refugios de mujeres que están apoyando a las sobrevivientes de la violencia en muchas comunidades de la región, llevando a que haya proyectos para la prevención de la violencia más estructurados y eventualmente cambios a las políticas públicas.

Varias historias quedan como testimonios de la capacidad de las mujeres sobre el terreno para resistir, contrarrestar y neutralizar el impacto normalmente desempoderador de la violencia de género e interseccional. En el capítulo 2 aprendimos que, gracias a la labor de incidencia y defensa de políticas de las mujeres, la sociedad y los políticos están más informados del nivel de explotación y discriminación que sufren las trabajadoras del hogar en los espacios públicos y privados diariamente. También aprendimos sobre los esfuerzos de las mujeres trabajadoras del hogar para influir en la elaboración del Convenio 189 de la OIT [ver el recuadro 2.2], que por fin se ha aprobado. Este es un logro político histórico, y las trabajadoras tuvieron un papel clave en que se aprobara. Al igual que las trabajadoras del hogar, las mujeres rurales e indígenas fueron agentes de cambio importantes, al introducir nuevas lecturas interseccionales de la Recomendación General n.o 34 y la Recomendación General n.o 39 del CEDAW que pudieran reflejar mejor sus necesidades y prioridades [ver el capítulo 4]. Los 20 países miembro latinoamericanos han ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994 (Convención de Belém do Pará), aunque la mayoría de los gobiernos no están cumpliendo las obligaciones que les impone el tratado. No obstante, es una herramienta de incidencia útil para el movimiento de mujeres, especialmente para la campaña #NiUnaMenos, que exige su aplicación adecuada con los presupuestos y las políticas necesarias para eliminar el feminicidio y la VCMN.

Queda claro que las organizaciones feministas y de derechos de la mujer, en alianza con los movimientos sociales, han sido agentes de cambio muy importantes en la movilización de personas y acciones por la erradicación de todas las formas de VCMN. Han documentado, expuesto y generado conciencia sobre las formas cotidianas de violencia que sufren las mujeres en sus hogares, comunidades y en la sociedad en general. Sus luchas también han sacado a la luz formas económicas de VCMN que normalmente se pasan por alto en los documentos políticos oficiales. Esto incluye el acceso a los medios de subsistencia, el no poder decidir sobre el uso de los ingresos que las mujeres obtienen por sí mismas, o que los empleadores no les paguen un salario digno a las mujeres trabajadoras del hogar. En un sentido más amplio, la violencia económica también incluye el ser desposeído de los derechos a recursos y bienes, como la tierra y el territorio, por la violencia estructural que generan actividades económicas como el acaparamiento de tierras y la megaminería extractiva.

El principio fundamental de este libro es que las mujeres sobre el terreno no solo son sobrevivientes de la violencia de género e interseccional, sino también son agentes de transformación social, y que sus experiencias están contribuyendo en algunos casos a que la igualdad de género y la justicia social se vuelvan realidad. Sus luchas son continuas y se enfocan no solo en los factores que impulsan la violencia en el hogar, en las relaciones personales, en el trabajo y en la comunidad, sino también se dirigen hacia las estructuras subyacentes que producen y perpetúan esta desigualdad. Un argumento central es que las mujeres y las niñas, en toda su rica diversidad, son sujetos portadoras de derechos y que cualquier forma de violencia contra ellas es una vulneración de sus derechos humanos fundamentales.

Otro tema significativo que se repite a lo largo de este libro es la importancia de escuchar la diversa cadena de voces de mujeres en todo el continente y más allá de él. En el proyecto colaborativo del LAB y el King’s College de Londres, esta meta se logró mediante la presentación del blog y el podcast Mujeres resistiendo la violencia. Aunque no todos los capítulos del libro están basados en el blog o el podcast del Colectivo Women Resisting Violence, estos elementos tienen una influencia notable sobre el libro en general. El podcast celebra las iniciativas innovadoras que han desarrollado las mujeres y muestra cómo el podcasting en general puede comunicar y generar esperanza y empatía. De hecho, como dijo una de las participantes de nuestro último taller sobre el papel del podcasting para abordar la VCMN y generar transformación social: «El podcasting como medio es muy poderoso porque genera intimidad con el oyente... como si le susurraras al oído» [ver el apéndice].

Por último, los estudios de caso presentados en este libro muestran la magnitud y el alcance de la VCMN en la región y documentan el trabajo incansable de las mujeres para superar sus efectos negativos. Los estudios de caso también enseñan cómo las mujeres sobre el terreno lideran esta lucha por la justicia social, y demuestran que estas acciones y estrategias merecen ser difundidas hasta los niveles superiores de la creación de políticas. El mensaje de estos estudios de caso es que los responsables políticos deben comprometerse en procesos transformadores de elaboración de políticas para erradicar la VCMN de género e interseccional. Esto significa diseñar y cumplir con políticas que aborden los factores subyacentes que (re)producen la violencia de género e interseccional contra las mujeres y las niñas, y dar menos prioridad a los cambios del mercado y a las actividades empresariales que privilegian la acumulación de capital elitista a cualquier costo (a pesar, incluso, del agotamiento de recursos naturales y el daño al medioambiente).

Las siguientes recomendaciones de políticas públicas representan algunas acciones concretas derivadas de las experiencias estratégicas de las mujeres que los responsables políticos podrían adoptar para reforzar las leyes y políticas que buscan erradicar las desigualdades de género e interseccionales:

Notas a la edición

Apéndice: Mujeres resistiendo la violencia, el podcast multilingüe

Colectivo Women Resisting Violence
Traducido por Mercy Sandoval

Antecedentes y contexto

El elemento central del proyecto Mujeres resistiendo la violencia es un podcast del mismo nombre compuesto por cuatro episodios, tres de ellos centrados en mujeres de Brasil, Guatemala y Reino Unido. Adicionalmente, se incluye un episodio extra tomado del taller «Escuchar a las mujeres resistiendo la violencia». Todos ellos están disponibles en nuestro sitio web Latin America Bureau (LAB). Varios de los capítulos del libro se basan en buena medida en las entrevistas usadas para elaborar el podcast; mientras que otros están basados en temas y entrevistas que no se incluyeron en la serie.

Los podcast pueden constituir una plataforma importante para facilitar la escucha de voces diversas. El podcast de Mujeres resistiendo la violencia fue diseñado para poner en primer plano las voces de mujeres que desarrollan una serie de prácticas de resistencia transformadoras, así como iniciativas y campañas para abordar y mitigar la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN). Destaca las experiencias de mujeres sobrevivientes junto con ejemplos de proyectos innovadores destinados a mitigar las violencias interseccionales de género. Es una producción colaborativa que pretende desarrollar conversaciones significativas sobre la resistencia a la VCMN, además de compartir e intercambiar conocimientos de primera mano sobre el abordaje de esta violencia a escala internacional. Adicionalmente, el podcast fue concebido como una herramienta para amplificar la acción política y social de las mujeres. Los episodios tienen un formato atractivo para garantizar que sus voces sean escuchadas y crear empatía con sus experiencias mediante la intimidad con el radio escucha.

La serie Mujeres resistiendo la violencia se inspira parcialmente en el trabajo de la emisora estadounidense Radio Ambulante, un podcast narrativo que cuenta historias latinoamericanas en español acompañadas de una transcripción al inglés. También se inspira en el auge de los podcast multilingües, que reconocen que muchos de nosotros entendemos el mundo en más de un idioma. Aunque la serie busca compartir y poner en relieve las voces de las mujeres que resisten de varias maneras a la violencia, los episodios no fueron creados por ellas mismas como una forma de difusión comunitaria. En su lugar, se centra en la creación de historias altamente producidas que capturan las experiencias de estas mujeres para llegar a una audiencia lo más amplia posible. Esto es facilitado por la traducción y el doblaje de los episodios a al menos dos idiomas entre inglés, español y portugués. Es especialmente importante para nosotras que los episodios sean accesibles para las organizaciones participantes y que las historias puedan ser escuchadas en sus idiomas nativos.

En términos de contenido y producción, el podcast se basa en nuestra experiencia colectiva dentro de América Latina y otros sitios en investigación (McIlwaine y Boesten), políticas (Thomson y Muñoz Cabrera), producción de audio (Morris), redacción y edición (Wilson) y es una colaboración entre el King’s College de Londres y el Latin America Bureau. Otros participantes fueron Renata Peppl, presentadora de la serie, la ingeniera de sonido Eliane Correa, Janno Media (productores del cuarto episodio), así como colaboradores de LAB que tradujeron las grabaciones y artistas de doblaje no profesionales [ver más abajo la lista completa].

Los episodios

El primer episodio, «Nos Duelen 56 en Guatemala», se enfoca en el trabajo de Ocho Tijax, un colectivo de mujeres creado a partir de la tragedia del 8 de marzo de 2017. En esa fecha, 56 niñas que habitaban en una casa-hogar administrada por el Estado en las afueras de la Ciudad de Guatemala fueron encerradas en un aula luego de intentar escapar. Cuando se desató un incendio, solo 15 sobrevivieron. Cinco años después, nadie ha sido sentenciado por estos crímenes. Ocho Tijax se encarga de las niñas sobrevivientes, así como de sus familias y lucha por sus casos en los tribunales. El episodio también incluye una conversación con Vianney, madre de Ashly Angelie Rodríguez Hernández, quien perdió la vida en el incendio. El episodio está disponible para escucharse en inglés y español, con transcripción al portugués disponible en nuestro sitio web.

El segundo episodio, «La Casa de las Mujeres, pionera en Río», narra la historia de Casa das Mulheres, parte de la oenegé Redes da Maré, dirigida por Eliana Sousa Silva y sus colegas en las favelas de Maré, Río de Janeiro. La Casa das Mulheres, coordinada por Julia Leal, ofrece, además de una serie de proyectos artísticos y de subsistencia, educación sobre la violencia de género y brinda apoyo a quienes abandonan relaciones abusivas en zonas donde la policía se rehúsa a intervenir. Casa das Mulheres también ha sido un salvavidas para muchas personas durante el covid-19. Durante este período, cuando muchos habitantes de las favelas perdieron sus empleos, Casa das Mulheres les proporcionó trabajos fabricando cubrebocas, distribuyendo alimentos a familias hambrientas y haciendo frente al enorme aumento de la violencia doméstica. Este episodio está disponible en inglés y portugués, con una transcripción al español en nuestro sitio web.

El tercer episodio «Mujeres migrantes: levántense» habla sobre las experiencias de las mujeres en resistencia a la violencia de género en Reino Unido. Incluye la historia de Gil, quien migró como turista a Reino Unido desde Brasil con su pareja e hijos y posteriormente quedó indocumentada. Cuando Gil huyó de una relación abusiva se encontró con la hostilidad de la policía británica y acabó con un hijo en situación de calle a mediados de diciembre. Encontrar al Latin American Women’s Rights Services (LAWRS) [Servicio por los Derechos de las Mujeres Latinoamericanas] le cambió la vida. Actualmente Gil trabaja con el grupo en la campaña Step Up Migrant Woman [Mujeres Migrantes: Levántense], coordinado por Elizabeth Jiménez-Yáñez para visibilizar la vulnerabilidad de las mujeres migrantes en situación de maltrato doméstico y con un estatus migratorio inseguro. LAWRS trabaja también con Migrants in Action (MinA) [Migrantes en Acción], un grupo de teatro comunitario dirigido por Carolina Cal Angrisani integrado por mujeres brasileñas radicadas en Londres que han sufrido violencia de género. Por medio del teatro y las artes, construyen un sentido de comunidad, comprenden y rompen ciclos de violencia y aumentan su visibilidad como mujeres migrantes. Este episodio puede ser escuchado en inglés, español y portugués.

El episodio extra, «Escuchando a las mujeres que resisten la violencia», fue producido por Janno Media y está basado en un foro en línea sobre el potencial de los podcast como instrumento para el cambio social. Este episodio pone en contexto las apasionantes historias de transformación y solidaridad presentadas en el podcast Mujeres que resisten la violencia. Agradecemos a todas quienes contribuyeron a esta discusión, incluyendo destacadas productoras latinoamericanas de audio, representantes de las intrépidas organizaciones de mujeres que aparecen en el podcast, mujeres que prestaron sus voces para doblarlo y un amplio público de organizaciones, activistas, trabajadoras sociales y estudiantes. Este episodio está disponible solamente en inglés.

El proceso

Conducidos por la productora Louise Morris, cada episodio del podcast gira en torno a entrevistas con participantes clave, quienes cuentan sus experiencias de resistencia a la violencia de género, ya sea de forma individual o colectiva. Debido a la distancia geográfica y a la pandemia, la mayoría de las entrevistas se realizaron a distancia, con la excepción de dos de ellas que se llevaron a cabo de forma presencial en Reino Unido. Junto con Louise, un entrevistador/traductor adicional ayudó con las grabaciones. Las preguntas fueron acordadas de antemano por el equipo y, por lo general, se formularon en la lengua materna de la entrevistada para hacerla sentir lo más cómoda posible. A continuación, Louise trabajó con las transcripciones, traducidas por colaboradores de LAB con el fin de recortar las horas de material grabado de las entrevistas y tejer una narración cautivadora que arrojara luz sobre los proyectos, las campañas y las experiencias vividas por estas mujeres. Finalmente, Louise montó el audio de cada versión sobre esta estructura, añadiendo diseño de sonido, atmósfera y música para atrapar al oyente en las historias y añadir contexto, así como escribiendo puentes que conectaran las entrevistas entre sí.

Los colaboradores de LAB realizaron nuevas traducciones y transcripciones de los episodios para grabar la versión doblada de las entrevistas. Algunas de las entrevistadas hicieron su propio doblaje a su segunda lengua y en los casos en que no fue posible, se recurrió a actrices de doblaje. Trabajamos con artistas no-profesionales de doblaje que provienen de las mismas regiones que las colaboradoras y que tienen una conexión directa con los temas tratados para transmitir los sentimientos de las entrevistadas con autenticidad en todas las versiones. Después, los puentes fueron grabados por nuestra presentadora Renata Peppl en los tres idiomas, Louise los editó y colocó junto con los doblajes en la versión de cada idioma para los siete episodios en total. Por último, Louise masterizó cada episodio, mejorando el audio y ajustando los niveles a las especificaciones de las plataformas para podcast y los subió para su distribución.

La música corrió a cargo de Rebeca Lane, artista guatemalteca de hip-hop, músicos de las favelas de Maré y Wara, cuya música relata las experiencias de migrantes latinoamericanos en Reino Unido.

Reflexiones sobre el proceso del podcast

Del taller final en el que participaron varios importantes productores latinoamericanos de podcast surgieron una serie de cuestiones clave:

Por supuesto, hacer podcast no está exento de deficiencias y dificultades. Efectivamente, la producción de podcast no siempre está al alcance de las organizaciones de base para mujeres, ya que producir contenido de alta calidad requiere conocimientos técnicos, acceso a equipos costosos, recursos, intérpretes, entre otros. Como consecuencia, en algunos contextos, la radio puede ser un medio más popular para compartir historias e información a nivel de base. Sin embargo, esta no es la única forma de hacer podcast, ya que las aplicaciones gratuitas y usar micrófonos decentes con un celular hacen que grabar y compartir audio de firma digital sea cada vez más accesible. Productoras como la sudafricana Volume utilizan notas de voz en WhatsApp como un nuevo método de distribución de podcast. Dado que organizaciones como Redes da Maré utilizan regularmente notas de voz en WhatsApp para comunicarse y grabar sus voces, existe la posibilidad de que los podcast se conviertan en una forma popular de transmisión de conocimientos entre personas marginadas y, de hecho, América Latina es la región de más rápido crecimiento en el consumo de podcast (Grand View Research, 2021).

Como Stef Arreaga, de Ocho Tijax, afirmó en el taller: «El podcast es un acto de memoria y un documento histórico». Para Gil García, contribuir al podcast supuso «pasar de ser una sobreviviente a ser la voz de la comunidad». Ana Rojas, quien dobló la voz de Gil, destacó cómo «este podcast internacionaliza la lucha de las mujeres». Para el productor mexicano Diego Morales, el podcast es «una forma de comunicar, de construir esperanza». Para Carolina Cal, de MinA Teatro

el podcast conectó nuestro trabajo con otras organizaciones dentro y fuera de Reino Unido. Ha situado el trabajo de MinA en un contexto más amplio, dando visibilidad a los problemas que afectan a las mujeres brasileñas en Reino Unido y planteando la cuestión de cómo podemos utilizar las artes para sanar personal y colectivamente, empoderar a nuestra comunidad y luchar contra el sistema.

El podcast fue preseleccionado para el premio al mejor documental en los Amnesty International Media Awards 2022.

Personas involucradas en crear los podcast

Mujeres resistiendo la violencia es presentado por Renata Peppl y producido por Louise Morris, con la investigación y ayuda de Cathy McIlwaine, Jelke Boesten, Marilyn Thomson, Patricia Muñoz Cabrera, Moniza Rizzini Ansari, Noelle Resende y Rebecca Wilson. Relata las historias de Vianney Claret Hernández Mejía, Stef Arreaga, Mayra Jiménez, Quimy de León, Carolina Cal, Gil García, Elizabeth Jiménez-Yáñez, Eliana Sousa Silva, Julia Leal y Michele Gandra. Fue realizado en colaboración con el King’s College de Londres y el Latin America Bureau. La ingeniería de audio adicional corrió a cargo de Eliane Correa y Ameno Cordóva. Traducción por Cristina Reynoso López, Natasha Tinsley, Hebe Powell, Ella Barnes, Luciana Lopes, Jennifer Alexander, Morgan Fairless Brown y Theodora Bradford. Doblaje por Cecilia Cruz, Alma Carballo, Esmeralda Lobos, Larisa Muñoz, Juliana Postico, Claudia Alves, Giselle Nirenberg, Ana Lucía Rojas, Mariana Reyes y Najlla Kay. Con música de Rebeca Lane, Wara, Jonathan Panta, Rafael Rocha, Serena Assumpção, Gilberto Martins y Uppbeat.

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Capítulo 3

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Capítulo 4

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Conclusiones y recomendaciones

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Siglas de las organizaciones mencionadas

Sobre el Colectivo Women Resisting Violence

El Colectivo Women Resisting Violence (WRV) refleja los procesos de toma de decisiones feministas y colaborativas que sustentan el proyecto y la redacción del presente libro. Este libro ha surgido de dos proyectos sobre las violencias interseccionales de género, que son esfuerzos colectivos acompañados de una serie de actividades, múltiples iniciativas y aportaciones. La creación de la página web, el blog y el podcast Mujeres resistiendo la violencia han sido fundamentales para el trabajo del Colectivo WRV.

Jelke Boesten es profesora de Género y Desarrollo del Departamento de Desarrollo Internacional del King’s College de Londres. Escribe sobre la violencia de género en la guerra y la paz, la justicia en el posconflicto, la memoria y las artes en América Latina, especialmente en Perú.

Andrea Espinoza es una investigadora feminista enfocada en los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en América Latina, especialmente en Ecuador y la región andina. Es becaria posdoctoral de la Universidad de Exeter con un proyecto que investiga la forma en la que el socialismo moldea los derechos de salud sexual y reproductiva en América Latina, particularmente en Ecuador y Perú. Su tesis doctoral indaga las trayectorias de mujeres indígenas que sufren violencia en el sistema jurídico plurilegal de Ecuador.

Cathy McIlwaine es profesora de Geografía en el King’s College de Londres. Su investigación se centra en cuestiones de género, pobreza y violencia en las ciudades del sur global, así como la migración y la violencia de género entre la comunidad latinoamericana en Londres. Trabaja en colaboración con diversas organizaciones y artistas en Brasil y Londres.

Louise Morris es una periodista y productora de audio que ha realizado podcasts, radio y audiolibros para BBC Radio 4, NPR, Audible, Pottermore y el Servicio Mundial de la BBC. Louise produjo el podcast Mujeres resistiendo la violencia, también escribió los capítulos «Fighting machismo: women on the front line» [«Luchando contra el machismo: mujeres en la primera línea»] y «Cultural resistance» [«Resistencia cultural»] para el libro de LAB Voices of Latin America: social movements and the new activism [Voces de América Latina: movimientos sociales y nuevo activismo] publicado en el 2019.

Patricia Muñoz Cabrera es consultora internacional de investigación y tallerista sobre género e interseccionalidad en las políticas de desarrollo. Su investigación posdoctoral en Sociología, en la Universidad de São Paulo, en Brasil, se centró en el análisis interseccional de las políticas públicas en Argentina, Brasil y Chile. Ha trabajado para instituciones europeas e internacionales, oenegés y organizaciones de base. Fue presidenta de la Red WIDE y es integrante del grupo de trabajo sobre alfabetización económica feminista en WIDE+. Su actual trabajo de investigación se enfoca en la economía política de la violencia interseccional.

Moniza Rizzini Ansari es investigadora posdoctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es doctora en Derecho por Birkbeck, Universidad de Londres y ha trabajado como investigadora asociada en el Departamento de Geografía del King’s College de Londres. Su investigación trata sobre la geografía jurídica de la pobreza y la violencia en los márgenes urbanos de Río de Janeiro, Brasil.

Marilyn Thomson es consultora independiente en cuestiones de género y trabaja temas como los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas, la economía de los cuidados y la violencia contra las mujeres y las niñas. Vivió y trabajó en América Latina durante muchos años llevando a cabo investigaciones y proyectos con universidades, oenegés internacionales y organizaciones de mujeres de base, incluida una organización de trabajadoras domésticas en México. Su tesis doctoral versa sobre la política del servicio doméstico. Fue codirectora de la Red de Mujeres Centroamericanas con sede en Reino Unido (activa entre 1992 y 2017).

Rebecca Wilson es directora editorial de Latin America Bureau. Como periodista, ha trabajado con El Tiempo en Colombia y ha escrito sobre política y cultura latinoamericanas para LAB, NACLA, Sounds and Colours, Barbican Centre y BristoLatino, donde se desempeñó como jefa de redacción.

Sobre las traductoras y la editora

Las traductoras

Camila Vergara Ruiz es licenciada en Filosofía y Español de la Universidad de Oxford, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge e investigadora de literatura y periodismo mexicanos. Ha escrito sobre cultura latinoamericana para Sounds and Colours, donde también fue editora asistente. Desde el 2017, ha trabajado en varias oenegés y campañas políticas enfocadas en los derechos humanos y el derecho a la ciudad de las poblaciones en situación de calle en Estados Unidos, Inglaterra y México.

Elísabeth Frías es traductora certificada de español a inglés desde hace 18 años, licenciada en Lenguas Modernas y magíster en Estudios de Traducción. Es integrante de la UK Institute of Translation & Interpreting. Ha colaborado en 24 proyectos de traducción de publicaciones sobre temas de desarrollo internacional, entre ellos, uno premiado por Unión Latina, en Francia, con el Premio Panhispánico de Traducción Especializada en 2009. Su experiencia laboral incluye los cargos de traductora, encargada del departamento de Relaciones con Donantes y encargada de logística en oenegés que operan programas de apadrinamiento de niños, desarrollo de salud comunitaria y rehabilitación basada en la comunidad.

Javiera Menchaca Pardow es socióloga y magíster en Género, Sociedad y Representación de la University College de Londres. Es cofundadora del Centro Interdisciplinario de las Mujeres (CIDEM), donde es directora del área de estudios. Es activista feminista en la comisión de investigación de La Rebelión del Cuerpo desde 2018 y en 2023 fue coautora del libro Contra los estereotipos publicado en Chile por Montena.

Mailén García es cofundadora y directora general de DataGénero, Observatorio de Datos con Perspectiva de Género. Especialista en indicadores sociodemográficos con perspectiva de género. Es profesora en las Universidades de Buenos Aires y Mar del Plata, en Argentina. Licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional de San Martín. En su tesis de maestría se centró en estudiar y caracterizar a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina en sus orígenes, estructura y articulaciones desde la perspectiva de la acción colectiva de Sidney Tarrow entre 2005 y 2018.

Mercy Sandoval es licenciada en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Actualmente es doctoranda en Historia del Colegio de México y sus proyectos académicos incluyen temas que van desde la historia urbana hasta la sociología política. Ha colaborado en múltiples trabajos comunitarios, talleres y voluntariados que buscan mejorar el entorno social.

Patricia Muñoz Cabrera es consultora internacional de investigación y tallerista sobre género e interseccionalidad en las políticas de desarrollo. Su investigación posdoctoral en Sociología, en la Universidad de São Paulo, en Brasil, se centró en el análisis interseccional de las políticas públicas en Argentina, Brasil y Chile. Ha trabajado para instituciones europeas e internacionales, oenegés y organizaciones de base. Fue presidenta de la Red WIDE y es integrante del grupo de trabajo sobre alfabetización económica feminista en WIDE+. Su actual trabajo de investigación se enfoca en la economía política de la violencia interseccional.

Rocío Suárez López es traductora, investigadora, capacitadora y docente con una larga trayectoria en temas de mujeres, género y feminismo. Sus temas centrales son las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras del hogar y la historia de las mujeres. Es socióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México y es magíster y doctora en Estudios del Desarrollo y Género del Institute of Social Studies, en Países Bajos, y la University of East Anglia, en Reino Unido, respectivamente.

La editora

Alejandra Montes Escobar es filóloga hispanista de la Universidad de Antioquia y magíster en Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Trabaja como editora y coordinadora editorial de proyectos editoriales independientes y de ciencias sociales de Colombia, en especial para la editorial Verso Libre editores, e investiga sobre trayectorias editoriales de mujeres colombianas del siglo XX.

Algunos derechos reservados. Esta traducción se publica bajo una licencia CC BY-NC-ND.